Por favor, IFT, no apagues las velas

El 10 de septiembre, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) celebró su noveno aniversario en medio de mucha inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones, ocasionada por golpeteos del Estado por desacreditarlo como ente regulador autónomo y autoridad de competencia económica de la industria y la radiodifusión.

La iniciativa del gobierno por echar a andar su propio servicio de telecomunicaciones a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE-TEIT) pareció no haber sido vista por el IFT. A la fecha no se han proclamado por poner un alto y hacer respetar el título de concesión de Altán con la red compartida que le impiden ofrecer servicios minoristas, y mucho menos en comunidades donde ya existe conectividad. Peor aún, el no considerar la merma a la competencia y a la inversión privada local y extranjera al dejar de lado a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que ofrecen sus servicios bajo la infraestructura de esta red, quienes estarán ahora atenidos a las ofertas y uso populista de este servicio como propaganda política de cara a las elecciones del 2024.

La reforma constitucional de la que surge la creación del IFT le otorgaba la responsabilidad de vigilar y garantizar los derechos de los usuarios y las audiencias para crear condiciones de competencia entre los diferentes operadores ya existentes, así como fomentar la inversión extranjera.

Desde noviembre de 2019, ante la carga financiera que le representaba el pago por el uso del espectro, Telefónica anunció un modelo de compartición de infraestructura con AT&T para poder seguir operando, y planea finalizar el desmonte de su infraestructura para el 2024. Por su parte, AT&T arrancó el año con la especulación de su salida del país, información que se oficializó con la postura de la empresa en voz de Mónica Aspe al periódico Reforma: “Pedimos que se exija y también se verifique el cumplimiento del preponderante –AMX– al marco legal y regulatorio y que se ajuste la regulación conforme sea necesario para asegurar su efectividad, que se mide al final de cuentas por la reducción en su elevadísima participación de mercado. Si eso sucede, aquí seguiremos compitiendo”.

Al presidente simplemente no le interesa el IFT. No únicamente descalifica en automático cualquier propuesta de mujeres a ocupar un puesto dentro del instituto, sino que además omite nombrar a candidatos para completar su pleno, por lo que hace tiempo opera solo con cuatro de los siete requeridos. El IFT presentó una muy tardía controversia constitucional para que, con toda esperanza, finalmente se les otorgue ese beneficio. Ojalá esto sea pronto.

Mientras tanto, los derechos de las audiencias están en vilo. Bajo un supuesto de cuidar a los ciudadanos de los contenidos que reciben en medios de comunicación, activistas afiliados a la 4T promueven que se le otorgue al Estado la facultad de decidir entre opinión e información, en una especie de desacreditar a modo el análisis de locutores y comentaristas, quienes pondrían en problemas a los concesionarios al recibir una multa o la solicitud de cesar sus transmisiones.

A río revuelto y durante años, el preponderante en telecomunicaciones sigue consolidando su cuota de mercado, las estaciones de radio pirata siguen proliferando, y no hay certeza de cuándo el IFT presente la revisión anual de preponderancia en ambos sectores.

La buena noticia es que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, el IFT recibirá un incremento de 7.69% en su presupuesto, es decir, operará con mil 680 millones de pesos durante el próximo año. Sin embargo, el PEFF favorecerá a CFE-TEIT que contará con 10 mil 911 millones de pesos para continuar con el proyecto de conectividad del Estado.

Con esta narración de hechos, solo queda el deseo de que el IFT no apague las velas y deje que lo sigan mermando en un claro camino hacia su desaparición, dejando de lado los derechos de garantías de los ciudadanos hacia la conectividad, la libertad de expresión y, por ende, a la democracia.