El delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz es inconstitucional, determina la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal del estado de Veracruz al argumentar que es ambiguo, no describe bien las conductas prohibidas y atenta contra la libertad de expresión.

Dicho delito, contenido en el artículo 331, entró en vigor en marzo de 2021 tras reformarel Código Penal, en el decreto 848, para quedar como: “ Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas“, dice el código con respecto a ultrajes a la autoridad.

La invalidez se aprobó con 10 votos a favor y uno en contra al considerar que el artículo no está bien escrito y la norma no es clara, lo que es contrario a la obligación de los legisladores de crear leyes que no se presten a interpretaciones arbitrarias, de acuerdo a la Constitución.

Además, seis de los 11 ministros también se pronunciaron a favor de que el delito de ultrajes a la autoridad viola la libertad de expresión.

“Aunque la norma veracruzana busca proteger a los servidores públicos, objetivo que me parece loable y muy importante, la norma no solo permite la sanción contra amenazas o agresiones físicas, sino que cualquier expresión verbal o escrita pudiera considerarse como amenaza”, dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, durante su intervención en la sesión del pleno.

El Pleno también invalidó el artículo 371 del Código Penal del estado que penaliza, con siete a 15 años de prisión, las acciones para tratar de obtener información sobre miembros de la seguridad pública, por medio de equipos de comunicación, lo que también se consideró como restricción a la libertad de expresión e información, como el periodismo ciudadano.

Las acciones de inconstitucionalidad, 59/2021 y 66/2021, fueron interpuestas por diputados integrantes de la sexagésima quinta legislatura del Congreso de Veracruz y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los proyectos estuvieron a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

El Pleno continuará este 1 de marzo con la discusión para establecer los efectos de esta inconstitucionalidad, pues actualmente hay personas presas por este delito, como los seis jóvenes detenidos en Xalapa, en septiembre de 2021 y por los que el senador de Morena Ricardo Monreal expresó su inconformidad con el delito al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien milita en el mismo partido.