El acceso a otros derechos de las mujeres no ha guardado relación con el derecho al voto

¿Cuánto ha avanzado la mujer a partir del sufragio en México?

En México, el derecho de las mujeres a votar fue reconocido primero a nivel estatal. San Luis Potosí lo reconoció en 1923, Chiapas en 1924. A nivel municipal en todo el país fue reconocido por decreto presidencial en 1947 y seis años más tarde, en 1953, se reconoció el derecho de las mujeres a votar para elecciones federales a pesar de que desde 1934, el presidente Cárdenas ya había enviado una iniciativa al Congreso para la aprobación del voto femenino.

Aunque esta fecha parece tardía, no es muy alejada de la época en que el derecho de las mujeres al voto se reconoció en la región latinoamericana y países del sur global. Lo que sorprende es que el acceso de las mujeres a la educación media superior, por ejemplo, comenzara a finales del siglo XIX en muchos de esos países, incluido México.

No bastó que la mujer tuviera formas de participación política para la exigibilidad de otros derechos a inicios del siglo XX para que fluyera un reconocimiento sólido del derecho al voto de las mujeres. Por ejemplo, la participación de la mujer en la Revolución Mexicana con brotes organizados como el de las llamadas Hijas de Cuauhtémoc o bien en los propios bloques militares, o bien que en 1914 se permitiera el divorcio en la legislación civil como resultado de una amplia lucha, o que fuera activa y organizada la participación de las militantes anarcosindicalistas del Partido Liberal Mexicano, no fueron reconocidas ni influyeron directamente para que el voto fuera un derecho para las mujeres en las primeras décadas del siglo. Tampoco bastó la celebración del Primer Congreso Feminista en Mérida en 1915 que convocó a mujeres de todo el país para que el derecho al voto de las mujeres fuera reconocido en la Constitución de 1917 a pesar de que sí se les reconocieran otros derechos sociales como los laborales.

Ejemplos de participación política de las mujeres son también la fundación en 1919 del Consejo Feminista Mexicano, la celebración en 1920 de un congreso de obreras y campesinas y en 1923 del Primer Congreso Nacional Feminista con exigencias como la búsqueda del voto, de una moral sexual que no discrimine, guarderías, comedores públicos, coeducación para jóvenes y protección a trabajadoras domésticas.

Si bien en 1953 se abrió el voto para elecciones federales, fue hasta 1979 que fue electa la primera gobernadora del país. De entonces (1953) a ahora, casi 70 años después del reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, ha habido un incremento tanto en el padrón de candidatas como en el porcentaje de mujeres que votan.

Es decir que, durante el siglo XX, no parece haber una asociación necesaria entre el reconocimiento del derecho de votar y ser votada con el avance normativo y fáctico de otros derechos de las mujeres y no puede observarse una relación directa entre el reconocimiento de ese derecho político y otros derechos de las mujeres.

No obstante, en el siglo XXI sí puede observarse un avance en algunos aspectos, quizás porque también comenzaron a registrarse datos desagregados. Al comparar la participación de votantes por género entre las elecciones intermedias de 2009 y 2015, se observa un aumento de 3.5% de mujeres votantes entre una elección y la otra, y un aumento de 2.4% de hombres.

En conclusión, podría decirse, en primer lugar, que el ejercicio al derecho al voto no se puede extrapolar al ejercicio y respeto de otros derechos humanos de las mujeres pues cada uno de ellos hace frente a otras circunstancias. Es decir que el acceso y reconocimiento de otros derechos de las mujeres -como educación, trabajo, patrimonio- no ha guardado relación necesaria o directa con el reconocimiento del derecho al voto, principalmente en el siglo XX.

Como segundo aspecto, es preciso señalar que el derecho a votar y el derecho a ser votada han seguido rumbos distintos. Este último ha seguido un avance más lento. La primera gobernadora mexicana fue electa en 1979 y fue necesario establecer acciones afirmativas como las cuotas y luego la paridad para poder equilibrar la contienda electoral en términos de género.

Sumado a ello, vale la pena mencionar que la participación política de la mujer ha antecedido y sido causa del reconocimiento normativo del derecho al voto como icónico de derechos políticos. Estos aspectos han sido una característica no solo en nuestro país, sino a nivel regional y global, y quizás tengan que ver con otra característica global que son las resistencias entre el reconocimiento de la esfera doméstica o privada de las mujeres y la esfera pública, entre otras cuestiones.

¿Cuál es el estado actual de la mujer en las decisiones de poder?

El derecho de las mujeres a ser votadas y por tanto, a acceder a puestos representativos que se traduzcan en toma de decisiones de poder ha tenido un avance mucho más lento y ha requerido de acciones afirmativas. En 1996 se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que los partidos políticos nacionales tendrían que considerar dentro de sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no excederían del 70% para el mismo género -provocando la inclusión de, por lo menos, 30% de mujeres como candidatas- pero fue hasta el 2008 que dicha normativa se reformó para dar presencia a las mujeres con por lo menos el 40% de candidaturas hasta llegar al 50% a partir de la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2014 relacionadas con el Poder Legislativo.

En 2019, con la reforma constitucional al artículo 41 de la Constitución, se reconoció la paridad en los tres poderes y órganos autónomos, sin embargo, si bien estas modificaciones pretenden hacer frente a las desigualdades y poner en marcha la democracia representativa, la realidad es que aún falta mucho para equilibrar las condiciones que signifiquen un “piso parejo” para la contienda.   

Lo anterior, ya que las mujeres que logran tener puestos de liderazgo enfrentan otros tipos de desventajas como la violencia de género en sus diferentes expresiones, incluida la política, la persistencia de la feminización de los cuidados y trabajo doméstico, y las brechas de desigualdad en el acceso a derechos como educación y trabajo, entre otros.  

Lo cierto es que sí se observa que, en el siglo XXI, existe una asociación mayor entre la paridad en la participación legislativa y el avance de algunas agendas de derechos de las mujeres como el reconocimiento de la violencia de género. Entre más se avanza en la transición y elaboración de normas que permitan acceder a las mujeres a puestos de poder y que se rompa la idea de que estos deben estar concentrados en sectores tradicionalmente asociados con roles femeninos como Familia/Niñez/Juventud/Adultos Mayores/Discapacidad y asuntos relacionados con la Mujer/Igualdad de Género/Medio Ambiente, se sigue avanzando hacia el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

¿Qué políticas públicas o programas hacen falta enfocados para reducir la brecha de desigualdad de género?

Sin duda, una agenda fundamental para la equidad entre hombres y mujeres es la implementación de un Sistema de Cuidados diseñado de manera integral, que beneficie directamente a titulares de derechos de diversos grupos de atención prioritaria en función del ciclo de vida y condición de discapacidad, a partir del reconocimiento de la feminización de los cuidados.

Sumado a ello, es preciso que se consoliden prácticas concretas a nivel administrativo y judicial para el respeto y garantía de los derechos de las mujeres ya reconocidos en nuestro bloque de constitucionalidad y legislación secundaria. Esto es así pues se observa que es en la implementación e interpretación normativa en la que aún no se hacen valer los derechos de las mujeres, en especial a una vida libre de violencia.