Tres periodistas asesinados y activistas agredidos: el arranque violento del 2022

Los primeros 23 días del 2022 han sido de duelo para el periodismo y defensores de derechos humanos en México. Tres periodistas asesinados y varios activistas agredidos, de manera física y verbal, ha sido el saldo de un arranque de año violento para estos sectores de la sociedad.

El episodio de violencia más reciente en contra de un periodista ocurrió el pasado 23 de enero, cuando la periodista Lourdes Maldonado fue asesinada a tiros mientras se encontraba en su vehículo y murió horas más tarde. Hace casi tres años la comunicadora acudió a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa que temía por su vida por un conflicto laboral que sostenía con el hoy exgobernador de Baja California, Enrique Bonilla.

El fiscal de ese estado, Iván Carpio Sánchez, dijo en una entrevista a medios de comunicación que Maldonado estaba inscrita en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero las patrullas que la protegían solo hacían rondines en horas específicas. Hasta el momento no se han concluido los motivos que llevaron a su muerte.

Un par de semanas antes, el 10 de enero, Jesús Gamboa, director de Inforegio-Network, también fue asesinado en el Puerto de Veracruz en un presunto asalto. Y el 17 de enero el fotoperiodista Margarito Martínez fue víctima de homicidio frente a su casa en Tijuana, luego de denunciar amenazas de un expolicía.

Con diez periodistas asesinados y dos desaparecidos durante el 2021, México es el país más peligroso para ejercer esta profesión, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras. Por ese motivo, la representante en nuestro país de esa organización internacional, Balbina Flores, ve como un mal presagio que apenas iniciado el 2022 ya hayan muerto tres comunicadores.

“Que en tres semanas hayan asesinado a tres periodistas no es un buen augurio”, expresa Flores en entrevista. “Nos parece muy grave que sigan ocurriendo estos hechos en un contexto de impunidad, de debilitamiento constante de las instituciones y de falta de coordinación entre las fiscalías y el Mecanismo de Protección”.

Los asesinatos de Jesús Gamboa, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado despertaron indignación nacional dentro del gremio periodístico. Para el día de hoy se tienen programadas 28 protestas físicas y virtuales en ciudades de 17 estados de la República.

En la Ciudad de México se ha convocado a una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación a las 20:00 horas. Además, hasta ayer en la noche en la plataforma change.org más de 6 mil 800 personas firmaron una petición para que se haga justicia por los tres asesinatos de los periodistas.

La representante en México de Reporteros Sin Fronteras considera que ante estos últimos tres homicidios será clave que las fiscalías estatales no descarten la hipótesis de que los comunicadores fueron víctimas por la realización de su trabajo.

“Mientras el lastre de la impunidad se mantenga, difícilmente se podrá revertir la violencia porque los perpetradores siguen libres y saben que matar a un periodista no tiene un alto costo”,

Balbina Flores

En un evento del pasado 17 de enero el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que el 90% de los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos quedan impunes. Mientras que Jesús Ramírez, el vocero de la Presidencia de la República, detalló que seis de cada diez ataques provienen de funcionarios públicos.

Para responder a la violencia e inseguridad, el gobierno federal cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero Balbina Flores critica que este aparato gubernamental no cuenta con recursos suficientes para proteger a las personas agredidas.

“El problema de fondo del Mecanismo son sus pocos recursos económicos y humanos, aunque el gobierno federal se empeñe en decir que son suficientes, y por otra parte están las fallas de coordinación y comunicación dentro de las áreas de ese Mecanismo”, expresa Flores.

La representante de Reporteros sin Fronteras detalla que el último reporte que le dio la Secretaría de Gobernación es que más de mil 500 personas están dentro del Mecanismo de Protección. Esa información antes era publicada por el gobierno federal mensualmente, pero desde abril del 2021 no se dan a conocer los datos en su página oficial.

Activistas, bajo asedio en México

El arranque del 2022 no solo ha sido negativo para los periodistas. También los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han recibido agresiones físicas y verbales por realizar su labor.

El pasado 16 de enero, en la Ciudad de México, la activista trans Natalia Lane fue atacada con un cuchillo por un hombre de 28 años que ya fue vinculado a un proceso penal por esta agresión.

Luego, el viernes 21 de enero, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo a organizaciones y defensores de derechos humanos que “se van a callar, como de costumbre, solos se van a callar (…) Tengan cuidado también en el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo”, luego de que la asociación civil Reinserta dio a conocer que un bebé fue hallado muerto en un basurero de la cárcel de San Miguel.

Mientras que la activista Nayeli Martínez Vázquez, quien fue aspirante a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reportó, a través de sus redes sociales, la desaparición de su hija este 23 de enero .

Todos estos hechos fueron cuestionados por Alberto Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo Protección. El especialista advirtió que la situación de violencia que padecen activistas y comunicadores se ha recrudecido en este sexenio.

“La situación ha empeorado desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, no quiere decir que antes las cosas estuvieran mejor, pero lo que hemos visto es un incremento en las agresiones contra periodistas y activistas”, señala Carrasco.

El experto considera que son cuatro factores los que han detonado una mayor violencia contra estos sectores de la población: el reacomodo de grupos criminales tras el cambio de gobierno en varios estados por las elecciones intermedias del año pasado; la poca investigación realizada por las fiscalías estatales; la indiferencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y el discurso del presidente López Obrador que desacredita a quienes lo critican.

“Necesitamos una política pública de urgencia para frenar el número de muertes de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En definitiva esta política pública tiene que vincular la corresponsabilidad de las entidades federativas con el gobierno federal”, asevera Carrasco.

Una reforma, la respuesta del gobierno

En medio de esta ola de violencia, el pasado 17 de enero el subsecretario Alejandro Encinas informó que el gobierno propondrá una reforma a la Ley Federal de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.

La reforma a la ley será puesta a discusión en varios foros en Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México, aunque el subsecretario Encinas Rodríguez ya externó que uno de los principales cambios será que los estados de la República asuman la responsabilidad de proteger a periodistas y activistas, una tarea que hoy tiene el gobierno federal con el Mecanismo de Protección.

Sobre esta reforma, Alberto Carrasco y Balbina Flores consideraron que no es necesario crear un nuevo marco legal, sino hacer funcionar el que ya existe y fortalecer el Mecanismo de Protección para prevenir más muertes.

“Somos un país de muchísimas leyes y que exista una nueva no significa que se va a bajar la vulnerabilidad de los periodistas y las personas defensoras”, opina Carrasco. “La ley que tenemos actualmente no se ha implementado al 100%, no se ha cumplido. Entonces lo que yo me pregunto es si de verdad es necesario cambiar esta ley y crear una nueva que también va a ser letra muerta”.

El presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección cree que el principal riesgo de obligar a los estados a crear sus propios aparatos para proteger periodistas y activistas será que, en medio de la “curva de aprendizaje” de las entidades se podrían perder muchas vidas.

Balbina Flores comparte ese temor y tampoco ve necesaria la creación de una nueva ley, sino que se aporten más recursos económicos al gobierno federal para proteger a quienes están en riesgo. 

“Para nosotros este no es el momento de impulsar una nueva ley, sino de reforzar y aplicar al 100% la ley actual”, concluye Balbina. “Lo sabemos todos, el problema de México no es de falta de leyes, sino de falta de aplicación”.