Guerra sucia: los asesinatos y desapariciones cumplen más de 50 años en la impunidad

Resolver los asesinatos y las desapariciones ocurridas hace más de 50 años en México sigue siendo un reto pendiente. Una fiscalía especial y una comisión de la verdad en Guerrero han revelado cómo se cometieron algunos de estos crímenes, pero aún no se sanciona a los responsables y tampoco ha habido una reparación del daño para los familiares de las víctimas.

Como ejemplo, el caso de Lucio Cabañas. El activista murió el 2 de diciembre de 1974 en medio de un enfrentamiento con el Ejército. Artículos y libros de historia narran ese hecho, mientras que en 2017, más de cuatro décadas después, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó el no ejercicio de la acción penal y cerró la investigación por falta de pruebas.

Desde entonces Micaela Cabañas, hija de Lucio, se ha manifestado. “Yo seguiré pugnando por que haya justicia y reconocimiento para el maestro Lucio con todo lo que él dejó como legado a nuestro país”, dijo en entrevista.

Micaela no es la única, como ella hay más familiares que exigen justicia por sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas, sus tíos, sus tías. Todas y todos desaparecidos o asesinados en el periodo denominado “Guerra Sucia” y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado investigar.

La indagatoria correrá a cargo de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos entre los años 1965-1990. Este grupo de trabajo está conformado por cinco comités dedicados a distintas tareas, funcionarios, activistas y académicos.

La comisión de la verdad fue creada oficialmente el 7 de octubre del 2021. Distintas fuentes consultadas por La-Lista explicaron que, de inicio, los especialistas dedicados a la investigación histórica tienen interés en revisar los archivos de la policía de la Ciudad de México, del Estado Mayor Presidencial, de la brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército, de la Policía Militar y otros fondos documentales de las Fuerzas Armadas en los estados.

Aunque la comisión de la verdad inició sus trabajos desde hace ocho meses, todavía continúan las conversaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la apertura de archivos militares. Elementos de las Fuerzas Armadas han sido señalados por los familiares de víctimas como los probables responsables de varias desapariciones y asesinatos de población civil.

“¿Por qué no los hemos encontrado? Porque las instituciones no han dado esa facilidad para acceder a los archivos de la Sedena y tampoco se ha enjuiciado a nadie porque ha habido mucha impunidad”, lamenta Micaela. “Ha habido tanta corrupción que no nos han dejado acceder a la justicia”.

El pasado 22 de junio se llevó a cabo una ceremonia en la que el presidente López Obrador ordenó abrir el Campo Militar No. 1 y sus archivos,  sin embargo, en ese mismo evento el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, anunció que se hará un homenaje a los militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado”.

La declaración de Sandoval fue tomada como un insulto por parte de los familiares de las víctimas. “Fue muy vergonzoso para nosotros y más para él decir junto a nosotros, había hijos, esposas y hermanos de las personas que fueron quienes desaparecieron y mataron a muchos de nuestros familiares, que sus nombres se van a poner con letras doradas”, criticó la hija de Lucio Cabañas.

La comisión de la verdad descartó que ese homenaje esté entre sus tareas.

“El plan delineado de trabajo entre la Comisión de la Verdad y Sedena no incluye ninguna reivindicación a militares caídos durante el periodo ni, por supuesto, ni homenajes a éstos”,  indicó en un comunicado publicado dos días después del anuncio en el acto donde protestaron los familiares de las víctimas frente a Sandoval y López Obrador.

Hechos del pasado, impunidad total

Los asesinatos y las desapariciones ocurridas entre 1965 y 1990, en la denominada Guerra Sucia, se mantienen en total impunidad. 

El 27 de noviembre del 2001 fue creada, por decreto presidencial, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP). Esta institución inició 570 averiguaciones previas por delitos cometidos en décadas anteriores, pero en 2019 ya solo había 240 investigaciones en trámite y más del 90% era por desaparición forzada, según una revisión hecha a solicitudes de información que usuarios han realizado en la Plataforma Nacional de Transparencia (Folios 0001700374119 y 0001700246018). No se encontró ninguna sentencia.

Con el objetivo de tener datos actualizados para este trabajo se envió una solicitud de información propia a la FGR, pero la petición fue rechazada porque “no se localizaron” documentos relacionados con este tema. La fiscalía actual, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha sido criticada por organizaciones sociales debido a sus altos niveles de opacidad. 

El 18 de noviembre del 2006 la FEMOSPP entregó un informe de sus investigaciones al procurador general de la República de ese entonces, Daniel Cabeza de Vaca. El expediente de la fiscalía especial, que contiene un relato histórico de crímenes cometidos contra la población, no fue difundido entre la población hasta el sexenio (2012-2018) en una página de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El informe de la FEMOSPP y otra investigación generada por la Comisión de la Verdad de Guerrero, la cual fue presentada el pasado 2 de junio de este año, serán los puntos de partida de la nueva comisión de la verdad que fue creada por orden de López Obrador.

Eugenia Allier, historiadora e integrante de la nueva comisión, explica la relevancia de que los hechos del pasado se sigan investigando y que toda la población los conozca.

“Uno de los graves problemas sobre violaciones a derechos humanos en nuestro pasado reciente, en este periodo que conocemos como la Guerra Sucia, es el desconocimiento de la sociedad, el que existió en su momento y que ha seguido existiendo a lo largo de décadas”, lamenta Allier.

La historiadora hace una conexión entre el momento actual de México y su pasado: “Haber desconocido estas violaciones, no haber realizado justicia en torno a ellas, ha permitido que la violencia se manifieste de otras maneras. La violencia que vivimos hoy no es la que estamos investigando, pero es una violencia que no está del todo desligada”.

Allier, quien declara que la comisión de la verdad busca investigar el pasado “para echar luz en el presente”, estará acompañada por Abel Barrera, defensor de derechos humanos de Guerrero; Aleyda García, historiadora y experta en tortura; David de Jesús Fernández, director de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús; y Carlos Pérez Ricart, especialista en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.

Los cinco expertos están en el comité de investigación histórica de la comisión de la verdad. Mientras que las personas que forman parte de los otros cuatros comités (impulso de la justicia, búsqueda de desaparecidos, reparación del daño y acciones para la no repetición de hechos) no han sido dados a conocer públicamente.

Eugenia Allier estima que uno de los retos más importantes para la comisión de la verdad será el hecho de que funcionarios y militares señalados por cometer crímenes en el pasado ya fallecieron. Aun así, la historiadora se muestra confiada en que su equipo entregará buenos resultados y que contarán con la colaboración de la Sedena y la FGR.

“Yo confío en esta voluntad para que efectivamente se traduzca en que la fiscalía sí va a trabajar y que efectivamente la Sedena nos va a dar acceso a los archivos”, comenta Allier. “Yo no estaría en este lugar si no fuese porque he confiado en la voluntad gubernamental, si no hay voluntad gubernamental no vamos a poder avanzar”.