Las detenidas en la ‘casa Okupa’ están en la cárcel por portación de marihuana; abogado califica la medida como desproporcional

El abogado de las tres mujeres detenidas en la ‘Casa Okupa’, el 15 de abril, Alan Pinón, calificó como desproporcionada la prisión preventiva justifica impuesta a las acusadas por el delito de posesión simple de marihuana y aseguró que al ser un delito menor, se pudo imponer otra medida cautelar distinta a la cárcel.

“Es un delito que tiene de 10 meses de prisión a 10 años y, en términos penales, es un delito insignificante porque hay delitos que tienen 80 años de prisión. Es un delito menor que cualquier narcomenudista que tenga menos de cinco kilos de marihuana sale”, dijo a La-Lista Alan Piñón.

El abogado explicó que la cantidad que presuntamente le hallaron a las jóvenes es poco más de cinco gramos, lo que viola la Ley General de Salud, la cual sólo permite a los consumidores portar hasta cinco gramos; de lo contrario, se configura el delito de posesión simple.

La ley de salud también establece, en el artículo 477, una pena de 10 meses a tres años de prisión para este delito que no se considera grave, lo que permite que los acusados lleven su proceso en libertad si no tienen antecedentes penales, según la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, excepto cuando existe una razón justificada para que los imputados permanezcan en prisión.

“El juez utiliza los argumentos para dejarlas en prisión preventiva diciendo que ellas no aportaron información mientras estaban detenidas y que no quisieron aportar información de su ubicación, pero en las entrevistas, al menos las tres, rindieron su domicilio”, aclaró Alan Piñón.

Este 18 de abril se realizó la audiencia de vinculación a proceso de las tres mujeres, en un juzgado de la colonia Doctores, en donde el agente del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada al argumentar que ninguna de las acusadas proporcionó su domicilio y que había riesgo de fuga.

El juez de control otorgó la medida cautelar y las mujeres regresaron al penal de Santa Martha Acatitla, en donde permanecerán por un mes, hasta que la investigación en su contra finalice. 

Ángela Guerrero, Coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia), explicó que uno de los delitos en materia de daño a la salud que más se les imputa a las mujeres es el de posesión simple por marihuana, pues es un delito fácil de fabricar al exceder por un gramo los cinco permitidos.

“Esto (es caso de las tres mujeres) por supuesto es una reprimenda por haber tomado las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un uso absolutamente desproporcionado de la prisión preventiva y que en este caso es prisión preventiva justificada”, dijo Ángela Guerrero en entrevista.

La coordinadora de CEA Justicia indicó que existen varios tipos de medidas cautelares, como la firma periódica en alguna unidad judicial, para que las mujeres no pisen la cárcel, pues un día dentro o un mes, significan un reto posterior para reinsertarlas en la sociedad.

Presuntamente, las procesadas atacaron el automóvil de una académica el pasado jueves y las autoridades informaron la apertura de una carpeta de investigación por robo a transeúnte y daño, pero, hasta el momento, no han informado sobre el avance de esta indagatoria.

La CNDH o ‘Casa Okupa’, ubicada sobre República de Cuba en el Centro Histórico, fue tomada en septiembre de 2020 por madres de víctimas de violencia de género quienes decidieron convertirlo en un refugio para mujeres violentadas, pero con el paso del tiempo fue abandonado y permaneció ocupado por otros grupos.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia capitalina, informó que este lunes el inmueble de la CNDH fue entregado a las autoridades de la comisión tras 19 meses tomado por diversos grupos.