Caro Quintero: desde su polémica liberación hasta la guerra por el mérito de su captura
Ilustración: María José Vázquez,

Desde la liberación de Rafael Caro Quintero en 2013 hasta su reaprehensión, nueve años más tarde, ha habido sospechas de complicidades con autoridades. Estos días, la polémica se ha centrado en el crédito de su captura con versión confrontadas entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y autoridades y exfuncionarios de la DEA, que aseguran haber dado información de inteligencia a la Marina para lograr su captura.

En medio de la lucha del mérito Rafael Caro Quintero no deja de dar batalla. Desde que fue reaprehendido en el municipio de Choix, Sinaloa, con fines de extradición a Estados Unidos, ha tratado de evitar por la vía legal cualquier intento de ser enviado ese país, donde es uno de los capos más buscados por el FBI y la DEA.

No es la primera vez que Caro Quintero, exlíder del cártel de Sinaloa se auxilia en el derecho para obtener lo que busca. En un cuestionado proceso, principalmente por el papel de la Procuraduría General de la República (PGR), por la vía jurídica obtuvo su libertad en 2013.

La entonces PGR se volvió blanco de cuestionamientos porque no impidió que Caro Quintero obtuviera un amparo a través de un formalismo jurídico.

En 2013, Rafael Caro Quintero, obtuvo oficialmente su libertad luego de 28 años preso, acusado de tortura, secuestro y homicidio en contra Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la DEA, y su piloto Alfredo Zavala Alvear, en 1985. Además, el capo de la droga estaba acusado de más de ocho delitos graves.

El semanario en Sinaloa Ríodoce publicó que Caro Quintero había salido un año antes del penal, cuando Felipe Calderón aún era presidente y aún no entregaba el poder a Enrique Peña Nieto.

“Rafael Caro anduvo meses en una libertad que no le había concedido ningún juez hasta entonces. Visitó a sus viejos amigos y compadres, capos de la droga también; fue a los Estados Unidos donde vio a su hermano Miguel, que purgaba una condena por narcotráfico pero que se movía en la zona de Phoenix como si no debiera nada, haciendo los negocios de siempre. Luego se movió por el país tejiendo redes. Lo había hecho desde prisión durante 27 años y ahora podía hacerlo personalmente”, relata el periodista Ismael Bojórquez.

Tres magistrados de un Tribunal Colegiado de Jalisco fallaron a favor de Rafael Caro Quintero el 7 de agosto de ese 2013 para que saliera de prisión. Tres días después de que el tribunal de Jalisco resolviera el asunto, Caro Quintero salió caminando del penal de Puente Grande, 12 años antes de cumplir la pena de 40 años de prisión que se le había impuesto.

Caro Quintero fue detenido en 1985 en Costa Rica y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Almoloya, pero tras conseguir un amparo en 2010, fue trasladado a la cárcel de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco. Tres años después, salió de allí al obtener un amparo.

El amparo que dejó en libertad a Caro Quintero

En 2011, Rafael Caro Quintero, por medio de su defensor privado, promovió un amparo, el cual le fue negado por un juzgado de distrito y un Tribunal Unitario. Ante la negativa, interpuso un amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Jalisco.

En la impugnación se alegó que Caro Quintero no tenía que haber sido juzgado en el fuero federal, sino en el fuero común, pues el agente Enrique Camarena no estaba registrado para operar en México como agente de la DEA, por lo que fue juzgado por otra autoridad.

En enero de 2012, el Pleno del Tribunal Colegiado, integrado por los magistrados Lucio Lira Martínez, José Félix Dávalos y Rosalía Moreno Ruíz, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción para conocer el asunto, el cual quedó en manos del ministro José Ramón Cossío Díaz.

El proyecto de Cossío Díaz proponía atraer el amparo de Caro Quintero para que se resolviera en la Primera Sala, pero los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar votaron en contra, por lo que el asunto regresó al Tribunal de Jalisco.

La magistrada Rosalía Moreno fue la ponente del proyecto aprobado que afirmaba que Enrique Camarena no era un agente consular, por lo que su homicidio debió ser investigado bajo el fuero común e invalidó el proceso penal de Caro Quintero.

Su liberación causó conmoción de la DEA. La PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, se comprometió en septiembre de 2013 a reaprehender a Caro Quintero e interpuso un amparo en revisión en la SCJN. 

El proyecto estuvo a cargo del ministro Arturo Zaldívar, quien actualmente es el presidente de la Corte. En la sentencia se sostiene que Enrique Camarena llegó a México el 19 de junio de 1980 y que la Secretaría de Relaciones Exteriores le expidió una visa oficial.

