El asesinato de Heidi, presuntamente cometido por militares en Tamaulipas, sigue impune un mes después
Protesta frente a Palacio Nacional. Foto: Alexis Ortiz / La-Lista

El asesinato de Heidi Mariana, presuntamente cometido por elementos del Ejército, sigue impune un mes después de haber ocurrido. Una organización social que acompaña a la familia de la menor y uno de sus abogados acusan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de obstruir la investigación para que sus integrantes no sean juzgados por cometer la ejecución extrajudicial de la niña de cuatro años.

La noche del 31 de agosto pasado, Heidi Mariana fue asesinada al recibir un impacto de bala mientras viajaba en un vehículo con su hermano y su tía en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el lugar había varios militares, por eso la familia de la pequeña ligó al Ejército con su muerte, pero esta institución niega que alguno de sus elementos haya disparado directamente y asegura que la menor murió en medio de un enfrentamiento armado con grupos de la delincuencia organizada.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y Édgar Netro, abogado del caso, tratan de refutar la hipótesis del enfrentamiento armado con cinco videos que recabaron en casas particulares y negocios. Ambos aseguran que en las grabaciones no aparece ningún enfrentamiento armado entre narcotraficantes y autoridades, solo el automóvil donde viajaba Heidi y tres vehículos militares. Estas pruebas ya las tiene la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hasta ahora, el Ejército no ha presentado, ni públicamente ni en la fiscalía, una sola evidencia que demuestre que fueron agredidos como ha asegurado el presidente (Andrés Manuel López Obrador). No hay una sola evidencia, no hay agresores detenidos, no hay vehículos asegurados en el lugar de los hechos y no hay armas de fuego aseguradas, por lo tanto suponer que fueron agredidos es eso, es una suposición, no es una verdad”, critica Ramos.

Una ojiva de bala que quedó insertada en el vehículo donde viajaba Heidi podría ser la clave para resolver el caso, pero hasta ahora la FGR no ha ordenado que se haga un análisis comparativo con las armas de los militares presuntamente implicados para verificar si alguno de ellos disparó en contra de la niña.

“Se encontró una ojiva y se está solicitando que se haga una comparativa con las armas de todo el personal que intervino en estos hechos”, señala Ramos en entrevista con La-Lista. El presidente del comité detalla que hasta ahora solo ocho militares han rendido su declaración ante la FGR.

El caso de Heidi ocurrió en un momento trascendental para las Fuerzas Armadas. Apenas esta semana, el Senado de la República aprobó una reforma para que el Ejército realice labores de seguridad hasta 2028, mientras se consolida la Guardia Nacional, y esta misma iniciativa será discutida la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Hace un par de días también ocurrió el mayor ciberataque registrado en México en contra de la Sedena. Más de cuatro millones de correos electrónicos del Ejército fueron extraídos por un grupo de hackers autodenominado Guacamayas, y en esa información hay datos de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Édgar Netro, abogado de la familia de Heidi, advierte que el asesinato de la menor podría ser otro crimen atribuido al Ejército. El litigante cuestiona que el mismo 31 de agosto los militares implicados denunciaron en la oficina de la FGR de Nuevo Laredo un supuesto ataque de un grupo delictivo del que fueron víctimas, pero él considera que esto solo es una estrategia para desestimar la acusación de ejecución extrajudicial de Heidi.

“Lo obvio sale a relucir cuando ellos presentan una denuncia de haber sido agredidos ese mismo día y a esa misma hora por la delincuencia organizada, de lo cual realmente no hay vestigios”, indica Netro. “Esto es en el afán de oscurecer la investigación, no necesitas ser abogado para darte cuenta de que están tratando de desviar el curso para plantear un segundo escenario en el que si se demuestra que Heidi murió por el disparo de un militar, se pueda decir que fue en un enfrentamiento”.

Si la FGR confirma que la muerte de Heidi está atribuida a las Fuerzas Armadas, no sería la primera vez que se vincula al Ejército con el fallecimiento de un menor de edad. En 2010, los niños Martín y Bryan Almanza, de nueve y cinco años, respectivamente, murieron por una agresión de las Fuerzas Armadas en Ciudad Mier, Tamaulipas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó la responsabilidad de la Sedena y emitió la recomendación 36/2010.

Luego de múltiples protestas en Nuevo Laredo y la Ciudad de México, la familia de Heidi junto con sus abogados logró reunirse con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Apenas el 28 de septiembre pasado, el funcionario se comprometió a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atenderá de manera psicológica y médica a Kevin, el hermano de Heidi que estuvo presente cuando la pequeña fue asesinada.

“Cuando impacta el disparo en la cabeza de Heidi, otro disparo, si no que ese mismo, pega en el tablero y se fragmenta y esas esquirlas se incrustan en el pecho de Griselda, que es la conductora, y en el rostro de Kevin. Él trae malestar en sus ojos y probablemente tiene esquirlas en la cara, pero son tan milimétricas que requiere que un médico especialista lo atienda”, dice Raymundo Ramos.

Ramos teme que el caso de Heidi no quede resuelto. “La impunidad de los militares está documentada y está en su más alto nivel en las últimas décadas de este México moderno”, lamenta el defensor. “La población civil, los ciudadanos, estamos siendo avasallados, rebasados, por una fuerza militar que tiene un poder como nunca antes”.

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