¿Qué efectos tuvo realmente el desafuero de García Cabeza de Vaca?

Uno de los principios básicos de cualquier ejercicio de planeación estratégica es separar el objetivo real del objetivo declarado. Esto es importante, pues a menudo no se pueden declarar las verdaderas intenciones. Quien afirmó lo anterior, un militar prusiano del siglo XIX llamado Carl Von Clausewitz, decía que mientras el objetivo declarado de la guerra era ganar algo que no se podía adquirir por la vía diplomática, el objetivo declarado para los militares era restaurar la paz.

Lo anterior viene a cuento a propósito del desafuero que hace poco más de un año hizo la Cámara de Diputados contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En este caso, el objetivo declarado siempre fue entregarlo a la justicia, cuando el real fue lo que apreciamos hoy: el triunfo de Morena. ¿A qué me refiero?

El proceso de declaración de procedencia, o desafuero, fue diseñado para proteger la inmunidad de las personas legisladoras de intentos del Ejecutivo por boicotear el quórum. De esa forma, en casi todo el mundo la solicitud de procedencia se envía a la presidencia del órgano legislativo, quien determina si el documento se encuentra bien fundamentado, o si no hay alguna motivación política. Una vez analizado, la presidencia presenta el dictamen al pleno, donde se decide si se le protege o no a la persona acusada.

¿Qué pasa en México? Tenemos este procedimiento tan mal diseñado que se ha vuelto una patente de corso, cuando no un instrumento selectivo de ataque. La razón: en lugar de protegerse solamente a las personas legisladoras de la Cámara que dictamina las solicitudes, la Cámara de Diputados decide sobre el levantamiento de la inmunidad del Congreso de la Unión, los poderes federales y los órganos autónomos.

En el caso de hacerse una acusación contra autoridades locales en delitos federales, la Cámara de Diputados levanta la inmunidad, pero la legislatura local ratifica o no. Ese doble veto o refuerza la impunidad o ayuda a que una persona acusada huya del país entre la resolución federal y la local, como fue el caso de la diputada del Congreso de Sinaloa Lucero Sánchez.

Bajo este entendido, la fiscalía emitió una solicitud de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, sabiendo que iba a ser bloqueada por la legislatura local, que seguía siendo controlada por el PAN. Eso permitió mantener el escándalo vivo, mientras la Suprema Corte de Justicia emitía una resolución. Es decir, se tenía contemplado que era muy poco probable que el fin declarado prosperase, si acaso. Todo esto se podía prever tan solo leyendo el título cuarto constitucional.

Al contrario, el objetivo real se cumplía. Fue tal el desgaste, que el PAN de Tamaulipas perdió terreno en la elección intermedia, por el golpe a la imagen y autoridad del gobernador. El daño se hizo mayor conforme se calentaba la elección, de tal forma que la acusación se convirtió en un negativo determinante en el resultado de la contienda.

Estamos a unos días que la Suprema Corte emita su resolución, la cual ratificará el procedimiento del título cuarto: la legislatura local ratifica o no la resolución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso poco importa ya: en cuanto acabe el mandato de García Cabeza de Vaca, ya no tendrá inmunidad y veremos cómo enfrenta ese problema.

La política es un juego de estrategia, que necesita una cabeza lo más fría posible. De lo contrario, seremos presa fácil de la propaganda y las emociones de coyuntura.

Ahora bien, ¿quieren que este tipo de instrumentos no se usen de manera facciosa? Hay mucho que cambiar a nivel constitucional, pero lamentablemente los partidos prefieren simular, a juzgar de las iniciativas que han presentado en la materia durante los últimos sexenios.