En Yucatán, la Corte podrá dar al matrimonio igualitario una tercera oportunidad pero…

Durante una sesión con decenas de banderas de arcoíris en la tribuna, el Congreso de Yucatán estaba por resolver en el último día del periodo extraordinario de sesiones la iniciativa de una reforma constitucional para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Era el lunes 15 de julio de 2019 cuando el presidente de la Mesa Directiva, el priista Enrique Castillo anunció que por segunda ocasión –como ocurrió en abril de ese año– la iniciativa se votaría en secreto, mecanismo que no está permitido para las reformas legales, pero así ocurrió. El argumento para hacerlo de ese modo: diputadas del PAN habían denunciado amenazas. El resultado fue el mismo en ambas ocasiones: rechazada con 15 votos en contra, nueve a favor y una ausencia.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará un proyecto de sentencia para ordenar al Congreso de Yucatán que reponga la votación, por considerarla inválida, pues se realizó por cédula, acción que violó el derecho a la información de la ciudadanía para conocer el sentido del voto de sus representantes.

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Sin embargo, sea cual sea la sentencia de la Corte, este es apenas un primer paso en la aprobación del matrimonio igualitario en la entidad, de acuerdo con Miguel Anguas, abogado del colectivo Indignación, que promueve la defensa de derechos humanos.

“La SCJN ya publicó el proyecto y es claro en conceder el amparo, ahora el panorama más social y demás, se ven muy animada las personas, sienten que es abrir un poco de brecha para poder reparar sus derechos por esta injusticia que sucedió en 2019″, comenta.

Apenas en junio, Baja California y Sinaloa aprobaron en sus congresos locales el matrimonio igualitario con lo que suman 21 entidades que han reconocido este derecho; sin embargo, aún restan 11, entre ellas Yucatán, en incluir esta figura en su ley.

Y pese a no estar reconocido legalmente, las parejas que así lo deseen pueden tramitar un amparo para que se reconozcan sus derechos como matrimonio en la entidad, trámite que requiere de tiempo y recursos adicionales, pero que sobre todo marca una distinción entre las personas ante la ley.

“La comunidad LGBT se siente como personas de segunda, porque si bien a través de un juicio de amparo pueden pedir a un juzgado de distrito de carácter federal le ordene al registro civil que no aplique esas normas locales para que los puedan casar, esto implica un procedimiento discriminatorio”, señala.

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De acuerdo con la asociación civil Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), desde 2013 a junio pasado en Yucatán se han amparado más de 200 parejas para que su matrimonio sea reconocido en la entidad.

El especialista y uno de los promotores del amparo que discutirá la Corte explica que a diferencia de otras entidades, en Yucatán el matrimonio está consagrado en la Constitución del estado, por lo que se trata de una reforma que requiere dos terceras partes de la votación para ser aprobado, es decir, que requiere de al menos 17 de los 25 votos a favor para pasar en el Legislativo local. A ello se suma el proceso posterior de aprobación por la mayoría de los municipios para convertirse en ley.

Nueva mayoría

La elección del pasado 6 de junio dejó una nueva configuración para el Congreso estatal. Si bien la Legislatura anterior tenía una mayoría priista con 10 de los 25 legisladores, para este periodo el PAN y sus aliados ganaron 14 de las 25 curules, lo que cierra aún más la opción de que el matrimonio igualitario se avale por esa vía en Yucatán.

“El panismo yucateco está bastante medido en esa línea de negar derechos a la comunidad LGBT“, detalla el abogado.

Y si bien durante la campaña electoral diversos candidatos se comprometieron a promover las agendas de ese sector, la mayoría del partido que tradicionalmente se ha opuesto, aunque con excepciones, a la promoción de sus derechos es un riesgo que no pierden de vista.

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La resolución de la Corte se dará a conocer este miércoles, aunque aún estará pendiente su engrose, por lo que su envío aún demorará algunos días más. En tanto, la nueva Legislatura tomará posesión a partir del 1 de septiembre próximo, por lo que es posible que sea este nuevo Congreso el que tenga que votar nuevamente la medida.

“Ahorita ya pasaron las elecciones, la mayoría panista en el nuevo Congreso que se viene quizás pueda mermar una decisión para reconocer el matrimonio y quizás poner un candado para el matrimonio para la próxima Legislatura que es meramente panista”, considera Anguas.

En caso de que nuevamente se rechace en el Congreso, la lucha legal seguirá para la comunidad LGBT mediante nuevos amparos, uno de ellos actualmente pendiente en el pleno de la Suprema Corte.