Detener a ‘El Chueco’ no frenará la inseguridad en la Sierra Tarahumara, se debe cambiar la estrategia de seguridad: jesuitas

Cuatro días después del asesinato de dos sacerdotes y un guía de turistas en una iglesia de la Sierra Tarahumara, la orden jesuita, a la que pertenecían dos de las víctimas exige a las autoridades un cambio en la estrategia de seguridad.

A través de su vocero, los religiosos consideran que detener al presunto autor del crimen, José Noriel Portillo Gil, conocido como “El Chueco”, no será suficiente para frenar la violencia en esa región indígena, sino que se necesita fortalecer las policías locales y que el Ejército solo actúe en casos de emergencia.

La comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, tuvo un inicio de semana de terror. El pasado lunes 20 de junio ahí fueron asesinados Javier Campos y Joaquín César Mora, dos sacerdotes que llevaban décadas trabajando con los indígenas tarahumaras de la región, y Pedro Palma, un reconocido guía turístico al interior de la Parroquia de San Francisco Javier, en la localidad de Cerocahui, municipio de Urique.

El asesinato de estas tres personas solo fue el último capítulo de la violencia que existe en la Sierra Tarahumara, una zona olvidada por las autoridades y que es controlada por delincuentes como “El Chueco”. Así lo explica Jorge Atilano, delegado del Provincial para las Obras Sociales de la orden jesuita, quien ha observado cómo las condiciones de seguridad de Chihuahua se han degradado.

Atilano explica a La-Lista que la Sierra Tarahumara se ubica dentro del triángulo dorado, una zona conocida porque grupos criminales la utilizan para el cultivo de marihuana y amapola. El problema, dice el integrante de la orden jesuita, es que las bandas delictivas no se han conformado con plantar estos insumos para generar drogas, sino que tienen bajo asedio a las comunidades.

Los grupos delincuenciales “han ido evolucionando, de ser sembradores de la droga a gente que tiene el control de territorios y el control de la economía local, eso es lo que nos preocupa”, expresa Atilano. “La situación de seguridad de un país no solo se tiene que medir por la disminución de homicidios, sino por los controles territoriales que existen por estos grupos ilegales”.

Los jesuitas tienen el pulso de la inseguridad en la Sierra Tarahumara. Javier Campos, superior de esa orden religiosa en dicha región, trabajó ahí por 50 años y su integración a la población indígena fue tal que aprendió a hablar la lengua rarámuri y le gustaba vestir la misma ropa típica. Mientras que Joaquín Mora, quien laboró ahí 23 años, siempre mantenía comunicación con todos los habitantes de Cerocahui y se declaraba como un amante de su sierra.

Aun con esto la violencia los alcanzó, y los alcanzó el mismo día que se dio a conocer que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es el más violento en términos de homicidios dolosos con más de 121 mil, incluso más que las muertes registradas en la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón.

Antilano cuestiona que la Sierra Tarahumara está “marginada, aislada, requiere el fortalecimiento de las autoridades municipales y sus policías porque éstas se ven rebasadas por la presencia de estos grupos delictivos”.

“Queremos un cambio en la política de seguridad, no podemos continuar en la situación que estamos viviendo. La apuesta tiene que ser por lo local, la Guardia Nacional y el Ejército solo pueden ayudar en situaciones de emergencia“, añade.

Para el vocero de la orden jesuita no será suficiente con detener a “El Chueco”, a quien también se le atribuye el asesinato del profesor estadounidense Patrick Braxton-Andrew en 2018.

“Es necesario revisar la aprehensión del autor de esta masacre, pero eso no va a resolver el problema de seguridad de la Sierra Tarahumara, necesitamos hacer un análisis más fino para entender cómo culturalmente y estructuralmente se engendró la violencia, para saber cómo tenemos que responder todos”, menciona Atilano.

Jesuitas llaman a replantear a la estrategia de seguridad

En el mismo sentido se han pronunciado otros integrantes de este orden. El Sistema Universitario Jesuita, conformado por ocho instituciones académicas, exigió este jueves 23 de junio a las autoridades de los tres niveles de gobierno “replantear las políticas de seguridad para acabar con la violencia dominante en el país”.

Por su parte, Mario Patrón, reconocido defensor de derechos humanos y rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, expresó en la Reunión Anual del Sistema Universitario de Jesuitas, celebrada el 22 de junio pasado, que los asesinatos de Javier Campos y Joaquín Mora “pone en evidencia la ineficacia de la política de seguridad del Estado en todos sus niveles”.

Mientras que Óscar Arturo Castro Soto, director general del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, opinó en el mismo evento que el crimen organizado ha penetrado en la vida de las personas, un problema que “no se va a solucionar con la actual política social de apoyo a las personas adultas mayores, a las madres solteras o a los campesinos. Eso no compite con la coacción que vive la gente más pobre en los diferentes contextos de nuestro país”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, descartó un un cambio en su estrategia de “abrazos y no balazos” durante su conferencia de prensa de este 23 de junio. Desde que inició su sexenio le ha apostado a la entrega de programas sociales y al despliegue del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para contener la violencia, aunque las cifras de homicidio y otros delitos se mantienen en niveles críticos.

Sobre la entrega de programas sociales por parte del gobierno federal, Antilano comenta que estos sí están llegando a la Sierra Tarahumara, sin embargo, no se ha hecho una evaluación de cómo han impactado en la reducción de la pobreza. Los jesuitas han detectado que algunas personas utilizan el dinero de las becas para actividades recreativas o el consumo de bebidas alcohólicas, no para mejorar sus condiciones de vida como pretenden las autoridades.

Para resolver este crimen el presidente López Obrador ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas e incluso ha solicitado el apoyo de Estados Unidos por si “El Chueco” se encuentra en la frontera, pero esto no ha dado paz a la orden jesuita ni a los habitantes de Cerocahui.

Antilano no recuerda un caso de este tipo en los años recientes. La orden de los jesuitas se niega a salir de Chihuahua, pero todavía no retoman sus actividades, aún están replegados por la muerte de los suyos, analizando cómo retomar su misión en un territorio donde dan por hecho que no tendrán la protección de las autoridades.

“Sí nos preocupa nuestra presencia en la Sierra Tarrahumara”, lamenta Antilano. “Estamos monitoreando cómo queda la situación de seguridad porque estos han sido territorios cada vez más controlados por el crimen organizado“.