“Con la intención de realizar sus funciones de investigación, el agente Enrique Camarena Salazar se infiltró en las actividades realizadas por Rafael Caro Quintero, mismas que a consideración del gobierno estadounidense involucraban el tráfico de drogas hacia dicho país”, dice la sentencia de la Corte.

La Primera Sala revocó el fallo de los magistrados y reactivó la orden de aprehensión contra Caro Quintero, el 6 de noviembre de 2013 y en ese mismo mes la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre el capo y en 2018 el FBI lo ubicó entre los 10 más buscados y anunció una recompensa de 20 millones de dólares, la cifra más alta que ofrece por un fugitivo.

Durante nueve años Caro Quintero estuvo prófugo y aunque tramitó algunos amparos contra su reaprehensión, la SCJN se los negó. Fue hasta el 15 de julio de 2022, que durante un operativo, la Marina y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) lo reaprehendieron en la comunidad de San Simón, en Choix, Sinaloa.

Caro Quintero fue recluido en el Altiplano, en el Estado de México, el mismo penal de donde Joaquín “El Chapo” Guzmán ejecutó su segunda fuga, a través de un túnel que conectaba su celda con el exterior, a unos cientos de metros del penal.

La hermana de Rafael Caro Quintero interpuso un amparo a su nombre para evitar que sea trasladado a Estados Unidos, en donde hay una indagatoria por el asesinado del agente de la DEA, sin antes tener un proceso legal de extradición. 

El juez séptimo de Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, le concedió la suspensión provisional al tratarse de una deportación o extradición, de acuerdo con la Ley de Amparo, y por razones territoriales, envió el asunto a un juzgado octavo de amparo del Estado de México. Allí, se tendrá que resolver definitivamente el amparo. 

¿Qué cargos enfrenta Rafael Caro Quintero en México?

Caro Quintero no sólo enfrentó cargos por la tortura, secuestro y homicidio del agente de la DEA “Kiki” Camarena. La suma de los delitos que se le comprobaron en 2009 era de 199 años de prisión, sin embargo, la pena máxima vigente en el momento de los hechos, era de 40 años.

De acuerdo con el amparo 180/2011, que interpuso para salir de prisión, Caro Quintero también fue acusado de daños contra la salud en las modalidades de siembra, cultivo, cosecha, transportación, venta y tráfico de marihuana y cocaína. 

Además, fue señalado de asociación delictuosa, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, introducción al territorio nacional de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, acopio de armas e inhumación clandestina.

Los hechos relatados en el amparo de más de 2 mil páginas, apuntan que desde 1976 hasta 1985, el fundador del cártel de Guadalajara se asoció con personas para ingresar a México, al menos 20 armas de fuego calibre 7.62 mm y .223, las cuales provenían de Estados Unidos.

Rafael Caro Quintero fue uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, junto a sus socios, los narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo, recluido en Almoloya desde 1989, y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quien fue liberado en 2017. 

Para 1983, ya estaba asociado con su hermano Miguel Caro Quintero para cultivar, cosechar y traficar marihuana a gran escala desde Chihuahua, donde tenía varios ranchos. Un año después, entre septiembre y noviembre de 1984, mantuvo a 4 mil 500 trabajadores en el rancho “El Búfalo” en el mismo estado.

“Fueron contratados por órdenes suyas y mediante engaños, para que realizaran las actividades previas al tráfico de la droga, esto es, desde la siembra hasta el acondicionamiento en paquetes, para lo cual, fueron obligados mediante múltiples amenazas con armas de fuego”, describe el amparo.

El crédito de su captura

El crédito por la captura del capo ha confrontado versiones. El presidente de México negó que la DEA ha ya participado en el operativo de Caro Quintero, luego de un comunicado difundido por la agencia antidrogas estadounidense.

Pero el Washington Post dio a conocer estos días que la agencia logró obtener la colaboración de familiares del capo para dar con su ubicación después de unos 12 operativos fallidos en los últimos nueve años, supuestamente por filtraciones del lado de las autoridades mexicanas.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, llamó este viernes por teléfono al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para hablar sobre la extradición a EU del capo Rafael Caro Quintero y reiteraron el compromiso que existe para trabajar de forma rápida en la extradición del narcotraficante.

Mientras los gobiernos y las agencias se pelean el mérito, está por resolverse si finalmente qué tan pronto llevado a Estados Unidos.

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