Presidencia y la SCJN se suben al caso contra el Foro Consultivo

La intención de la Fiscalía General de la República de detener a 31 personas -a partir de una denuncia presentada por la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla– de los delitos de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero, y uso ilegal de atribuciones y facultades ante los recursos que recibió en el sexenio pasados, ha sumado a dos nuevos actores a la discusión: Presidencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de su cuenta de Twitter, la Corte informó que Arturo Zaldívar, ministro presidente, recibió a científicos exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y exintegrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), acusados de delitos patrimoniales en contra del erario público.

En un comunicado, la SCJN detalló que l reunión se dio a solicitud de los científicos y exintegrantes del Foro, y se realizó en un marco de respeto. Ahí, Zaldívar reiteró que el Poder Judicial actuará con independencia en el caso.

“Durante el encuentro, el ministro presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber“, aseguró.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, aseguró que el gobierno federal no persigue a científicos ni “será cómplice de actos que dan el patrimonio del pueblo mexicano”.

“Las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de Conacyt; su directora no tiene causa legal en contra. El gobierno de México no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”.

Ramírez Cuevas dijo que la investigación de la FGR se dio luego del proceso judicial que el Foro Consultivo emprendió, ya que en ese momento “se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la Nación y la FGR inició investigaciones al respecto“.

A la par, recordó que el Foro Consultivo inició una estrategia política y jurídica, que incluyó un amparo ante un juez, luego de que el gobierno de López Obrador cambiara las reglas de financiamiento. 

Acusó que durante 16 años, el Foro Consultivo recibió 571 millones de pesos, de los que solo 100 millones fueron destinados a procesos de ciencia y tecnología y el resto se ocupó en tintorería, comidas, viajes y salarios.

Hasta el momento, un juez ha rechazado, en dos ocasiones, otorgar órdenes de aprehensión contra los científicos, por lo que la FGR, el 22 de septiembre, informó que volvería a solicitarlas.

“Se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, detalló la FGR en un comunicado.

La FGR aseguró que “intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación”.

La intención de la FGR ha generado una reacción negativa en la comunidad científica mexicana. El 27 de septiembre, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM respaldó a los exfuncionarios y científicos del Foro Consultivo y del Conacyt ante la intención de la FGR de detenerlos, pese a que las órdenes de aprehensión ya les fueron negadas en dos ocasiones.

Los representantes de los centros educativos de la máxima casa de estudios sostuvieron, en una carta, que la acusación es “desproporcionada”, en la que “salta a la vista” la “improcedencia de los delitos graves de los que se ha acusado a personas que han sido condenadas a priori por diferentes instancias del sector público, sin escuchar a las y los imputados y sin que exista la garantía de un debido proceso”.

Los más de 30 firmantes de la carta advirtieron que la “desconfianza y el linchamiento” hacia los exfuncionarios e integrantes del Foro Consultivo por la FGR es preocupante porque ya se alzaron “voces” que buscan extender el “clima de desconfianza” hacia la comunidad académica del país, en alusión al senador Armando Guadiana, quien en días pasados llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a investigar los recursos que se asignan a la UNAM y otros centros educativos públicos, lo que fue rechazado por el titular del órgano de Hacienda Santiago Nieto Castillo, así como por el coordinador de los senadores Ricardo Monreal.

“Estamos conscientes de la confianza que ha depositado la sociedad mexicana en nosotros y del gran esfuerzo que realiza para financiar nuestras actividades, por lo que ejercemos nuestros recursos de manera transparente, en el marco de la ley, aplicando las mejores prácticas nacionales e internacionales, y somos auditadas y fiscalizadas de manera cotidiana y estricta por órganos de los diferentes poderes del Estado”, sostuvo el Colegio en un comunicado.

Finalmente, respaldaron el posicionamiento del rector Enrique Graue, quien el pasado miércoles arremetió contra la actuación de la Fiscalía General de la República, que consideró “un despropósito e inconcebible”.

En un acto para conmemorar los 100 años del escudo de la UNAM, el rector hizo un inusual alegato a favor de la “división de poderes” y el “respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados”.