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Derechos Humanos

Caso Atenco: denuncian falta de sentencia a 15 años de los hechos

El plazo otorgado por la CIDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas “era de máximo dos años”, por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las nueve ordenadas.

El 21 de diciembre de 2018 la CorteIDH notificó al Gobierno mexicano de una sentencia en la que responsabiliza al Estado de graves violaciones a derechos humanos y le ordenó una investigación exhaustiva con perspectiva de género por el caso Atenco. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

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Mujeres víctimas de tortura sexual durante la represión en San Salvador Atenco en 2006 señalaron que el gobierno mexicano no ha acatado siete de nueve medidas dictadas, hace más de dos años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Atenco.

Estas mujeres y sus abogados recordaron que el plazo otorgado por la CIDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas “era de máximo dos años”, por lo que a la fecha este plazo ha finalizado con únicamente dos medidas concluidas de las nueve ordenadas, “dejando al resto en alarmante incumplimiento”.

¿Qué ocurrió?

El 3 y 4 de mayo de 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se implementó un operativo en las localidades de Texcoco y San Salvador Atenco para poner fin a un movimiento de protesta contra el proyecto para construir un nuevo aeropuerto para Ciudad de México en el municipio de Atenco.

Así, a raíz de un conflicto de autoridades municipales de Texcoco contra un grupo de floristas, se llevó a cabo un enfrentamiento entre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y los agentes de seguridad apoyados por la Policía Federal y helicópteros. Asistieron aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 agentes municipales y estatales. 

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Durante los hechos murieron dos jóvenes: Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, y Ollin Alexis Benhumea, de 20. También fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del FPDT, solidarias y personas sin militancia alguna.

Además, entre los detenidos hubo 47 mujeres, que aseguraron haber sufrido tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.

Ante la CIDH

En noviembre de 2017, 11 mujeres presentaron sus testimonios ante la CIDH. El organismo aseguró que la detención de estas mujeres que presentaron la denuncia fue ilegal y arbitraria. Asimismo, consideró:

  • “Acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica“, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las 11 mujeres, y de violación en el caso de siete de ellas.
  • Los actos, que calificó como tortura de distinto tipo, fueron cometidos por agentes estatales.
  • El Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
  • Determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

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En 2018, la CIDH notificó al gobierno mexicano de una sentencia en la que responsabiliza al Estado de graves violaciones a derechos humanos y le ordenó una investigación exhaustiva con perspectiva de género, entre otras medidas.

Desacato de medidas

A 15 años de los hechos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a las víctimas, indicó que aún “no existe ninguna sentencia condenatoria en el ámbito nacional” sobre el caso Atenco.

El comunicado señaló que si bien el Estado mexicano inicialmente expresó “su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición (…) las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano”.

Entre las medidas no acatadas están la no repetición, la creación de un observatorio independiente de monitoreo de uso de la fuerza, el fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres.

Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha remitido la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), que desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.

En conferencia de prensa, cuatro de las once mujeres denunciaron la falta de acceso a la justicia, pese a que en diciembre de 2018 que se dio a conocer la sentencia, el gobierno de López Obrador se comprometió a cumplirla.

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Reprobaron que persistan las resistencias para llevar a cabo cambios estructurales considerados por la CIDH como medidas de no repetición y lamentaron que no haya un mecanismo eficiente de atención médica y psicológica para las once mujeres, y que “a 15 años nos quieran dar aspirinas, como nos ofrecían en la cárcel cuando nos tuvieron detenidas, no hay especialistas, no hay medicamentos, no hay reembolsos de los gastos que hacemos”.

Con información de Efe y BBC.

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