Juez ordena a la Sedena acatar resolución del Inai y entregar contratos de Pegasus
La organización R3D presentó un amparo ante el incumplimiento de la Secretaría de la defensa Nacional a la resolución del organismo público.
La organización R3D presentó un amparo ante el incumplimiento de la Secretaría de la defensa Nacional a la resolución del organismo público.
Un juez ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar las versiones públicas de los contratos celebrados en 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados al software Pegasus, utilizado para presuntamente espiar a periodistas, empresarios y políticos.
Mediante un comunicado, la organización R3D explicó que presentó un amparo ante el incumplimiento por parte de la dependencia de una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que le ordenó entregar versiones públicas de los contratos celebrados en los sexenios de Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Recordó que en un principio, la Sedena había negado la existencia de dichos contratos; sin embargo, documentos de la Auditoría Superior de la Federación obtenidos por R3D demostraron la celebración de al menos dos contratos para la adquisición del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”, por más de 140 millones de pesos.
Ante la evidencia, el Inai resolvió que la Sedena debe entregar los documentos relacionados a la adquisición de Pegasus y su uso ilegal por parte del Centro Militar de Inteligencia (C.M.I.).
La organización consideró que la Secretaría de la Defensa Nacional a cargo del General Luis Cresencio Sandoval no solo mintió sobre la existencia de los contratos, sino que también se ha negado a aportar información solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual obstaculiza las investigaciones por el espionaje ilegal perpetrado en contra del periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos.
Además, advirtió que el desacato militar a las resoluciones definitivas del Inai podrían extenderse a las resoluciones judiciales, lo cual reiteraría el peligro que representa la militarización de la vida pública para el gobierno civil y la democracia en México.
Por ello, hizo un llamado para que los intentos de reforma administrativa y judicial que han sido anunciados no sean utilizados como instrumento para garantizar la impunidad, la opacidad y el autoritarismo.
R3D espera que, a través del diálogo y con base en evidencia, se fortalezcan las herramientas que permiten a la ciudadanía fiscalizar y resistir el abuso del poder; especialmente, de las instituciones de seguridad e inteligencia que vulneran sistemáticamente los derechos de la ciudadanía.
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