Caso Julio César Mondragón: Lo olvida el Estado, pero lo rescata la CIDH
En México, el caso de Julio César Mondragón permanece congelado, por lo que la familia lo llevó a instancias internacionales. Su tío señala que el caso de tortura y ejecución extrajudicial había quedado en el olvido.
Julio César Mondragón Fontes tenía solo 22 años de edad y apenas un mes de haber ingresado a la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero, cuando fue detenido, torturado y privado de la vida. La noche del 26 de septiembre de 2014, él y otros compañeros normalistas fueron atacados con armas cuando viajaban en tres autobuses con los que pretendían participar en la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
El saldo oficial de la embestida fue de 43 normalistas desaparecidos y seis fallecidos, entre ellos Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del 27 de septiembre de 2014. Al joven le habían retirado la piel del rostro y tenía mutilado un ojo.
Su hallazgo marcó un rumbo distinto al de los 43. La desaparición forzada masiva captó la atención mediática y gubernamental, pero el caso de Julio César poco a poco quedó relegado en las investigaciones, “como si nunca hubiera estado en la trágica noche de Iguala”, según expone su familia.
A una década de lo sucedido, los dos casos –el de los 43 estudiantes desaparecidos y el de Julio César Mondragón Fontes– siguen sin resolverse. Sin embargo, este último quedó particularmente abandonado por la autoridad.
En ese contexto, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, conformada por organizaciones civiles, rescató del olvido a Julio César y determinó llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el vacío y las omisiones perpetradas por el propio Estado mexicano.
“Al ver que el caso de Julio César Mondragón estaba totalmente abandonado le propusimos a su familia llevarlo ante el Sistema Interamericano, porque finalmente los casos que en México no pueden lograr el acceso a la justicia tienen que salir del país, ya sea ante el sistema regional o universal, en este caso. La familia de Julio tiene derecho de acceder a la verdad”, expresa María López Paulino, secretaria general de la Red Solidaria.
Los captores del normalista intentaron borrarle el rostro y la autoridad intentó borrarlo del caso, según acusan sus seres queridos; no obstante, la determinación de saber qué le pasó y quiénes son los responsables ha sido más fuerte.
El caso ante la CIDH
El 16 de diciembre de 2022, la Red Solidaria Década contra la Impunidad pidió a la CIDH que atrajera el caso de Julio César Mondragón. En un tiempo récord, a diferencia de otros asuntos, la Comisión lo admitió para su análisis y detectó que había fundamento en las acusaciones de tortura y ejecución extrajudicial.
En diciembre de 2023, la CIDH requirió al Estado mexicano proporcionar toda la información disponible en el expediente del normalista para integrarlo a un informe de fondo. México tenía un plazo de cuatro meses, no prorrogables, para entregar la información requerida. El plazo venció en abril de 2024, y se ignoró la instrucción de la Comisión.
Frente a la omisión del Estado, y de acuerdo con los estatutos de la CIDH, la familia y defensa legal de Julio César ahora tienen la facultad de solicitar a la Comisión que pase a la siguiente etapa, es decir, que avance directo al debate y análisis del caso para dictar una resolución. En este momento, el equipo jurídico camina en dirección a ese escenario.
“Es como una previa de la ‘sentencia’ para el Estado mexicano, es competencia solo de la Corte Interamericana dictar la sentencia como tal, pero (si la Comisión atiende este paso) tendríamos una resolución previa con la que se evidenciaría la impunidad y omisión del Estado al investigar el caso de Julio César”, explica Ernesto Rodríguez, encargado del área jurídica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Con este antecedente, el asunto de Julio César Mondragón podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que tiene facultades para vincular al Estado mexicano a una sentencia, y obligarlo a reconocer su responsabilidad en la muerte del normalista, investigar lo sucedido e imponer medidas para la reparación integral del daño a su familia. Esa es la principal apuesta de la Red Solidaria.
“La intención es tener un fallo favorable de la Comisión y, de ser posible, una sentencia de la Corte Interamericana por la tortura, la ejecución extrajudicial y por impedir a su familia el acceso a la verdad y la justicia”, agrega Magdalena López.
Cuitláhuac Mondragón, tío de Julio César, confiesa que ha perdido la esperanza en las autoridades locales, y a una década de los hechos ocurridos en Iguala deposita su confianza en que la CIDH y, en su caso, la Corte Interamericana, puedan obligar al Estado mexicano a esclarecer la ejecución de su sobrino. “No nos queda más que confiar, es lo único que en estos momentos nos tranquiliza”, expresa.
El tío de Julio César esperaba que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se resolvieran los vacíos y se hallara a los culpables; sin embargo, dice, encontró excusas, retrasos y muy poca sensibilidad y entendimiento.
El hombre teme que conforme pasen más años, las evidencias y los testimonios pierdan valor, y advierte que si quisieran practicarle otra autopsia a Julio César para ahondar en las lesiones infringidas, sus restos ya no se encuentran en las mismas condiciones para tal fin.
