Llamadas entre sicarios apuntan a ‘licenciados de México’ en ‘limpieza’ de la noche de Iguala

Entre el 27 y 28 de septiembre de 2014, un mando del grupo criminal de Guerreros Unidos dio instrucciones de “limpiar” los restos de los estudiantes de Ayotzinapa, pues ya se tenía “el circo armado” por parte de funcionarios de alto nivel desde México, como suelen referirse a la capital del país.

En una conversación entre dos personas identificadas como “Chino” y “Gil” en esos días, se comunican que tuvieron una reunión con “A1” y “los asesores de México” y que “ya los licenciados y la gente de México tienen el circo armado”.

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa llegó a bordo de dos autobuses a la terminar de Iguala para tomar más camiones con el fin de trasladarse a la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre -aniversario de la masacre estudiantil en Tlatelolco en 1968-, pero al intentar salir de la ciudad de Iguala fueron atacados y detenidos por la policía municipal y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes supuestamente pensaron que entre ellos había infiltrados del grupo rival “Los Rojos”.

Según con hipótesis del informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presentado el 18 de agosto pasado, el grupo Guerreros Unidos pensaba que entre los estudiantes había infiltrados del grupo rival “Los Rojos” y “A1” ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque “no saben quien es quien y se está calentando la plaza demasiado” (sic). 

“Mátalos a todos, Iguala es mío”, se le atribuye a “A1” en los anexos del informe presentado por Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, quien concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, cometido por integrantes de Guerreros Unidos y altos funcionarios de distintos niveles de gobierno del Estado mexicano. 

Esa misma noche y la madrugada del 27 de septiembre se dio la orden de que los estudiantes fueran asesinados y divididos en grupos por sicarios de Guerreros Unidos, una fracción del cartel de los Beltrán Leyva, para desaparecerlos; 10 de ellos fueron entregados a “El Moreno” quien sólo dijo se hizo cargo de cinco cuerpos y el resto se los entregó a Eduardo “El Chuky”.

Otros fueron esparcidos en distintos puntos, se menciona un río, un pozo de Pueblo Viejo, una casa en el municipio de Huitzuco y hasta en una mina. Para el 30 de septiembre, seis jóvenes más permanecían cautivos aún con vida en una “bodega vieja”, según confiesa “El Chino” a alguien con el alias “Negro”.

Esta narración de los hechos es parte del análisis telefónico, realizado por el Centro GEO, uno de los centros de investigación del Conacyt y que se encuentra en el Anexo 8 del informe de la Comisión de la Verdad y acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el informe, los sicarios aseguran que funcionarios del gobierno federal intervinieron en la “limpieza de pruebas” para montar una versión de los hechos diferente a lo ocurrido.

En otra comunicación, registrada el 28 de septiembre, entre las 13:25 horas y las 17:00 horas, Ramiro, “El Chango”, principal operador de los hechos, le comunica a “El Chino” “que hay rumores de que por órdenes del gobierno de México van a borrar evidencia y que los cuerpos los van a mover para que no los hallen excepto los del Río”, revelan los anexos del informe de la Comisión de la Verdad.

Las llamadas también revelan que unidades de la policía municipal y miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército participaron en la movilización de los restos de los estudiantes de Ayotzinapa. 

El 30 de septiembre, “El Chino” confesó que aún quedaban seis estudiantes vivos en la bodega vieja. “El Coronel”, a quien no se le identifica en el informe, le responde que se haría cargo de ellos, sin que se sepa el destino de los jóvenes.

Los siguientes meses, de octubre a noviembre, los restos fueron trasladados varias veces con el objetivo de “limpiar todo” por órdenes de Tomás “N”, quien se presume puede tratarse de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.

“Tomás ‘N’ es quien ‘anda mandando a limpiar todo’ para que ‘los funcionarios de alto nivel queden bien’ (…) ‘andan moviendo todos los cuerpos para que no allá más pedo me dijo ‘el wason’ que andan viendo como sacarlos, en patrullas o desaserlos'” (sic), apunta una de las conversaciones registradas.

Según el informe de la Comisión de la Verdad, para mover los restos de un lugar a otros, sicarios secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo, con quien desenterraron los cuerpos y los trasladaron al 27 Batallón de Infantería, al Rancho del Cura, a Loma de Coyote y La Mina.

La complicidad entre grupos criminales y funcionarios públicos también se sospecha a partir de conversaciones entre “Chino” y “Negro”, en donde se da la orden de quemar celulares, ropa herramienta y todo lo que se haya usado y que salgan de la “cuna”, le pide que ya no le marquen porque podrían estar “ganchados” y ordena que “Chango” mande las nóminas del gobierno porque “ya todos los del gobierno se nos voltearon y “por si quieren jodernos más”.

La tarde del viernes, fue arrestado el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Káram, quien encabezó las investigaciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto. La PGR atrajo el caso 17 días después de los hechos ocurridos en Iguala porque supuestamente hasta entonces se dieron cuenta de que se trataba de un caso de la delincuencia organizada. El mismo viernes, un juez giró una orden de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa por le caso.