La recomendación del Caso Ayotzinapa en 2018 ‘criminaliza y estigmatiza a los estudiantes’, nuevo informe de CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer el Informe de la recomendación 15VG/2018 en el cual analiza la actuación de la misma Comisión hace cuatro años, las cuales llevaron a revictimizar a las familias y normalistas desaparecidos al reafirmar, aunque no de forma expresa, la versión de la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República sobre el vertedero de Cocula.

“…las actuaciones de la CNDH alrededor de la recomendación 15VG/2018 violenta los derechos humanos de las personas en situación de víctimas; se criminaliza y estigmatiza a los estudiantes normalistas; se dejó de escuchar a las peticiones y señalamientos de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos; se violentó su derecho a participar en las investigaciones”, destaca en sus conclusiones.

Además, el grueso de los esfuerzos de la labor de investigación de la CNDH, se abocaron a la hipótesis de “la incineración en el Vertedero de Cocula sin considerar en su totalidad todos los elementos contextuales que pudieron haber tenido influencia para que se suscitara la agresión en contra de los estudiantes, tales como la confrontación entre estos y las autoridades por sus actos de protesta y reclamo social”.

“El mayor reclamo que se le puede hacer a lo expuesto en el documento recomendatorio es el abordaje que se realiza respecto a los estudiantes de la normal, los cuales son objeto constante de criminalización y estigmatización a partir de la emisión de juicios de valor y conjeturas sin ninguna prueba que valide los argumentos de la CNDH en la recomendación“, señala el documento.

La CNDH llama a reconocer la crisis de desaparición forzada en México

La CNDH señala en este nuevo informe sobre la recomendación emitida en 2018 que se requiere que el Estado mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal; así como de los tres poderes de la Federación: Ejecutivo, Legislativo y Judicial reconozcan la grave crisis que en materia de desaparición forzada que vive el país desde hace años y la cual se viene recrudeciendo. 

El documento se da a conocer justo cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, el cual advierte que debe retirarse la militarización de las labores de seguridad y advierte que hay un alto índice de impunidad en este delito, lo cual hace de las desapariciones “el crimen perfecto”.

La misma Comisión recomienda que en la institución se consolide un Servicio Profesional de Carrera basado en el diseño de programas de capacitación para robustecer el grado de conocimientos en el enfoque de derechos humanos, particularmente del persona que se dedica a la atención de quejas; personas peticionarias y personas en situación de víctimas de violaciones a derechos humanos.

“En el Caso Iguala, las actuaciones en materia de criminalística fueron endebles, plagadas de inconsistencias que, en lugar de brindar certezas contribuyeron a las prácticas de revictimización de las personas en situación de víctimas”, señala el informe de más de 400 páginas difundido este 13 de abril.

Las revelaciones del GIEI

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes dio a conocer el 29 de marzo el tercer informe sobre el Caso Ayotzinapa, en el cual revelaron la participación de elementos de la Secretaría de Marina en el vertedero de Cocula la mañana del 27 de octubre de 2014 al llegar a la zona, encender fuego y realizar rondines horas antes de que llegaran las autoridades de la Procuraduría General de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam.

Esto lo supieron gracias a un video catalogado como secreto en poder de la Secretaría de Marina y al que tuvieron acceso por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador y entregado por el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

El informe del GIEI indica que todas las indagatorias conducidas por la PGR se siguieron con base en una llamada de denuncia anónima, la cual nunca existió, pero a partir de la cual se llevaron a cabo las diligencias de las cuales construyeron la versión de los 43 normalistas habían sido asesinados e incinerados en el vertedero, de lo cual aún no hay evidencia contuindente.