Caso Ayotzinapa: ¿por qué las capturas de pantalla falsas no tumban la investigación?

La nueva investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha estado en el ojo del huracán desde hace dos semanas. Esto porque la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) presentó ante los medios de comunicación pruebas, entre las que hay algunas señaladas falsas, sobre lo ocurrido con los estudiantes.

El 18 de agosto de 2022, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó un informe basado en 467 capturas de pantalla con supuestas conversaciones de los integrantes de Guerreros Unidos, el grupo acusado de la desaparición de los estudiantes. Un mes después, el 30 de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que colabora en la investigación, señaló que 181 screenshots eran falsos.

Este desmentido del GIEI generó confusión en la sociedad. Políticos, periodistas y una parte de la sociedad pusieron en duda la investigación que desde el 2019 ha hecho la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Los abogados de cuatro militares que están en prisión por presuntamente participar en la desaparición de los 43 estudiantes también cuestionaron la indagatoria.

Sin embargo, aunque el GIEI señaló que 181 pruebas presentadas por la Covaj son falsas, en realidad esto no afecta la investigación. ¿Por qué? Porque la carpeta de investigación de la UEILCA no contempla los screenshots señalados como apócrifos que Alejandro Encinas presentó ante los medios de comunicación.

La carpeta de investigación de la UEILCA está basada en el trabajo propio que ha desarrollado con acompañamiento del GIEI. Por eso en una conferencia de prensa del 30 de octubre, Ángela Buitrago, una de las expertas independientes, rechazó que haya una nueva “verdad histórica”, en referencia a la versión que fue fabricada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para dar carpetazo al asunto.

El mismo Alejandro Encinas, que ha reconocido su error al no verificar la fiabilidad de las pruebas que presentó, publicó un video en redes sociales este jueves 9 de noviembre para aclarar que la investigación de la Covaj no tiene nada que ver con la de la Fiscalía.

“Contrario a lo que se pretende desinformar, el trabajo presentado no forma parte hasta este momento de los casos que la Fiscalía ha judicializado”, señaló Encinas. “La fiscalía ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba y el Poder Judicial de la Federación ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados”. 

¿Qué dice la investigación del GIEI y la UEILCA?

El GIEI y la UEILCA han construido su investigación a partir de la revisión de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), intercepciones telefónicas que el gobierno de Estados Unidos hizo, entrevistas a testigos y a presuntos implicados en la desaparición de los 43 normalistas, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Una parte de la investigación del GIEI fue hecha pública este año. La indagatoria tiene pruebas que implican a personal militar de haber dado un seguimiento puntual a todas las actividades de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014, pero aún así no los ayudaron cuando fueron detenidos por el grupo Guerreros Unidos y policías municipales.

El GIEI también documentó la supuesta relación entre integrantes de Guerreros Unidos y el Ejército previo a la desaparición de los normalistas. A través de mensajes interceptados por el gobierno estadounidense, el grupo de expertos llegó a la conclusión de que las reuniones entre militares y delincuentes eran frecuentes, así como posibles sobornos del grupo delictivo a los uniformados.

La Policía Federal, que estuvo presente y tampoco hizo nada para ayudar a los jóvenes, también está implicada en el informe del GIEI. Al igual que la policía municipal de Iguala y otras instituciones de seguridad locales que habrían participado en la detención de los estudiantes y su posible asesinato.

El GIEI solo hizo pública la forma como los estudiantes fueron detenidos por elementos de seguridad en colaboración con autoridades, pero no dio detalles sobre qué ocurrió con los estudiantes después de esto. No especificó los lugares a donde fueron llevados o cómo habrían sido asesinados por los Guerreros Unidos.

Los expertos independientes anunciaron su retiro del país el mismo 30 de octubre. Ese día alertaron que la investigación del caso Ayotzinapa estaba entrando en un momento delicado por personas que querían entorpecer el caso desde la Fiscalía General de la República (FGR), la institución a la que también pertenece la UEILCA.

Carlos Beristain, uno de los expertos independientes, criticó que el subsecretario Alejandro Encinas saliera a presentar pruebas sin antes verificar si eran verdaderas. “Un intento de acelerar los resultados del caso sin las debidas medidas de investigación para ello, ha conllevado una situación de crisis”, resumió el especialista.

¿Qué dice el informe de pruebas falsas que presentó Alejandro Encinas?

El informe que el 18 de agosto presentó el subsecretario Alejandro Encinas aborda uno de los temas que el GIEI no ha dado a conocer: ¿qué ocurrió con los estudiantes?

El documento, que ahora se sabe está sustentado en algunas pruebas falsas, señala que los 43 normalistas fueron secuestrados por el grupo Guerreros Unidos en colaboración con policías municipales. El informe detallaba que después de eso los estudiantes fueron divididos en grupos, asesinados y sus restos fueron divididos en varios lugares.

Los integrantes del GIEI reclamaron que el subsecretario Encinas Rodríguez no les compartió las capturas de pantalla y no pudieron hacer un proceso de verificación. Lo hicieron hasta semanas después y detectaron las 181 evidencias falsas.

Por presentar evidencias falsas, esta semana Alejandro Encinas fue denunciado por los abogados de cuatro militares que han sido detenidos por el caso Ayotzinapa. Los litigantes acusan al subsecretario de fabricar pruebas y de paso buscan echar abajo la investigación para que sus clientes sean liberados.

“La comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa y la Fiscalía Especial en un afán de producir resultados a cualquier costo, han convertido el derecho penal en un instrumento que dinamita la buena fe de las instituciones públicas, mediante la fabricación de pruebas atentando contra las Fuerzas Armadas nacionales en un momento especialmente delicado para la República”, dijo el abogado César Omar González el pasado martes 8 de noviembre, al dar a conocer la denuncia contra Alejandro Encinas.

Tras la presentación de la denuncia, el subsecretario Encinas respondió a los abogados de los militares: “Lamento que los abogados militares presuntamente implicados en los hechos pretendan confundir y engañar para litigar en los medios lo que no pueden demostrar en los tribunales”.

La resolución del caso Ayotzinapa permanece como uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador pendientes a menos de dos años de que concluya su mandato.