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2021

Al menos 5 candidatos acusados de simular ser indígenas ganan una diputación federal

Los aspirantes recibieron acusaciones de ciudadanos, abogados y organizaciones de usurpar la identidad indígena para contender en su distrito.

mujeres indígenas
Las mujeres indígenas enfrentan varios desafíos para alcanzar una candidatura. Foto: oaxaca.gob.mx

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Un día después de que inició la campaña electoral para las candidaturas a diputaciones federales el pasado 5 de abril, un grupo de indígenas choles y tzeltales impugnaron la candidatura Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, y legisladora que buscaba la reelección por el distrito 1 de Chiapas, con cabecera en Palenque.

A pesar de los reclamos promovidos por diversos ciudadanos que acusaron que la pariente del presidente no representaba a la población indígena de esa zona, el el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los desechó y validó el registro con su acta de nacimiento y una constancia del ayuntamiento.

Tras las elecciones del domingo, Obrador Narváez se perfila para ganar su distrito y así reelegirse para un nuevo periodo en la Cámara de Diputados

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Como Manuela del Carmen, al menos otros cuatro candidatos señalados por organizaciones sociales, activistas y abogados comunitarios de no representar a las comunidades indígenas se perfilan a ganar una diputación federal, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE.

“Desafortunadamente no estaremos bien representados en el Congreso de la Unión. Los candidatos que ganaron no representan los intereses de las comunidades indígenas porque no son indígenas y seguramente basarán sus decisiones en el capricho de sus patrones”, cuestiona Gabriel Méndez, un abogado comunitario chiapaneco.

El de Palenque es uno de los 21 distritos electorales en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán donde el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó implementar acciones afirmativas para impulsar la participación y representación de personas de origen indígena en la Cámara de Diputados.

Poco después de que la acción afirmativa fue dada a conocer, varios aspirantes comenzaron a ser acusados de usurpar la identidad indígena a través de documentos falsos o inválidos. En otros casos los partidos políticos aprovecharon la flexibilidad de las reglas electorales para postular, por ejemplo, a personas que nacieron en un municipio predominantemente indígena, pero que no necesariamente habían vivido o trabajado ahí.

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Otra persona con las mismas acusaciones que aventaja según el conteo es Roberto Antonio Montejo Rubio, exsecretario técnico del exgobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello, y quien contendió en el distrito 11 de Chiapas. Este caso llegó hasta el INE y el organismo opinó que no había pruebas suficientes sobre el vínculo del candidato con el municipio de Las Margaritas, cabecera de ese distrito; no obstante, el TEPJF consideró lo contrario y le autorizó participar en la contienda.

En Chiapas también está Adela Ramos Juárez, virtual ganadora en el distrito 2 con cabecera en Bochil. La candidata fue señalada por la Red Nacional Indígena por presuntamente desplazar a aspirantes de zonas rurales, pero las críticas no fueron escuchadas por las autoridades.

“Los partidos políticos no tienen interés de postular a personas indígenas ni cumplir con acciones afirmativas”, acusa el abogado Méndez.

Usurpación en otros estados

Además de Chiapas, en los estados de Guerrero e Hidalgo hay candidatos acusados de usurpar la identidad indígena y que con los resultados preliminares se habrían ganado un lugar en la Cámara de Diputados.

En Guerrero, Victoriano Wences Real, expresidente municipal de Tlapa, obtuvo una victoria en el distrito 5. Su candidatura fue impugnada por representantes de etnias indígenas en el interior del partido Morena, quienes lo acusaron de obtener un documento para acreditar su pertenencia a la comunidad de Ahuatepec Pueblo sin ser cierto.

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En Hidalgo, dos líderes indígenas Nahua y Hñähñu acudieron al INE para tratar de frenar la candidatura de Sayonara Vargas Rodríguez, quien tiene experiencia en el sector de la educación pública en su estado, pero al final la candidata terminó ganando en el distrito 1.

Cuatro de las cinco personas acusadas de usurpar la identidad indígena y que se perfilan para ganar una curul en la Cámara de Diputados pertenecen a la coalición Morena-Verde-PT, mientras Sayonara Vargas compitió por la coalición PAN-PRI-PRD.

“Realmente muchos de los candidatos que participaron no representan a las comunidades indígenas”, expresa Pascual de Jesús González, coordinador del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México. “Para las próximas elecciones (las autoridades electorales) deberán poner más candados para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas y las acciones afirmativas que en esta ocasión fueron violentadas”, añade el activista.

La 65 legislatura en la que estarán presentes todas estas personas iniciará el próximo 1 de septiembre y se extenderá hasta mediados del 2024, año en la que también concluirá el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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