Acusan a Twitter de ayudar a Arabia Saudita a cometer abusos contra los derechos humanos

La empresa de redes sociales antes conocida como Twitter ha sido acusada en una demanda civil estadounidense revisada de ayudar a Arabia Saudita a cometer graves abusos contra los derechos humanos de sus usuarios, entre otras cosas revelando datos confidenciales de los usuarios a petición de las autoridades sauditas a un ritmo mucho mayor que en Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.

La demanda fue interpuesta el pasado mes de mayo contra X, como se conoce ahora a Twitter, por Areej al-Sadhan, hermana de un trabajador humanitario saudita desaparecido forzosamente y condenado posteriormente a 20 años de cárcel.

Se centra en los acontecimientos que rodearon la infiltración en la empresa de California por parte de tres agentes sauditas, dos de los cuales se hacían pasar por empleados de Twitter en 2014 y 2015, lo que finalmente condujo al arresto del hermano de al-Sadhan, Abdulrahman, y a la exposición de la identidad de miles de usuarios anónimos de Twitter, algunos de los cuales, según informes, fueron posteriormente detenidos y torturados como parte de la represión del gobierno contra la disidencia.

Los abogados de Al-Sadhan actualizaron su demanda la semana pasada para incluir nuevas acusaciones sobre cómo Twitter, bajo el liderazgo del entonces director ejecutivo Jack Dorsey, ignoró intencionalmente o tenía conocimiento de la campaña del gobierno saudita para perseguir a sus críticos, pero, debido a consideraciones financieras y esfuerzos por mantener estrechos vínculos con el gobierno saudita, uno de los principales inversores de la empresa, proporcionaron asistencia al reino.

La nueva demanda detalla cómo X había sido vista originalmente como un vehículo crítico para los movimientos democráticos durante la primavera árabe y, por lo tanto, se convirtió en una fuente de preocupación para el gobierno saudita ya en 2013.

La nueva presentación judicial se produce días después de que Human Rights Watch condenara a un tribunal saudita por sentenciar a muerte a un hombre basándose únicamente en su actividad en Twitter y YouTube, lo que calificó de una “escalada” de la represión del gobierno contra la libertad de expresión.

El condenado, Muhammad al-Ghamdi, de 54 años, es hermano de un académico saudita y crítico del gobierno que vive exiliado en el Reino Unido. Los registros judiciales sauditas examinados por HRW mostraron que al-Ghamdi fue acusado de tener dos cuentas, que tenían un total de 10 seguidores. Ambas cuentas tenían menos de mil tuits combinados y contenían retuits de conocidos críticos del gobierno.

La represión saudita se remonta a diciembre de 2014, cuando Ahmad Abouammo, quien más tarde fue condenado en Estados Unidos por actuar en secreto como agente saudita y mentir al FBI, comenzó a acceder y enviar datos confidenciales de usuarios a funcionarios sauditas. En la nueva demanda, se afirma que envió un mensaje a Saud al-Qahtani, un colaborador cercano de Mohammed bin Salman, a través del sistema de mensajería de la empresa de redes sociales, diciendo “de manera proactiva y reactiva eliminaremos el mal, hermano mío”. Era una referencia, afirma la demanda, a la identificación y daño a supuestos disidentes sauditas que estaban usando la plataforma. Posteriormente, Estados Unidos acusó a Al-Qahtani de ser el cerebro detrás del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

“Twitter estaba al tanto de este mensaje, enviado descaradamente en su propia plataforma, o lo ignoró deliberadamente”, afirma la demanda revisada.

Twitter, ahora X, no responde a las preguntas de la prensa.

The Guardian se puso en contacto con el abogado de la empresa en el caso, Ben Berkowitz de Keker, Van Nest & Peters, pero no recibió respuesta. The Guardian también se puso en contacto con la nueva empresa de Dorsey, Block, Inc., para solicitar un comentario del exdirector ejecutivo de Twitter, pero no recibió respuesta.

Después de la renuncia de Abouammo en mayo de 2015, continuó contactándose con Twitter para responder a las solicitudes de identidad de usuarios confidenciales que estaba recibiendo de Bader al-Asaker, un alto asesor de Mohammed bin Salman. Dejó claro a la empresa, según alega la demanda, que las solicitudes eran en nombre de sus “antiguos socios en el gobierno saudita”.

