La-Lista de qué ha pasado con las desapariciones de personas en el gobierno de AMLO

Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre sus prioridades estaría atender el problema de las desapariciones de personas en el país. “Vamos a hacer todo lo que humanamente sea posible” para encontrar a las víctimas, dijo el mandatario el 4 de febrero del 2019.

A partir de ese momento su administración ha aprobado nuevos protocolos, reforzado instituciones y abierto la puerta a organismos internacionales para que colaboren en la búsqueda de personas desaparecidas. Aunque no han dado resultados del todo.

Actualmente en México hay alrededor de 82,538 víctimas de desaparición, según cifras de gobierno federal. La mayor cantidad de afectados se encuentran en Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.

Este lunes se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y en La-Lista te presentamos algunas de las acciones más relevantes que han ocurrido para atender este tema en los últimos dos años y medio.

El 24 de marzo del 2019, tres meses después de haber iniciado su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) frente a decenas de familiares de víctimas de desaparición. “Este asunto de desaparecidos y del sufrimiento de los familiares es la herencia más triste y dolorosa que recibimos al llegar a este nuevo gobierno”, señaló el mandatario aquel día.

El Sistema Nacional de Búsqueda, que agrupa a todas las instituciones dedicadas a este tema, fue creado en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero las dependencias que lo conformaban nunca tuvieron recursos humanos y económicos para operar.

Con la reinstalación del SNB se designó a Karla Quintana Osuna como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En un informe con motivo de sus primeros 100 días de trabajo, la funcionaria acusó que en el sexenio de Peña Nieto, las labores del sistema nacional y de la CNB habían sido una “simulación”.

En febrero del 2019, además de la CNB, había 10 comisiones estatales de búsqueda, pero el gobierno federal ejerció presión en las entidades federativas y un año después ya había 30 instituciones locales. Esto ayudó a que, entre diciembre del 2018 y junio del 2021, las autoridades exhumaran 3,025 cuerpos de cientos de fosas clandestinas.

El trabajo de las comisiones de búsqueda ha traído consigo un aumento en la cifra de cadáveres no identificados. La semana pasada el Movimiento por Nuestros Desaparecidos informó que en México hay 52,004 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses (Semefos).

Algunos de estos cuerpos han estado en los Semefos desde el 2006, pero la falta de recursos económicos y humanos ha provocado que las autoridades no puedan descifrar la identidad de estas personas que podrían tener un reporte de desaparición.

Ante los miles de cuerpos que se han quedado sin identificar, el gobierno federal decidió crear el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un grupo de trabajo que estará conformado por especialistas nacionales e internacionales para descifrar la identidad de las personas que están en los Semefos.

Se tiene previsto que este lunes las autoridades den a conocer a los siete expertos que coordinarán las acciones del MEIF. Estos especialistas determinarán cuántas personas, instituciones y universidades se sumarán a esta gran labor forense.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014, se ha convertido en la prioridad del gobierno federal en cuanto a graves violaciones de derechos humanos. En 2018 se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y al otro año comenzó a operar la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República (FGR).

Estas dos instituciones desmontaron la llamada “verdad histórica” de Ayotzinapa, una versión que aseguraba que los 43 normalistas habían sido quemados en un basurero de Cocula, Guerrero. Luego de realizar una investigación conjunta, las autoridades actuales encontraron los restos de al menos dos alumnos en la Barranca de la Carnicería, un predio ubicado a 800 metros de donde supuestamente habían sido calcinadas las víctimas.

En la investigación del caso Ayotzinapa también participa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde el 2015 esta agrupación de especialistas puso en duda la “verdad histórica” de la antigua Procuraduría General de la República (PGR), motivo que los llevó a abandonar el país en el 2016, acusando presiones del gobierno federal.

Sin embargo, durante el 2020 el GIEI volvió a México luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pidieron a la CIDH su colaboración en las investigaciones.

México le ha abierto sus puertas a los expertos de la CIDH y a quienes conformarán el MEIF, pero aún está pendiente la visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En octubre del 2020 el presidente López Obrador firmó una declaración donde reconoce las competencias del CED que ahora puede analizar y pronunciarse por casos de desaparición cometidas por autoridades en nuestro país. Familiares de víctimas y organizaciones sociales han pedido desde el sexenio pasado que este grupo de trabajo visite México, pero hasta ahora no se ha concretado.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha dicho que posiblemente el próximo mes de noviembre se lleve a cabo la visita del comité, pero hasta ahora no hay confirmación de que esta vaya a ocurrir.

Este año la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece que cuando un menor de edad desaparezca las autoridades tienen que actuar de manera inmediata para encontrarlo.

Esta nueva determinación va en contra de las prácticas de los ministerios públicos, instituciones que esperaban entre 24 y 48 horas para actuar y validar la desaparición de un niño, niña o adolescente.

Este año el Congreso de la Unión abrogó la Ley Orgánica de la FGR, que había sido producto de un diálogo entre legisladores y sociedad civil. En su lugar aprobó un nuevo marco normativo con el que la fiscalía general formará parte del Sistema Nacional de Búsqueda, pero lo hará en su calidad de dependencia “autónoma”.

Esta decisión ha sido criticada por colectivos de víctimas, funcionarios del gobierno federal y organismos internacionales, ya que a su parecer abre la puerta para que la FGR deje de cumplir con sus obligaciones en materia desaparición y tampoco se coordine con otras dependencias que trabajan el mismo tema argumentando su autonomía.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fue quien presentó la nueva Ley de la FGR que ya fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aun con todas las medidas que el gobierno federal ha tomado para acabar con las desapariciones de personas, estas continúan. En lo que va del actual sexenio han sido víctimas de este delito 19,070 hombres y mujeres y hasta ahora solo se tienen 35 sentencias condenatorias contra los responsables.

Las desapariciones en puntos carreteros han marcado este año. El caso más conocido es el de la ruta Monterrey-Nuevo Laredo, donde según cifras de la CNB se han registrado 71 personas desaparecidas, aunque los colectivos de familiares de víctimas aseguran que han sido más de 100.