A ocho años del caso Ayotzinapa, aún hay obstáculos para acceder a la justicia

A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el gobierno mexicano descartó hallar a los jóvenes con vida, pero la investigación continúa, pues existen 46 exfuncionarios relacionados, entre ellos, miembros del Ejército.

El informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado el 18 de agosto pasado, concluye de forma preliminar que no existe evidencia de que los jóvenes se encuentren con vida. En coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la comisión presidencial inició la búsqueda de los estudiantes en enero de 2019.

Las autoridades recuperaron 27 cuerpos y restos óseos con los que se logró identificar material genético de tres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014: Joshivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander de la Mora Venancio. 

A pesar de que también se estudiaron 245 cuerpos hallados en fosas comunes, ninguno coincidió con la información genética de los normalistas de Ayotzinapa. La recreación de los hechos, que se encuentra en el informe, apunta a que los 43 normalistas fueron asesinados la noche del 26 de septiembre y durante la madrugada del 27, sus restos fueron esparcidos en diferentes puntos de Iguala.

Los siguientes meses, de octubre a noviembre, los restos fueron trasladados varias veces con el objetivo de “limpiar todo” por órdenes de Tomás Zerón, quien en ese momento era el titular de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Tras analizar el informe, el 26 de agosto, durante una protesta frente al Hemiciclo a Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, los padres y madres de los normalistas aseguraron que continuarán exigiendo la verdad hasta que les entreguen pruebas irrefutables de que sus hijos están muertos.

“Las madres y padres necesitamos prueba científica indubitable del destino de nuestros hijos. No podemos irnos a casa con indicios preliminares que no aclaran a cabalidad dónde están y qué pasó con ellos”, pronunció Hilda Legideño Vargas, madre del normalista desaparecido Jorge Antonio Tizapa. 

Este 21 de septiembre iniciaron la jornada de protestas para exigir justicia y acudieron a la Embajada de Israel, en donde realizaron pintas con las leyendas “extradición a Tomás Zerón”, quien ha sido acusado de actos de tortura y de haber alterado evidencias en las investigaciones para construir la llamada “verdad histórica”.

Para el 22 de septiembre, los padres de los normalistas se manifestaron en la Fiscalía General de la República (FGR), en donde fueron recibidos por elementos de la Policía y se registraron explosiones de petardos, así como tres agentes lesionados en pies y brazos. 

Al día siguiente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la forma en la que los padres y normalistas protestaron.  “Si se protesta, se tiene que venir de manera pacífica, ¿qué es eso de tirar bombas?“, dijo.

Los detenidos a ochos años de la desaparición de los normalistas

El 26 de septiembre de 2014, el grupo de estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomó autobuses para trasladarse a la Ciudad de México y asistir a la marcha del 2 de octubre, pero fueron atacados y detenidos en dos puntos de Iguala por la policía municipal de Iguala y de Huitzuco.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado el 18 de agosto pasado, entre los probables involucrados en la desaparición de los jóvenes están el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra en prisión desde el 19 de agosto por desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia por la supuesta invención de la “verdad histórica”, presentada en 2015, y que apuntaba a que los estudiantes habían sido quemados en un basurero en Cocula.

El 15 de septiembre, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó la detención de tres militares, entre los que se encuentra el comandante del 27 batallón de infantería en Iguala, José Rodríguez, quien de acuerdo con el informe presuntamente participó en la desaparición y manipulación de los restos de los estudiantes.

El exalcalde de Iguala José Luis Abarca también se encuentra preso en el penal del Altiplano por tres procesos en su contra, de los cuales dos son por delincuencia organizada y lavado de dinero y otro más por el homicidio de dos activistas. Sin embargo, el 14 de septiembre, fue absuelto del delito de secuestro por falta de pruebas.

El informe señala un total de 46 exfuncionarios ligados a los hechos de Iguala, sin embargo, sólo los padres de los normalistas conocen los nombres de los investigados, según Encinas.

Por esta razón, el presidente López Obrador solicitó al subsecretario que iniciara el trámite para que el Poder Judicial de la Federación (PJF) permitiera la publicación de los nombres.

“Esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado”, apuntó López Obrador.

Van contra jueces del PJF por fallos en caso Ayotzinapa

El caso ha tomado mayor relevancia a días de cumplirse ocho años luego de que Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, población y migración, acusara a jueces federales que han dictado sentencias absolutorias, muchas de ellas porque hubo actos de tortura a los imputados. 

De acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad, en enero de 2021 se solicitó el traslado de los procesos penales que se encuentran en Tamaulipas, a juzgados ubicados en Toluca y la Ciudad de México, pues en 2019, el juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos liberó a 77 de las 142 personas acusadas por el caso por haber sido víctimas de tortura.

El 22 de febrero de 2022, Ventura Ramos le otorgó la libertad a Xóchitl García Guerrero, detenida el 12 de febrero en Pachuca, Hidalgo, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, y a quien se le vincula con el grupo delictivo Guerreros Unidos, que operó la desaparición de los jóvenes en 2014.

El juez señaló que no había pruebas de cargo para vincular a proceso a García Guerrero, quien en septiembre de 2014 era operadora de radio del C4 de Iguala, Guerrero y proporcionaba información a miembros de Guerreros Unidos.

El 21 de septiembre de este año, Alejandro Encinas informó que el juez Ventura Ramos volvió a dictar sentencia absolutoria para 24 personas más, involucradas en el caso, con lo que en total 120 libertades otorgadas por el juez de Tamaulipas.

El mismo día, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, expresó su respaldo a los jueces del Poder Judicial de la Federación y calificó como “injusto” que se critiquen los fallos de los juzgadores.

“Los jueces han estado dictando sentencias absolutorias derivado a que hay una sentencia de un Colegiado donde dice que toda esta gente fue torturada y que todo el procedimiento es parcial, entonces, creo que la crítica no debe ser a los jueces, en su caso la crítica se tendría que hacer porque las investigaciones no se llevaron adecuadamente”, dijo el ministro Zaldívar.

Al siguiente día, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que denunciarán a Samuel Ventura Ramos, juez de Tamaulipas, por dictar la libertad de 120 personas, así como una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

“Recurrentemente este juez argumenta cuestiones procedimentales, cuestiones procesales, temas de debido proceso, que en nuestra opinión no han sido de debido proceso sino de debido pretexto para no hacer justicia a las víctimas de los hechos de Ayotzinapa”, afirmó Mejía.