“Hasta la fecha es un caso totalmente impune. Cada día y cada año que pasa nos vemos más angustiados porque se va perdiendo información, evidencia y testimonios. La justicia tiene que ver con que se compruebe quiénes fueron – efectivamente– los que cometieron este crimen, pero pinta para quedar sin respuesta”, lamenta.
Cuitláhuac Mondragón –que en últimos años ha fungido como vocero de la familia Mondragón Fontes– puntualiza que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno de México les han bloqueado el acceso a la carpeta de investigación, incluidos peritajes y autopsias, bajo el argumento de que este derecho le corresponde únicamente a la viuda de Julio César, Marisa Mendoza, quien tiene una defensa legal distinta.
Pero la autoridad se ha contradicho en torno a este hecho, y ha sugerido a la familia Mondragón Fontes que puede consultar la información del caso en juzgados de Tamaulipas, lo que les es imposible debido su situación económica.
La familia del estudiante está consciente de que podrían pelear la reparación económica, pero anticipa que su único objetivo es conocer la verdad de lo ocurrido. “Como familia no nos importa demandar la reparación del daño, y lo que hemos estado exigiendo es que se haga justicia”, resalta el tío de Julio César.
Los abogados de la Red Solidaria Década contra la Impunidad explican que ante el Sistema Interamericano se estaría solicitando una reparación integral del daño para la familia Mondragón Fontes, es decir, más allá de lo económico demandarían el reconocimiento de un crimen de Estado que no se investigó.
“Muchas veces piensa el Estado que con dar una compensación económica ya solucionó la situación. En este caso se estará pidiendo, en primer lugar, investigar realmente lo que ocurrió con Julio César, ofrecer una disculpa pública a su familia, hacer públicas las sentencias de la CIDH y, en caso de que llegue a la Corte, exigir la no repetición y nombrar un espacio público en memoria de Julio”, puntualiza Ernesto Rodríguez.
A una década del crimen, en el caso de Julio César Mondragón siguen rondando las mismas preguntas: ¿Cuántas personas participaron en su asesinato? ¿Por qué le arrancaron el rostro? ¿Por qué no fue víctima de desaparición? ¿Dónde están los supuestos testigos? Y las indagatorias no logran responder a ninguna.
El normalista relegado
Julio César Mondragón era un joven alto, de complexión “imponente” y carácter extrovertido. Lo describen como apasionado de la lectura y del frontón, pero también de la crítica social. El estudiante venía de una familia de normalistas y se mudó del Estado de México a Guerrero con la ilusión de convertirse en profesor normalista.
Cuando inició sus estudios en la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, Julio César estaba casado y tenía una hija recién nacida. Además de su esposa y su pequeña, sus familiares más cercanos y entrañables eran Lennin, su hermano menor; Afrodita Mondragón, su madre; dos tíos que lo veían como a otro hermano y un abuelo que lo crió como si fuera su propio hijo.
Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, Julio César intentó esconderse de la segunda agresión armada por parte de la Policía Municipal de Iguala hacia los normalistas. El joven fue interceptado y conducido por sus captores al lugar de su hallazgo, donde antes del homicidio fue golpeado y torturado, según un dictamen forense de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La mañana del 27 de septiembre de 2014, el cuerpo de Julio César Mondragón Fontes fue hallado en un camino de terracería en Iguala, Guerrero. Sus seres queridos supieron que se trataba de él: tenía su vestimenta, su complexión y sabían que estuvo presente en los hechos del 26 de septiembre en Iguala, donde otros 43 estudiantes fueron desaparecidos. Más tarde, las muestras de ADN confirmaron la identidad del joven de 22 años.
En noviembre de 2015, a sugerencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cuerpo de Julio César fue exhumado para realizarle una segunda autopsia, cuyos resultados se publicaron en junio de 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La autopsia reveló que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico por instrumento contundente y que el cuerpo presentaba un mayor número de fracturas graves en cara, cráneo, cuello y tórax, de las que inicialmente había reportado la Procuraduría de Guerrero. En total, se contabilizaron 40 huesos rotos. Además, el EAAF confirmó que el rostro y un ojo de Julio César fueron retirados en su totalidad con un instrumento cortante y no por la fauna del lugar, como se manejó en la versión oficial de la Procuraduría del estado.
A diferencia de sus 43 compañeros normalistas desaparecidos, Julio César Mondragón sí fue encontrado. A él y otros cinco estudiantes los asesinaron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Ya no se trataba de un caso de desaparición forzada, sino de tortura y ejecución extrajudicial, lo que marcó una distinción en las investigaciones.
La exigencia de justicia tampoco fue la misma. Mientras que en las calles y en las instancias gubernamentales se hacía eco sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, Julio César Mondragón era nombrado en menor medida, “como si el intento por borrarlo estuviera funcionando”, alega su tío.
