Cámara de Diputados aprueba en lo general la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Ahora los legisladores deberán votar en lo particular la nueva ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cámara de Diputados. Fotografía: Archivo/ Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La minuta fue avalada con 369 votos a favor, 104 en contra y tres abstenciones. Ahora los legisladores deberán aprobarla en lo particular.
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Morena y aliados respaldan minuta
Durante la sesión extraordinaria, el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Adrián González Naveda, expresó su respaldo al dictamen de la minuta que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Al hacer uso de la tribuna, Naveda rechazó que exista algún tipo de censura y explicó que, en cada uno de los instrumentos legales que se han aprobado, existen salvaguardas, mecanismos de control judicial para cualquier tipo de solicitud de información, de datos personales y reiteró que esta nueva ley también lo contempla.
“Hoy, con este producto legislativo, podrán tener las radios comunitarias indígenas y afro comunitarias y afromexicanas, viabilidad financiera, podrán sobrevivir porque se establece que la publicidad oficial del gobierno federal podrá ser del uno al 10% y también los gobiernos de los estados y los municipios podrán destinar un porcentaje similar a estas radios para que puedan hacer su labor sin nunca pervertir su objeto social”, detalló.
🚨 #ÚltimaHora | Con 369 votos a favor, se aprueba el proyecto de decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión pic.twitter.com/sthEw03Uys
— La-Lista (@LaListanews) July 1, 2025
Mientras que el legislador Ricardo Mejía Berdeja señaló que con esta reforma, se obliga a los grandes concesionarios a dejar de pensar solamente en sus ganancias y cumplir con su parte, que es llevar internet, telefonía y servicios digitales, hasta el más apartado poblado del país.
Además, denunció que a la oposición le preocupe más la privacidad de los criminales que la seguridad de las familias; igualmente, lamentó la pretensión de que sigan en el anonimato, mientras el gobierno pone la tecnología al servicio de la justicia para perseguirlos, pero no se dice nada de las grandes plataformas digitales que saben todo de nosotros.
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PRI acusa censura
Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo que la nueva Ley de Telecomunicaciones “encamina a la dictadura al meterse en la vida de las personas, invadiendo su privacidad, controlando sus comunicaciones, y persiguiendo sus opiniones”.
En ese sentido, el legislador Erubiel Alonso enfatizó que ahora, cada ciudadano tendrá un intruso en su celular, un ojo del Estado sobre sus mensajes, sus llamadas, sus ubicaciones.
“Nos quieren vender la idea de que, gracias a esta ley, el pueblo tendrá internet, pero lo que no dicen es que, para ello, no se necesita cancelar libertades ni quitar derechos, no se necesita imponer vigilancia masiva ni imponer el silencio. Este no es un proyecto por la conectividad: es un proyecto por el control”, subrayó.
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— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) July 1, 2025
¿Cuáles son los principales cambios de la nueva ley?
- Se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá gradualmente al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Se fortalece a los medios indígenas y afromexicanos, quienes podrán vender publicidad y acceder a fondos públicos de comunicación social
- Se garantiza acceso a Internet en zonas marginadas, como parte del enfoque de equidad digital
- Cada concesionario deberá contar con una defensoría de audiencias, lo que permitirá atender quejas, corregir errores y combatir desinformación
- Se limita la participación del Estado en concesiones comerciales, asegurando el cumplimiento de tratados como el T-MEC
- Se conservan medidas de geolocalización en dispositivos móviles, aunque bajo el mismo marco legal aprobado por PRI y PAN en 2014, que exige orden judicial