‘No pasarán’: Así se defienden cientos de comunidades indígenas ante la pandemia

“¡AVISO!”, se lee a pie de carretera en un gran cartel de lámina pintado de negro: “OJO: SE PROHIBE LA ENTRADA a vendedores  EN MOTO Y CAMIONETAS. TAMBIÉN EL PASO A FAMILIARES QUE ESTÉN FUERA. EVITE SER MULTADO”. Al calce, una carita sonriente para no sonar descortés y una flechita: “MULTA: 1000 PESOS”.

Estamos en Chancala Zapote, a unos 15 kilómetros del Quinto Caracol Zapatista, en la selva de Chiapas. Mariano Méndez, es el conductor de la combi que va de rancho en rancho. Tiene que apurarse para hacer más viajes: el transporte va medio vacío y, además, se acaba el tiempo para que lo dejen entrar a su propio pueblo.

Mariano es un indígena maya tzeltal. Por momentos, toma las curvas de la carretera de la sierra más rápido de lo que debería, pero sólo puede trabajar dos días a la semana y debe sacar para la cuenta. “Cerraron entradas y salidas. No dejaban pasar otras personas que no eran del mismo ejido. Los que vienen de afuera a veces vienen contagiados”, cuenta.

Ni siquiera había opción: a la villa donde él nació no se permitió por meses la llegada de transporte público: “(Pusieron una) cadena de acero para que no salga ni entre ningún tipo de transporte”. 

Así. Frases cortas y con carácter. Aquí no hay juegos de lenguaje político: “¿Te quieres quedar a vivir entre nosotros? Éstas son las reglas”: se me figura la voz de esta especie de moral superior que todavía reina por aquí.

Qué tamaño de síndrome de abstinencia para quienes buscaban una caguama tras la faena en el campo. Sin poesía: lo que dio la tierra, eso se comió. 

Mariano es un hombre sonriente y calmo: “estuvo muy bajo (sic) la economía. No podíamos trabajar. Sí, la vemos difícil”. No hay emoción, sino paciencia en las palabras. La medida resultó porque “en esta zona no ha habido muertos, ni ha habido contagios”.

En mayo de 2020, a unos días del primer confinamiento en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una advertencia sobre la situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en temas de Derechos Humanos enfatizaba la obligación de incluir a representantes y autoridades tradicionales en los planes sanitarios en pandemia. No contaban con que, en las Sierras de Oaxaca y Chiapas, eso ya había ocurrido espontáneamente.

Para sorpresa de activistas, gobernadores, chacales y mapaches electorales, así como distribuidores comerciales, la respuesta a las frituras, papitas y galletas, despensas de precampaña, refrescos y agua embotellada fue terminante: NO PASARÁN.

En decenas de asambleas comunitarias a mano alzada (de cuyas actas recopilo constancia), hay evidencia de una organización social sorprendente que ha mantenido a raya al virus a pesar de la carestía (y las presiones económicas que se detonaron en el resto del mundo).

“Se les informa que queda (sic) cerrado todos los accesos a la comunidad”, acta de Santa María Camotlán en la región de Huajuapan de León, Oaxaca.

“Eviten viajar a la comunidad”, acta de San Miguel Tulancingo en la región de Coixtlahuaca, Oaxaca.

“No nos expongas, no expongas a nuestra mamá, a nuestra abuelita”, eran mensajes recogidos en todos los idiomas. Con el mismo aspersor con el que hacían trabajo de fertilización en el pueblo, comenzaron a sanitizar los autos y los productos que llegaban.

Y el que llega después de las 10 de la noche se queda fuera.

‘En mis tiempos no había coca, no había jamón‘

Desde Santa María Quiegolani, en Oaxaca, Eufrosina Cruz recupera una anécdota de su propia madre y describe estrategias centenarias de supervivencia. “Se generó un fenómeno que se nos estaba olvidando: el trueque solidario. Es el quintonil, la verdolaga, un armadillo, una ardillita… o que en la otra comunidad está el que vende el huevo, el que sembró tomate, o uno le manda jabón al otro”.

