Nuestra democracia no se toca

La movilización y la desafección son dos caras de la misma moneda, 
dos síntomas del mismo malestar subyacente.
David Altman

A propósito de la marcha que el pasado domingo se llevó a cabo para manifestar el desacuerdo de un sector de la población con el llamado “plan B electoral”, es importante destacar lo sano que es para un país que busca consolidar su carácter democrático el que su sociedad exprese pacíficamente aquello a lo que se opone.

Ha sido objeto de diversos análisis el contenido e implicaciones del “plan B electoral”, mismo que se trata de una serie de reformas a diversas leyes secundarias que de acuerdo con el grupo en el poder tiene como objetivo “acabar con la burocracia dorada y los dispendios electorales” supuestamente existente en el Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de lo anterior y de lo atractivo que puede ser un argumento como el señalado, lo cierto es que la polémica, que se ha alimentado con esta propuesta y con lo que implicaba la reforma constitucional que buscaba anteriormente el grupo en el poder y que no logró tener éxito, ha ido en ascenso y ha logrado que muy diversos sectores tengan finalmente una causa común que no debe ser indiferente a nadie que valore los logros democráticos del Estado mexicano: la defensa de la autonomía del INE y su indispensable papel en la democracia.

Analizar movilizaciones como la comentada conlleva invariablemente a hacer conciencia sobre la trascendencia que ha tenido, tiene y tendrá contar en una democracia saludable con árbitros electorales imparciales.

Por ello, el argumento de que el INE (anteriormente Instituto Federal Electoral) es resultado de diversas reformas de gran calado que han ido perfeccionando su modelo y que han significado una evolución institucional como pocas en el país es perfectamente defendible, así como también lo es la presumible imparcialidad en su actuación, pues en ella participamos de manera activa ciudadanas y ciudadanos de todas las ideologías.

Dudar de la imparcialidad del INE es dudar de la imparcialidad de una ciudadanía que se desarrolla en un Estado constitucional y democrático de derecho.

Es una buena noticia que en México exista una ciudadanía activa que lleve a cabo una lucha permanente por defender los logros democráticos que tanto han costado al país, siendo ese ejercicio de la ciudadanía una prueba más de los avances, que no solo las instituciones, sino la cultura democrática misma han tenido y que de ninguna manera deben sufrir retrocesos como el que puede representar la definitiva aplicación de un “plan B electoral”. El cual, a nadie queda duda, carece del análisis profundo que requiere y al que le sobra una clara contravención a lo establecido por nuestra Constitución.

Cabe recordar que es este mismo sistema electoral que hoy se cuestiona, el que en su momento organizó los procesos electorales a través de los cuales resultaron electas las autoridades que hoy dirigen los destinos del país. Si bien intentar su mejoramiento desde ahí puede ser positivo, descalificarlo buscando minar su credibilidad y legitimidad, además de violar su autonomía, no lo es.

En vista de que la discusión deseable y mínimamente exigible en las cámaras del Congreso de la Unión simplemente no se presentó, ahora estará en manos de nuestro tribunal constitucional y de sus 11 ministras y ministros resolver si estos cambios propuestos desde el poder llevan aparejada aquella contravención a nuestra Constitución y, por tanto, deben o no ser expulsados del orden jurídico mexicano.

Las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Unión deben estar seguros de que son depositarios de nuestra confianza, por lo que las expectativas que tenemos sobre sus decisiones son tan altas como lo es la importancia del asunto que hoy tienen sobre sus escritorios.

Por estas y muchas razones más, nuestra democracia no se toca.