“El caso de Julio César ha estado omitido desde un principio, quizá por la crueldad y la tortura. A diferencia de los 43, mientras no se sepa dónde están o quién se los llevó es difícil que se juzgue, pero con Julio César había todas las pruebas de una ejecución extrajudicial relacionada con los mismos sucesos de Iguala, y sin embargo lo han manejado como un caso aislado, cuando no lo es. Aquí también hubo responsabilidad del Estado”, reclama Cuitláhuac Mondragón.
El tío de Julio César recuerda que cuando fueron a reconocer el cuerpo del joven las autoridades les informaron que el delito se clasificó como homicidio, aún cuando eran visibles las huellas de la tortura brutal que sufrió.
Hasta la fecha, en el expediente oficial se mantiene el delito de homicidio, pese a que en los dictámenes de la CNDH, del GIEI y del EAAF se confirma que hubo tortura y ejecución extrajudicial. “No le cambiaron ni una sola palabra”, dice Cuitláhuac.
Criminalización de Julio César y su familia
El 12 de septiembre de 2014 fue el último día que Cuitláhuac Mondragón vio con vida a su sobrino.
A la mañana siguiente de la “noche de Iguala”, el 27 de septiembre de ese mismo año, la familia de Julio César intentó llamarle a su celular, pero nadie respondió. Ese día se enteraron por las noticias y redes sociales que habían encontrado un cuerpo en un camino de terracería. Después, sabrían que se trataba del joven originario del Estado de México.
Cuando encontraron a Julio César su teléfono celular no estaba, pese a que la noche del 26 de septiembre le estuvo reportando a su esposa Marisa los ataques de Iguala. En 2015, a solicitud de la viuda del normalista, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) requirió a una compañía telefónica los registros para localizar el móvil.
La compañía entregó la sábana de llamadas, mensajes y uso de datos móviles del celular de Julio César y ahí se detectaron mensajes de texto enviados de octubre de 2014 a abril de 2015, es decir, hasta siete meses después de su asesinato. La actividad del celular del joven provenía del Campo Militar Número 1, en Naucalpan, Estado de México, y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la Ciudad de México.
“Estas evidencias también las van a desaparecer, porque son un indicador de quién perpetró los ataques en Iguala y la tortura y el asesinato de Julio César. Nos dice que el responsable está por encima del gobierno, y ese es el Ejército”, apunta Cuitláhuac Mondragón.
El tío de Julio César señala que este tipo de pruebas, en lugar de favorecer a la investigación, han perjudicado la memoria de su sobrino. “De Julio César han dicho que era militar, policía, agente del Cisen y hasta líder de Los Rojos (organización criminal en Iguala). Lo han criminalizado de todas las maneras posibles. Y así han tratado todos los crímenes de Estado para lavarse las manos”, dice Cuitláhuac Mondragón.
En una década, la búsqueda de justicia por el caso del normalista ha traído consecuencias graves para la familia Mondragón Fontes. Entre ellas, Cuitláhuac acusa que la impunidad cobró la vida de su papá, quien crió a Julio César y a su hermano Lennin como a hijos propios.
Además, destaca que hay una niña de casi 10 años, hija de Julio, que está creciendo sin su padre, mientras que la familia, ha sido acusada por medios locales de ser parte del crimen organizado.
Y por si fuera poco, en marzo de 2022, Lennin Mondragón, hermano menor de Julio César, fue víctima de un intento de homicidio al ser baleado mientras conducía su camioneta, tal como consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado de México.
“Desde hace 10 años no vivimos una vida normal: nos han vigilado, perseguido y hasta han atentado contra nuestras vidas. Es como si estuviéramos presos, porque psicológicamente nunca vamos a aceptar que lo de Julio César fue un homicidio aislado. Y no vamos a parar, lo primero es lograr la justicia para mi sobrino”, enfatiza Cuitláhuac Mondragón.
La situación ha obligado a la mayor parte de la familia de Julio César (su mamá, su hermano y otro tío) a mantenerse alejados de los micrófonos, pero es a través de Cuitláhuac como siguen exigiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Hace 10 años fue la última vez que Cuitláhuac Mondragón y Julio César se reunieron y pese a que sigue pasando el tiempo, el tío del normalista no deja de imaginarse cómo sería la vida si su sobrino aún viviera. Tendría 32 años, realizando su sueño de ser maestro normalista y hasta manejando un negocio propio. Y así, es como prefiere mantenerlo en su memoria.
“Sería un excelente maestro, un buen padre, una persona crítica y liberal, estuviera practicando deportes. No lo visualizo como político ni nada de esas cosas, porque era apartidista. Él ahorita fuera productor de aguacate y de chicharrón, como el resto de la familia, que además de ser maestros tenemos nuestros huertos. Creo que Julio César también tendría su huerto. No lo visualizo de otra manera”, concluye su tío.