Eufrosina es símbolo de la lucha por los derechos políticos y de salud de los pueblos indígenas y afroamericanos. Ella conoce cualquier escalón de la discriminación, y conoce cualquier escalón de la determinación. Hasta hace unos días fue Secretaria de Pueblos Indígenas de Oaxaca y hoy reflexiona sobre esa lección de civilidad, razonamiento colectivo y decisiones para tomar el destino de la salud en sus manos: “seguimos estando en desventaja: el hospital más cercano habilitado para Covid19 sigue estando a 5 horas, a 6 horas“. Y agrega, “los habitantes están conscientes: ‘Quizá cuando yo llegue —porque esa es la costumbre- si no voy recomendado, pues no me atienden.”

No hay cariño que valga. No hay: “me voy a mi pueblo”, ni enviador de remesas que importe más: “Si estás recién llegado de Estados Unidos, debes aislarte por 14 días, tengas o no síntomas”.

“A todos los paisanos que radican en la Ciudad de México y en los diferentes Estados” está destinado un escrito oficial emitido por las autoridades ejidales de Santiago Tepetlapa. El papel tiene impresa una muy bonita cinta con los colores patrios. 

En altas y negritas recalca: “SE LES SUGIERE DE LA MANERA MÁS ATENTA Y RESPETUOSA, SE ABSTENGAN A NO VENIR A LA COMUNIDAD” (sic) Añade: NO CONTAMOS CON MÉDICO EN NUESTRA CASA DE SALUD”.

Distribuidores comerciales amenazaron con interponer amparos a la luz del Artículo 11 Constitucional que reza: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

¿Garantías confrontadas en estos discretos y efectivos toques de queda en México?

El Dr. Juan Rodríguez Ramos, referente en derecho de víctimas y con experiencia como Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos estatal afirma que “éste es un asunto muy de fondo, muy profundo, muy cultural: el derecho a la supervivencia de los pueblos y comunidades indígenas”.

Sí, frente a frente dos artículos de la Carta Magna: el Artículo 11 frente al Artículo 2, que señala el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

El tema llegó hasta la ONU y a una manifestación adoptada por el Estado Mexicano: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde los artículos 3, 4 y 5 hablan de autodeterminación. Además, el artículo 7 subraya que “las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona”.

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“Nosotros estudiamos esa declaración a la luz de nuestra propia Constitución”, añade Rodríguez Ramos, egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y quien tuvo en sus manos la investigación de los hechos de Nochixtlán. “De hecho, hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a ser consultados cuando haya una acción que impacte a su comunidad. En este caso, en pandemia, sí puede impactar de manera grave la decisión que tome el gobierno federal u otra autoridad sobre la salud de la población”.

Desde el punto de vista jurídico, el debate global sobre las libertades es fascinante y apenas empieza: “En el Estado mexicano, lo que nos trajo esta pandemia es descubrir que hay muchos fenómenos sociales que no están regulados de manera amplia en materia de derechos humanos”, agrega Rodríguez Ramos.

Por ejemplo, aún no hay una Ley Reglamentaria del propio artículo 29 Constitucional: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos”.  

El “otro” control de la pandemia

Oaxaca tiene 570 municipios. De ellos, 417 se rigen bajo el Régimen de Sistemas Normativos Indígenas, antes conocido como sistema de Usos y Costumbres.

Las restricciones sanitarias autoimpuestas han logrado que en 125 municipios no haya registro de un solo contagio. 

Pero, sogas adentro, no todo era cordialidad en las rancherías. Nietos y abuelos discutían sobre la entrada o no del personal de salud. “Nos costó trabajo entrar a sanitizar. (Nos decían) ‘Es que van a matar a mi pollo, es que van a matar a mi chivo…es que ya vi que ahí viene el virus en el agua que nos quieren echar”’, recuerda Eufrosina Cruz.

