Ley Chayote y publicidad oficial, nueva oportunidad

El 8 de septiembre, la primera sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en favor de la organización Artículo 19. Ahí se ordena modificar, a más tardar el 15 de diciembre de este año, la Ley General de Comunicación Social vigente desde el 11 de mayo de 2018, conocida de origen como “Ley Chayote” por tratarse de un instrumento lleno de simulación, que no tiene reglas precisas para asignar publicidad oficial a medios de comunicación, que permite el uso discrecional de los presupuestos disponibles y propicia que el pago de anuncios públicos se utilice como premio o castigo a la línea editorial según el estado de ánimo de gobernantes en turno, quienes desde hace décadas suelen pagar mucha publicidad a medios que les aplauden y eliminarla o reducirla al mínimo, sin base técnica, a medios que los critican. 

En 2007 se incluyó al artículo 134 constitucional la prohibición para que servidores públicos usaran con imparcialidad los gastos y cualquier modalidad de comunicación oficial, incluyendo la publicidad institucional, como vía para promoción personalizada. En los transitorios de ese decreto se pidió una ley secundaria que nunca llegó. En 2014 vino otra reforma constitucional y otra vez en transitorios se ordenó emitir la ley reglamentaria, aunque tampoco ocurrió. Por eso, la organización Artículo 19 llevó el caso a la Corte. En noviembre de 2019 les dieron la razón y las y los ministros ordenaron al Congreso emitir la ley a más tardar en abril de 2018 para dar precisión y efectividad al texto constitucional. La respuesta del Congreso fue simular el cumplimiento, formalmente se aprobó una ley reglamentaria pero con un contenido que dejó idéntica la discrecionalidad, todo igual o peor. 

Por eso se bautizó como “Ley Chayote”, porque no delimita fronteras para evitar de manera eficaz el uso del dinero público como forma de censura sutil para castigar a críticos, pagar aplausos o vía para continuar con la promoción personalizada de funcionarios que usan el erario para financiar su imagen de cara a futuras campañas propias o de sus partidos, una práctica prohibida en la constitución pero que en los hechos sigue vigente en todo tipo de cargos públicos y signos partidistas. 

“Chayote” es un término muy utilizado en el argot periodístico, alude al soborno a cambio de buen trato informativo. Recibir publicidad no necesariamente es lo mismo que obtener un sobre con dinero a cambio de opinar bien de políticos o gobiernos, pero sí ha sido y es una vía indirecta para intercambiar favores en esa ruta y en muchos casos cumple exactamente la misma función del sobre, ante la discrecionalidad con la que puede otorgarse o retirarse un anuncio de publicidad gubernamental, la falta de criterios que hoy permiten, por ejemplo, que periódicos con menos tiraje tengan hasta cuatro veces más publicidad oficial que sus competidores o fenómenos como esas páginas de internet muy comunes el sexenio pasado, que nadie leía ni sus dueños promocionaban, a nombre de columnistas famosos que así encontraron un método para recibir millonarios pagos por “publicidad”.  

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir el presupuesto destinado a la propaganda oficial a la mitad y lo hizo, incluso menos de la mitad, pero también se comprometió a terminar con la “Ley Chayote” y no ha ocurrido. Tendrá que ser por orden judicial y ya no por iniciativa propia, pero está en este Congreso que sea con un diseño realmente favorable a derechos humanos o no. 

Acorde a las cifras de Fundar y Artículo 19, la reducción de gasto es considerable frente a sexenios previos y eso es positivo, pero sigue siendo millonaria y el punto clave, la nuez de este debate, está sobre todo en la discrecionalidad con la que se puede otorgar y quitar anuncios a un medio o a otro, que sigue intacta.  

El segundo año de este sexenio, concluye el informe de Artículo 19 y Fundar, se destinaron 2 mil 248 millones de pesos a publicidad gubernamental, en contraste, el segundo año del sexenio priísta de Enrique Peña Nieto alcanzó 11 mil 398 millones. Hay avance notable en cuanto a la racionalidad de ese gasto, pero es un poco engañoso comparar la austeridad en propaganda con Peña Nieto, no es buen parámetro, su candidatura siempre apostó por la publicidad televisiva, su presidencia también.  

Si se asume que la publicidad oficial es una manera de dar “chayote”, pues decir que “se acabó el chayote” es mentir, porque esa publicidad sigue siendo millonaria, incluso con la enorme reducción del monto, porque como muchas y muchos hemos insistido desde hace años, no puede terminarse el chayote publicitario si de entrada sigue vigente la discrecionalidad que entraña la “Ley Chayote”.  

La publicidad oficial es un mecanismo que se ha utilizado desde hace años como método para inyectar dinero público a empresas mediáticas y ablandar con ello sus líneas editoriales. Como en toda América Latina, la publicidad oficial es una fuente de financiamiento relevante para la viabilidad de los medios, el control discrecional en su asignación es considerado un método de censura sutil por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La decisión de la Corte cobra relevancia en ese punto, porque abre una nueva oportunidad para discutir el tema, terminar con el modelo de premio y castigo pensando en el largo plazo y no en la propaganda o control de coyuntura inmediata. Si se opta por mantener la discrecionalidad, se repetirá la misma lógica de simulación de siempre.