La demanda también alega que Twitter tuvo “amplia notificación” de los riesgos de seguridad para los datos personales internos, y que existía la amenaza de que personas con información privilegiada accedieran ilegalmente a ellos, según informes públicos de ese momento.

Twitter “no simplemente ignoró todas estas señales de alerta… estaba al tanto de la campaña maligna”, afirma la demanda.

El 28 de septiembre de 2015, Twitter recibió una queja de un usuario saudita de que sus cuentas habían sido comprometidas. Pero, alega la demanda, la compañía no tomó medidas para impedir que uno de los sauditas que luego fue acusado, Ali Hamad Alzabarah, tuviera acceso a los datos confidenciales del usuario, a pesar de que había accedido a la cuenta del usuario anteriormente.

Las autoridades de Arabia Saudita, alega la demanda, hacían un seguimiento formal con Twitter una vez que recibían datos confidenciales de usuarios enviados por sus agentes que trabajan dentro de la empresa, presentando los llamados EDR (o solicitudes de divulgación de emergencia) para obtener documentación que confirmara la identidad de un usuario, que luego utilizaría en los tribunales. A menudo, esos EDR se aprobaban el mismo día.

En mayo de 2015, cuando dos usuarios de Twitter tuitearon sobre el reino de una manera que al-Asaker consideró censurable, Albabarah accedió a los datos de los usuarios en cuestión de horas. Luego se enviaron EDR sobre los usuarios y Twitter los aprobó automáticamente, alega la demanda.

Entre julio y diciembre de 2015, Twitter concedió al reino solicitudes de información “significativamente más a menudo” que la mayoría de los demás países en ese momento, incluidos Canadá, el Reino Unido, Australia y España, alega la demanda.

El 5 de noviembre de 2015, pocos días antes de que Twitter fuera confrontado por el FBI por sus preocupaciones sobre una infiltración saudita en la compañía, ascendió a Alzabarah, ahora un fugitivo que vive en Arabia Saudita. En respuesta, Alzabarah envió a su contacto del gobierno saudita, al-Asaker, una nota en la que transmite su “felicidad inimaginable” por el ascenso. La nota, afirma la demanda, es evidencia de que Alzabarah creía que al-Asaker había “arreglado” o “sido influyente” en relación con el ascenso.

Una vez que Twitter se enteró de las preocupaciones del FBI, puso a Alzabarah en licencia y confiscó su computadora portátil, pero no su teléfono, que ha utilizado ampliamente para llamar a sus contactos en el estado saudita. Twitter, alega la demanda, “tenía todos los motivos para esperar que Alzabarah huyera inmediatamente a Arabia Saudita, que es exactamente lo que hizo”.

La oficina del fiscal estadounidense en San Francisco, que manejó el caso, no respondió a la solicitud de The Guardian de comentar sobre el manejo del asunto por parte de la empresa.

Posteriormente, Twitter notificaría a los usuarios que habían estado expuestos, diciéndoles que sus datos “podrían” haber sido atacados, pero no proporcionó información más específica sobre la magnitud o la certeza de que la filtración, de hecho, había ocurrido.

Al “no proporcionar esta información crucial, Twitter puso en riesgo a miles de sus usuarios”, alega la demanda, afirmando que algunos podrían haber tenido tiempo de escapar del reino si hubieran comprendido el riesgo. Incluso una vez que Twitter tuvo conocimiento de la filtración, continuó reuniéndose y elaborando estrategias con Arabia Saudita como uno de sus socios vitales en la región. Dorsey se reunió con bin Salman unos seis meses después de que el FBI informara a la empresa sobre el problema, y los dos discutieron cómo “capacitar y calificar a los mandos sauditas”.

“Creemos en el caso de Areej y lo procesaremos celosamente, pero lo que ella más quiere es que Arabia Saudita simplemente libere a su hermano y le permita reunirse con su familia en Estados Unidos”, dijo Jim Walden, abogado que representa a Al- Sadhan de Walden Macht & Haran. “Si eso sucediera, ella y Abdulrahman reanudarían con gratitud sus vidas y dejarían la justicia en manos de Dios”.

Traducción: Ligia M. Oliver

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