El gobierno federal da un nuevo golpe a las OSC y sus fuentes de ingresos

El gobierno federal y la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, dieron un nuevo revés a las organizaciones de la sociedad civil y donatarias, entre ellas, defensoras de derechos humanos. La noche del lunes, los legisladores aprobaron una modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que complicará a las asociaciones civiles recibir donaciones económicas.

El artículo 151 establecía que las personas físicas podían donar, como deducible de impuestos, el 7% de su ingreso anual a organizaciones reconocidas como donatarias autorizadas. Independientemente de esto, las personas físicas también podían deducir el 15% de su salario anual en servicios de salud, colegiaturas de instituciones educativas, transporte escolar, gastos funerarios, aportes a las Afore, entre otros.

Sin embargo, con la modificación al artículo 151, ahora las personas físicas sólo podrán deducir el 15% de su salario anual, y ahí deberán meter sus donaciones a la sociedad civil, servicios de salud, educación y el resto de las opciones. 

“Las personas físicas tendrían que decidir si deducen sus gastos fijos —como los médicos, seguros, intereses de hipoteca— o si deducen  sus donativos”, lamentaron en un comunicado conjunto 226 organizaciones sociales, quienes temen que los recursos económicos que reciben en donaciones se reduzcan.

En México hay alrededor de 5 mil 100 donatarias autorizadas y al año reciben más de 8 mil millones de pesos por esta vía. Dentro de estas organizaciones, 2 mil serían las más afectadas porque entre el 30% y 100% de sus recursos provienen de aportaciones voluntarias de personas físicas.

“Nos parece que esta propuesta tiene efectos regresivos en términos de derechos humanos y que no dimensiona el impacto que puede tener”, señaló la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) en un pronunciamiento en su página de internet.

Pero las afectadas no sólo son las organizaciones sociales, sino también las personas a las que apoyan. La Redim, que agrupa a 77 asociaciones especializadas en infancia, aseguró que en 2020 las donatarias autorizadas atendieron 2 millones 297 mil hogares. Esto podría cambiar con las nuevas reglas fiscales.

Todas estas cifras fueron presentadas este lunes en la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Hacienda y luego en el Pleno, pero eso no provocó que los legisladores de Morena y sus aliados desistieran de la modificación al artículo 151.

Este cambio en la ley es parte de la miscelánea fiscal que el gobierno federal propuso para incrementar la recaudación de impuestos en el 2022. Después de poco más de tres horas de discusión, el Pleno aprobó en lo general esta determinación y este martes continuará la discusión en lo particular.

Otros ‘golpes’ económicos para organizaciones

En los últimos dos años el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado decisiones que han impactado a las fuentes de ingresos de las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, las defensoras de derechos humanos.

En 2019, tres meses después de que el presidente López Obrador entró en funciones, anunció que ninguna dependencia de la administración pública federal podría entregar recursos económicos a las organizaciones sociales.

Según la Cuenta Pública 2018, ese año las instituciones del gobierno federal entregaron 6 mil 209 millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil. Para el 2020, luego de la orden de López Obrador, estos recursos cayeron a mil 611 millones de pesos, una reducción del 74%.

Aun con esa instrucción, las secretarías de Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Bienestar; Cultura y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) son las instituciones que a nivel federal continuaron apoyando a las asociaciones civiles con recursos económicos, según la Cuenta Pública 2020.

Al arranque de su sexenio el titular del Ejecutivo federal externó su desconfianza hacia la sociedad civil al asegurar que incurrió en corrupción. López Obrador aseveró que las organizaciones no utilizaban los recursos públicos de manera adecuada, por lo que su administración entregaría apoyos de manera directa a la población.

A pesar de esto, muchas organizaciones sociales se mantuvieron de pie porque los recursos públicos no eran su única fuente de ingresos, sino que también dependían de las donaciones de empresas y de personas físicas.

Antes de la modificación al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el año pasado el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta de miscelánea fiscal 2021 y también afectaba a la sociedad civil.

En ese paquete de miscelánea fiscal se estableció que si el 50% de los ingresos de una organización provienen de fuentes no relacionadas a su objeto social será revocado su estatus de donataria autorizada.

Ante esta situación, las ONG han dejado ver su preocupación con las legislaciones y medidas fiscales aprobadas en lo que va de este sexenio y que les afectan.

“En los últimos años las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan a un contexto adverso no sólo por los efectos económicos que ha tenido el virus del Covid-19 sobre ellas, sino también por las diversas políticas públicas que han disminuido el acceso a recursos públicos”, indicó la Redim.