Juezas de Oaxaca exigen paridad en el Poder Judicial
Imagen: celag.org

El trabajo de Erika María Rodríguez Rodríguez no es sencillo. Se dedica a impartir justicia, aunque en ocasiones se vuelve víctima de agresiones por ser mujer. Recuerda que en 2015, cuando le dieron el cargo de jueza en la capital del sureño estado Oaxaca, a sus 36 años, algunos de sus colegas murmuraban que alguien la había apadrinado. “¿Quién la trae?”, era una pregunta que se hacían en voz baja dentro del Consejo de la Judicatura estatal.

Poco después, cuando en 2016 le tocó presidir la primera audiencia del nuevo sistema de justicia penal en la capital del estado, las críticas volvieron. La jueza considera que fue cuestión de suerte el que le haya tocado el primer detenido, pero sus colegas no lo veían igual e insinuaban que sostenía una relación con alguien que le ayudaba a ascender. 

“A mí, esas cosas siempre me han pasado. Si no es porque te están cogiendo es porque te están queriendo coger o, como dicen aquí vulgarmente, porque ya diste las nalgas, por eso es que tienes un lugar, pero no es cierto, es por tus capacidades”, critica Rodríguez.

En el 2015 había 62 mujeres y 72 hombres que ocupaban el cargo de juez, una cifra cerca de la paridad, pero la juzgadora asegura que, en el fondo, las mujeres aún enfrentan obstáculos para ascender dentro del Poder Judicial y sufren comentarios misóginos.

Su experiencia ha sido una contante que ha llevado a que 40 juezas del estado se unan para formar una asociación civil que busca defender los derechos de las mujeres que trabajan dentro del Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Oaxaca

Definitivamente siempre es más difícil para la mujer el poder acceder a estos cargos, a escalar ciertas posiciones que hay al interior mismo del Consejo de la Judicatura y del Tribunal”, señala Guadalupe Verónica Rueda Contreras, juez del Quinto Distrito Judicial del Centro de Oaxaca y otra de las promoventes de la asociación civil.

En su caso la jueza Rueda Contreras no se ha enfrentado a comentarios misóginos, pero sí ha sentido el desaire de la sociedad cuando realiza su trabajo. Pone de ejemplo los casos de violencia doméstica contra las mujeres, cuando ella ordena a un agresor salir de la casa de la víctima y él no la obedece porque es una mujer quien da la orden.

“No sé si sea una cuestión cultural en la que, a veces, si es una mujer la que da indicaciones en un asunto de materia familiar, es más difícil para el varón asimilar la indicación, es decir, acatar lo que la juez le está diciendo”, lamenta Rueda.

Hasta el 2020, el Poder Judicial de Oaxaca se conformaba por 970 trabajadoras y 733 trabajadores, un 32% más mujeres, pero los cargos más altos de juez y magistrado los ocupaban principalmente los hombres, según el apartado de “Estructura Organizacional y recursos” del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para el 2020 había 19 magistrados hombres y seis mujeres, así como 71 jueces hombres y 63 mujeres. En el resto de cargos, que son de un rango menor, predominaban las mujeres. Ellas eran secretarias de acuerdo, actuarias y notificadoras, secretarias de estudio y administrativas.

Actualmente, según el directorio actualizado del Tribunal Superior de Justicia, hay 20 hombres y ocho mujeres con una magistratura. Las cosas no han cambiado y la paridad sigue sin alcanzarse.

Con base en las cifras del Inegi, la organización México Evalúa identificó que este patrón se repite en el país. Hasta el 2020 las mujeres representaban el 53% del personal de los poderes judiciales locales del país, pero ellas solo ocupaban el 35% de las magistraturas en los tribunales superiores de justicia, el cargo más alto a nivel estatal.

La organización de juezas será inédita en Oaxaca

La jueza Guadalupe Rueda explica que en el estado hay 72 mujeres que ocupan actualmente el cargo de jueza o que ya se retiraron. De ellas, 40 han aceptado unirse a una organización que sigue en proceso de conformación y que tentativamente podría llamarse Asociación de Juzgadoras de Oaxaca.

“Esta asociación de juezas que se está creando no tiene precedentes en el estado, es la primera vez que nos vamos a constituir formalmente las mujeres juzgadoras”, dice la jueza Rueda. “La inquietud de organizarnos surge de la obligación que tenemos en nuestro trabajo de aplicar la perspectiva de género en todos aquellos asuntos donde sea necesario, pero lo que hemos observado es que precisamente nosotras, que somos las que impartimos justicia con esta perspectiva, estamos un poco olvidadas”.

Rueda recuerda que los inicios de su carrera fueron complicados porque se tuvo que alejar de su hija. A ella la adscribieron a un juzgado de Salina Cruz, a seis horas de donde vivía, y solo podía ver a su pequeña los fines de semana. Así fue durante nueve años, prácticamente desde que su niña entró a la primaria y hasta que terminó la secundaria. 

Esta falta de flexibilidad y la dificultad de escalar de puestos ha provocado que algunas mujeres decidan abandonar su cargo. “Hay quienes han tenido mejores ofertas de trabajo y dejan su empleo o piden una licencia para buscar mejores opciones, sobre todo mejorar el salario porque, en realidad, el salario que percibe una mujer juez, que muchas veces es el único sostén del hogar, es muy bajo”.

La jueza Rueda dice que una demanda de la nueva organización de juezas será que se tenga en cuenta que las mujeres no solo realizan sus labores judiciales, sino que son madres y debe haber un equilibrio entre su trabajo y su maternidad. Sobre la mesa también está la exigencia de que las mujeres puedan acceder a los cargos más altos, las magistraturas y los juzgados.

