La revocación del mandato y su comidilla

Durante los próximos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena intentarán todo tipo de recursos para posicionar el tema de la revocación del mandato, como la aprobación de una ley reglamentaria, o entrar en controversia sobre si aplicaría o no al actual presidente, o se haría para quien le suceda. A fin y al cabo, la opinión pública estuvo atenta a meses de estira y afloja con la consulta sobre los expresidentes: solo estaría repitiendo la dosis.

Además, saben que la oposición solo puede reaccionar: dejaron pasar más de un año para hablar sobre la reglamentación de la revocación, como casi todos los demás temas de la agenda pública durante los últimos tres años. Quizás, si hay cambios sustanciales a lo que propone el partido en el poder, vendrá del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La razón: saben que si López Obrador no tiene éxito se irá en diciembre, mientras la reelección inmediata de legisladores les da otras herramientas para sobrevivir.

Pero, a final de cuentas, la revocación del mandato ha sido una propuesta que ha surgido una y otra vez tanto del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena desde hace décadas, y ha sido parte integral del discurso del presidente desde, al menos, la campaña de 2006. ¿De qué estamos hablando?

Los mecanismos participativos, como el plebiscito, el referéndum, la consulta y la revocación, se diseñaron para complementar, aunque nunca sustituir a la democracia representativa. Su objetivo: que la ciudadanía participe en procesos de toma de decisiones polémicos o trascendentales. Si bien ayudan a generar gobernabilidad, la experiencia comparada muestra que se debe tener mucho cuidado en su diseño e instrumentación.

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La historia está llena de casos donde un líder manipula el debate público, ya sea en el diseño de las preguntas, influir en el ánimo popular o incluso movilizar votantes. La meta: legitimarse a través de estos instrumentos, para deslindarse de toda responsabilidad si la decisión arroja efectos adversos. Todavía más, quienes analizan a los gobiernos populistas, señalan que los gobernantes los usan para legitimar decisiones que ya tomaron.

Otro tema a considerar es que al reducirse las respuestas a un “sí” o un “no”, pueden acabar polarizando más a la sociedad. Por ello, se considera mejor que funcionan a nivel local, donde los asuntos son más sencillos e impactan de manera directa a la ciudadanía.

Lo anterior obliga a diseñar controles. Por ejemplo, requerir un porcentaje mínimo de firmas para convocarlos y un umbral de votación para considerarlos vinculantes. De igual importancia son los mecanismos para comprobar las firmas que solicitan su convocatoria, y el diseño de preguntas que no induzcan una respuesta. Incluso hay países donde se sujetan las decisiones a tomar a la revisión judicial.

La revocación del mandato ofrece complicaciones adicionales. Por ejemplo, se debe convocar cuando un segmento importante de la población considera que la autoridad incumplió con sus promesas. Para evitar que cualquier grupo pueda presionar, se suele requerir 30% del padrón del cargo a revocar. En Estados Unidos, donde existe este mecanismo a nivel estatal desde principios del siglo XX, puede ser común revocar a autoridades municipales, pero solo en dos ocasiones han caído gobernadores. Existe también la revocación en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela.

Aunque tiene sentido exigir la revocación de autoridades con cargos de gobierno, sería un absurdo exigir la remoción de personas legisladoras: ¿ante cuál programa, si se adhirieron a una plataforma partidista? ¿O con qué parámetros se establece el cumplimiento o no de una agenda, si un órgano legislativo solo funciona a través de la negociación? ¿Se puede responsabilizar a un individuo si la institución es colegiada?

Tenemos un problema adicional: ya se han usado consultas hechizas de revocación para legitimar a gobernantes, en lugar de invocarse como mecanismos extremos de rendición de cuentas. Enrique Alfaro realizó dos de éstos cuando fue edil de Tlajomulco y luego de Guadalajara. No importó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya declarado inconstitucional, ni que hubieran participado alrededor del 10% de quienes votan: los ejercicios le sirvieron para catapultarse rumbo a sus siguientes objetivos políticos.

El presidente tampoco es ajeno a esta táctica. En 2002, cuando era jefe de gobierno, sometió a plebiscito la decisión de construir un segundo piso del Periférico. Aunque solo participó el 6.64% del padrón, la decisión se tomó como vinculante.

Es una lástima que nuestra oposición no haya abierto este tema desde hace meses, cuando se aprobó la reforma constitucional: estaría representando ideas concretas en lugar de simple reacción.