Siguen las protestas en Colombia contra el gobierno de Iván Duque y la represión policial. En una semana, ya van 37 fallecidos.
“Nos pasamos la noche tratando de contener violencia y la mañana visitando hospitales. ¡Eso no puede ser la vida!”, se lamentaba el 5 de mayo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en relación con los disturbios que hubo en la madrugada anterior en la capital colombiana. Esa noche fue de las más violentas desde que empezaron las protestas el 28 de abril. El saldo: 104 policías y 110 ciudadanos heridos.
Colombia vuelve a estar en la mira estos días no solo por las reivindicaciones de ciudadanos pacíficos en varias ciudades del país y de connacionales en el extranjero, como en la Ciudad de México. Sino también por la brutal represión policial y militar, condenada por organizaciones como la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas, y colombianos de renombre, como la cantante Shakira.
Amnistía Internacional publicó un video con evidencias audiovisuales de policías lanzando gases lacrimógenos a corta distancia y cañones de agua; usando armas letales contras los manifestantes y vehículos blindados disparando balas indiscriminadamente.
La organización civil Temblores ONG tenía registrados, al mediodía del 5 de mayo, 222 víctimas de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 312 intervenciones violentas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos de arma de fuego y 10 víctimas de violencia sexual.
Las marchas han sido convocadas por el Comité Nacional de Paro, una organización formada por sindicatos y centrales obreras, y se conocen como Paro Nacional en Colombia. En menos de una semana, ya se apuntan una victoria: el retiro de la reforma tributaria, que detonó la nueva ola de descontento social en las calles.
Aunque siguen las reivindicaciones, fruto de frustraciones acumuladas: retraso en la aplicación de los Acuerdos de Paz, que está llevando al país a cifras récord de asesinatos; una propuesta de la Ley de Salud criticada por pretender privatizar el sector; pobreza que roza el 42% de la población; vacunación lenta o la necesidad de una reforma policial.
El presidente Iván Duque condenó la violencia y vandalismo de los manifestantes. En ciudades como Santander, por ejemplo, los bloqueos en las vías impidieron la llegada de oxígeno. “El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico, como lo denunció el fiscal general de la nación”, dijo. En ningún momento condenó la violencia de la policía y los militares contra los manifestantes.
El 4 de mayo anunció que se instalaría un espacio de diálogo con todas las instituciones —partidos políticos, sector privado, líderes sociales y civiles— para acelerar el plan de vacunación masiva, reactivar la economía, garantizar los programas sociales y la protección de los más vulnerables.
El miércoles las protestas siguieron. La-Lista habló con Emilia Márquez, una de las directivas de Temblores ONG. Asegura que esta última semana de violencia es inédita en el país.
Emilia Márquez: Nunca a este nivel, 37 casos de violencia homicida no se habían visto en Colombia hacía demasiado tiempo en el marco de una protesta. Hay un pequeño antecedente que denunciamos en su momento, en la ciudad de Bogotá, cuando la policía asesinó a Javier Ordoñez en septiembre 2020.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) es el brazo de la policía que se encarga de las protestas pacíficas. Lo que estamos viendo en los últimos 10 o 20 años era que usaban armas de letalidad reducida, como gases lacrimógenos, muchas veces por fuera de protocolos. Pero desde 2020, sacan armas de fuego letales y las están disparando indiscriminadamente contra la población civil. Hay 110 casos de disparos con armas de fuego. Eso no tiene precedentes.
Hemos podido registrar que en el gobierno de Duque ha habido una alza grande en la violencia policial y en los asesinatos de líderes sociales. No sabemos claramente cuál es la directriz ni qué se les está diciendo (a los policías) cuando salen a las calles. Pero sí vemos que no sanciona este tipo de violencia homicida y contraria al derecho a la protesta social. Cada día nos despertamos con más y más muertos dentro del país en manos de la policía.
Es una entidad dentro de la policía que tiene la capacidad de controlar, dispersar si hace falta y retener la protesta pacifica con esas armas de letalidad reducida. El problema es que no siempre lo son. Si se usan fuera de ciertos protocolos, pueden matar, quitar ojos, piernas, ahogar a la gente. Hasta el 2019, en sus 20 años de existencia había asesinado a 34 personas.
Hay polémica de cuándo se debe mandar al Esmad a que salga, porque cuando está presente en las marchas, hay casos de alta violencia policial.
Hay acciones que claramente no son pacíficas dentro de la protestas, pero cuando estamos hablando de Estado de Derecho y Estado democrático, no podemos equiparar la fuerza pública con la ciudadanía. Si una persona comete un acto que tiene una sanción legal, hay un debido proceso que se debe seguir. No puede ser que justifiquemos que la policía esté disparando a fuego abierto.
Recibimos un video de unos policías que estaban metiendo a unas mujeres en el vehículo policial y se ve que dicen a sus compañeros: “háganles lo que quieran”, una clara incitación a violencia sexual. También, videos de policías que disparan a fuego abierto dentro de los barrios, incluso de las casas. La de un profesor de una universidad pública que fue impactado en un ojo con una arma de la policía, mientras se estaba manifestando pacíficamente con sus estudiantes…
Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, la carga emocional es altísima, de personas pidiendo ayuda y muy desesperadas, porque sienten que no hay garantía de sus derechos ni de su vida.
Hemos podido ver en nuestros registros que la protesta durante el día sí logra mantenerse dentro de un marco más seguro, más pacífico. Pero apenas empieza la noche, se intensifica la violencia policial y empiezan a haber unos grados de violencia muy grandes. Suele pasar porque a esa hora la marcha ya no es tan grande, ni unida en un solo punto, ni en vías principales, sino que se empieza a dividir y empiezan a entrar en los barrios.
Estamos trabajando en una campaña para pedir un cuerpo más garante de los derechos humanos y de la seguridad de la ciudadania. La reforma busca bastantes cambios, entre ellos, que se saque a la policía de la jurisdicción militar, porque ha dificultado que las víctimas de violencia policial accedan a la justicia en este país.
Es una deslegitimización total de la protesta. Este tipo de discurso, sin que el gobierno ofrezca pruebas de lo que esta diciendo ni de cómo lo descubrieron, lo que genera es criminalizar la protesta social y es un peligro por la democracia y, obviamente, para las personas que se están manifestando.
Tenemos historia muy grande de narcotráfico y grupos armados al margen de la ley, entonces es un tema muy fácil de lanzar por parte del gobierno, y decir que otra vez es la guerrilla. Es peligrosísimo acusar a una persona que se manifiesta de ser parte del narcotráfico o de la guerrilla. Es equipararlo a una persona como, por ejemplo, Pablo Escobar, que causó millones de muertos al país. No se puede decir a la ligera porque puede generar persecución por parte de grupos al margen de la ley, como paramiliatares, hacia las personas que están marchando.
Está muy bien que dialogue, pero en este punto necesitamos más garantías y una directriz del presidente a las fuerzas armadas para que cesen la violencia indiscriminada contra la población civil. Una mesa de diálogo en el palacio mientras asesinan a los ciudadanos no nos sirve.
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