El momento más duro fue la cancelación de las fiestas del pueblo. “La feria dedicada al santo patrono de una comunidad se prepara todo un año; desde el novenario, la fabricación de las velas, el mayordomo, la juntada de la leña, la comida, la banda. Es la única fecha en la que se hace ese ruido. Ese baile. Suspenderlo costó mucho trabajo a las autoridades. Pero un solo contagio, el del transporte al de la tienda o en el parquecito, podía ser devastador.”

Acabo de encontrar otra acta, firmada por seis autoridades: “Cancelar todas las actividades de Semana Santa, así como la celebración del 1 de mayo de nuestro Santiago Caballero”, Documento de Santiago Ihuitán Plumas.

Que Santiago Caballero, y su razón, les protejan de nuestro infierno afuera. Ah, y que también les protejan: Los Topiles.

“¿A qué vas? ¿A dónde vas?” Es posible que en estos tiempos en Oaxaca o en Chiapas los detenga algún joven con la autoridad de una libreta.

“Los llamados topiles juegan una función de policía comunitaria interna. Son designados por las Asambleas, y prestan un servicio a la población de manera gratuita. Son ellos los encargados de limitar los accesos a las transnacionales.” 

La periodista Jamilet Carranza, líder del proyecto Abanico Social en Oaxaca, ha documentado cómo se ha fortalecido la presencia de jóvenes, protegidos sólo con alguna macana, para resguardar los caseríos.

Sí, 14 mil comunidades.Desde el Papaloapan a la Mixteca, Jamilet Carranza conoce casi cada terracería en la compleja orografía del estado. Actual corresponsal de TVC y MegaNoticias del Istmo, sus historias se han contado en Associated Press y Al-Jazeera. Cubrió recientemente el enfrentamiento en San Salvador Chichicapam, en una gresca entre quienes estaban a favor y quienes se oponían a un cerco sanitario, resultó infectado el propio presidente municipal, defensor de las medidas de protección. Y murió.

Pero, ¿qué pasa si alguien viola la norma?

En la Asamblea Comunitaria se determinan las sanciones: desde multas administrativas económicas en especie o dinero; a un día, una semana o un mes de tequio; encierros en la cárcel del pueblo y, en grados extremos, expulsión de la comunidad. 

“La lección social que nos dan los pueblos y comunidades de Oaxaca en esta pandemia es la convicción para anteponer el bien común. Los acuerdos para contener la emergencia sanitaria, la madurez para llegar a acuerdos por la salud del otro, el hecho de que no podemos ser egoístas frente a una situación que implica una responsabilidad de todos”, dice Jamilet.

No puedes salir. Vas a exponer al pueblo. Yo me cuido, cuídate tú: En amuzgo, chinanteco, cuicateco.

No hay doctor. No hay alcohol:  en chontal, en mixe, en triqui.

“El mundo debe de saber lo que han hecho estas comunidades para sobrevivir en la pandemia. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para ayudar a ese señor para que nuevamente salga a vender sus morrales a Huautla? En las discusiones en los espacios de poder no se acuerdan de ellos, de los sacrificios que están haciendo allá. ¿Porque son invisibles? ¿Porque no tienen internet?”, dice Eufrosina Cruz abriendo una herida. 

¿Qué parte del pacto social no se estará cumpliendo desde la prepotencia de quien habita una ciudad? ¿De quién desecha los N95 como pañuelos? ¿De quién puede pagar una hospitalización,  o eso creía?.

Casi llegamos a Chancala, Chiapas. Mariano Méndez sigue en el volante.

Mientras pone en el radio una grupera a ese nivel que duele la cabeza, cuenta que otra vez se va a juntar con 10 del pueblo para ver si cazan un venadito. 

En lo que acaba en el encierro, comen bien, dice.

“Soy porque somos”. Éste es el Ubuntu mexicano.