Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Las universidades públicas autónomas y su vida interna
Las universidades públicas autónomas, como cualquier institución, son entes con márgenes de mejora como lo es cualquier creación humana.
Las universidades públicas autónomas, como cualquier institución, son entes con márgenes de mejora como lo es cualquier creación humana.
En días recientes se ha intentado iniciar un debate respecto del papel de la universidad pública autónoma en México.
Desde algunos foros, se ha señalado que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha estado dando preponderancia a ciertas tendencias ideológicas sobre otras, lo cual iría en contra de la universalidad que se busca sea una de las características fundamentales de este tipo de instituciones.
Sobre lo anterior, se debe decir que las universidades públicas autónomas, como cualquier institución, son entes con márgenes de mejora como lo es cualquier creación humana.
De manera simultánea a las críticas comentadas, se ha comenzado a ejecutar en la Universidad Autónoma de Zacatecas (por decisión de su máximo órgano de gobierno colegiado) un proyecto al que se ha denominado “Ruta crítica del proceso de reforma universitaria” y en cuya presentación estuvieron presentes autoridades estatales y federales.
De acuerdo con los boletines oficiales, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se “indicó que es un esfuerzo que tiene una proyección nacional y está haciendo historia, con un compromiso fundamental por la transformación, al representar una ruptura radical de un modelo de universidad que lleva muchos años”.
Al revisar algunos de los documentos elaborados por las personas responsables de la “Ruta crítica del proceso de reforma universitaria” se puede afirmar que con ella se busca comenzar un ejercicio deliberativo al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), que la convierta en “un referente de transformación de la universidad pública”. Ello ejecutando una “transición gradual, de no imponer ni confrontar a través de una democracia de alta intensidad”.
Es importante recordar que fue en abril pasado cuando fue expedida la Ley General de Educación Superior (LGES), en cuyo artículo 2º se puede ver reflejado de manera clara cómo las legisladoras y los legisladores establecieron reglas claras respecto de la regulación de la vida interna de las universidades públicas autónomas, teniendo que en su texto se señala que los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas respetarán de manera irrestricta sus facultades y garantías y no podrán menoscabar su facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Por ello, cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado.
A saber, cualquier reforma legislativa que implique una modificación a las leyes orgánicas de las universidades públicas autónomas es procedente si, y solo si, sus consejos universitarios (o equivalentes) han brindado una respuesta por la que se que acepten dichos cambios.
Como ya se señaló, procesos deliberativos como el iniciado en la UAZ son ejercicios comunes en este tipo de instituciones, por lo que normalmente se espera que a partir de su ejecución se solventen asignaturas pendientes de la misma.
No obstante, señalar –como lo hizo la SEP– que se trata de “un esfuerzo que tiene una proyección nacional y que representa una ruptura radical de un modelo de universidad que lleva muchos años” podría ser considerado un exceso, pues como ya lo ha dejado claro el Congreso de la Unión, los límites que impone la autonomía universitaria a la intervención en la vida interna de las instituciones que cuentan con ella por parte de los órganos políticos son muy claros.
Cualquier cambio en la vida interna de las alrededor de 40 universidades públicas autónomas es tarea de, y solo de, sus comunidades universitarias en ejercicio de su autogobierno. Por esto, fomentar que se replique un modelo que legítimamente se otorgue una comunidad universitaria, no implica que las demás lo consideren necesario y tampoco que invariablemente busquen una “ruptura radical de un modelo de universidad que lleva muchos años”.
Se debe recordar que no todo cambio implica una mejora.
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