Para las juezas oaxaqueñas ganar esta batalla no será sencillo. La jueza Erika Rodríguez dice que en el estado aún cuesta trabajo que la sociedad acepte que una mujer puede ocupar un cargo público elevado. 

“Creen que una mujer no es capaz de hacer esas cosas, que necesita que tenga un hombre atrás que la ande moviendo como monigote”, cuestiona Rodríguez.

Las juezas de Oaxaca esperan presentar su organización social este mismo año ante la sociedad y comenzar a hacer actividades públicas. Siembre bajo un lema que será el estandarte de su lucha: “Estar juntas para hacernos visibles”.

La disparidad de género en el Poder Judicial podría ser revisada por la CIDH

La disparidad de género en el Poder Judicial de Oaxaca también podría ser analizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La jueza Erika Rodríguez llevó este tema al organismo internacional porque en 2021 fue seleccionada por el Congreso local para ocupar una de las dos magistraturas que estaban libres en el Tribunal Superior de Justicia, pero el gobernador Alejandro Murat designó a un hombre en ese puesto y no a ella.

La designación está envuelta en un cúmulo de irregularidades. La jueza Rodríguez aprobó un examen que le hizo el Consejo de la Judicatura, luego fue elegida por el mismo gobernador Alejandro Murat en una terna de candidatos para competir por la magistratura, y la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Oaxaca la eligió para el puesto. 

Solo faltaba que la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca citara a una sesión del pleno para ratificar a Erika como magistrada antes del 3 de mayo del 2021, pero eso no sucedió. Y como el Poder Legislativo no hizo su designación, esta responsabilidad pasó a ser del gobernador Alejandro Murat, quien al final seleccionó para las dos vacantes de magistrados a Moisés Molina Reyes, quien había trabajado en su gabinete desde 2018, y Abraham Soriano, exconsejero del Consejo de la Judicatura local.

Este procedimiento fue criticado incluso por Diego Pérez-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre Independencia Judicial de Magistrados y Abogados. “Preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Erika María Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado. El gobernador designó a otra persona, un varón. Ello afecta el derecho de la magistrada y el principio de paridad de género”, señaló el relator.

En México en 2019 el Congreso de la Unión aprobó reformas a nueve artículos de la Constitución para garantizar que las mujeres ocupen la mitad de los cargos de decisión política en los gobiernos federal, estatal y municipal, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca esto no se cumple porque mujeres como Rodríguez no forman parte del 50% de las magistraturas.

Después de las irregularidades en su proceso, la jueza Rodríguez interpuso un amparo contra la designación de Reyes y Soriano, mientras la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca la denunció a ella el 17 de junio de 2021 por cometer delitos contra la Ley de Amparo. La acusación de las autoridades se basa en que la jueza “ocultó información” en el recurso legal que interpuso por no haber dicho que anteriormente ya había participado en una convocatoria para ser magistrada. Hasta ahora ella no ha tenido acceso a la carpeta de investigación y no ha sido citada a declarar.

En medio de este conflicto legal, y como si fuera una contradicción, el mismo Congreso de Oaxaca que omitió confirmar la designación de la jueza Rodríguez y que inició todo este problema pidió, a través de un Punto de Acuerdo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el amparo que la juzgadora había interpuesto.

Sin embargo, la Segunda Sala negó atraer el caso con el argumento de que ya existe una tesis jurisprudencial que indica que el recurso de amparo no se puede interponer contra un proceso de elección de magistrados porque esta es una atribución “soberana” de los congresos locales, aunque en el caso de la jueza Erika Rodríguez al final fue el gobernador Alejandro Murat quien hizo las designaciones.

Después del rechazo de la Suprema Corte, la jueza Rodríguez agotó todas las instancias judiciales a las que podía recurrir en México y por eso acudió a la CIDH.

La-Lista buscó a la presidencia Congreso de Oaxaca para saber por qué no convocó a la sesión de Pleno para ratificar a la jueza Rodríguez como magistrada; a la oficina del gobernador Alejandro Murat para conocer por qué no respetó su designación; y al Tribunal Superior del estado para saber su opinión sobre el proceso. Al cierre de esta edición solo el Tribunal, por medio de su equipo de comunicación social, se limitó a señalar que “en su momento el plazo que tenía el Congreso para la selección de magistrados venció y en consecuencia dio esta facultad al gobernador”.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJED) ayudó a Rodríguez a llevar su caso ante la CIDH. Esta organización social espera que este asunto sirva para que el organismo internacional se pronuncie sobre la paridad de género que debe existir en los poderes judiciales, así como la autonomía que debe haber en los tribunales, luego de que Alejandro Murat seleccionó a uno de sus exfuncionarios para ser magistrado.

“Las mujeres no logran ocupar altos cargos porque no se adoptan las medidas afirmativas para facilitarles el acceso tomando en cuenta que tienen otras cargas basadas en estereotipos de género, como el cuidado familiar o de los hijos”, señala Marisol Méndez, coordinadora del área de Incidencia de la FJED.

Sobre la autonomía que debe existir en los poderes judiciales, la experta agrega: “El hecho de que no haya estándares internacionales en los procesos de designaciones abre la puerta a que personas ocupen cargos públicos sin cumplir con requisitos de independencia o imparcialidad”.

Aún no hay una respuesta de la CIDH a la petición de revisión, aunque la Fundación y otras asociaciones que han mostrado su apoyo consideran que el caso cumple con las características necesarias para ser revisado en el ámbito internacional.

“Lo principal que se está alegando es la violación al principio de paridad de género porque no se nos permite a las mujeres llegar a las altas cúspides”, comenta Rodríguez sobre su litigio internacional. “El punto no es que a Erika le den una magistratura, sino que dejen de estar poniendo hombres todo el tiempo hombres y permitan la participación de la mujer”.

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