Cadenas de violencia y contubernios en Matamoros

En 1844, previo a la invasión estadounidense en México, el escritor Manuel Payno destacó que en la frontera de Tamaulipas con Texas “Nada de población, nada de seguridad, nada de garantías individuales, tampoco nada de industria y nada de progreso” podrían implicar que en un futuro inmediato la región fuera “un fragmento de la nación de Washington”^[1].

A casi dos siglos, la ausencia de seguridad y de garantías individuales aún prevalece en ciudades fronterizas como Matamoros, como lo mostró el acontecimiento de violencia criminal del 3 de marzo pasado, pero también un nuevo intento de “invasión americana”,  pues los congresistas Dan Crenshaw, de Texas, y Mike Waltz, de Florida, han propuesto que el presidente Joe Biden utilice al ejército para combatir a los cárteles de droga mexicanos, como pretendió Donald Trump en 2019.

El acontecimiento de violencia no fue para menos: el secuestro de Latavia McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Erick James Williams, cuatro ciudadanos estadounidenses, dos de ellos asesinados, por un grupo armado del Cártel del Golfo (CDG) en Matamoros, alimentó la narrativa de la derecha estadounidense sobre México como un estado fallido, donde las bandas criminales dominan y las instituciones son corruptas, como afirmó el analista de seguridad Alejandro Hope.

A nivel estatal, el acontecimiento también fue capitalizado por el congresista Félix García Aguiar, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), quien afirmó que el gobierno morenista de Américo Villarreal estaba retrocediendo en materia de seguridad pública.

El riesgo en la frontera y la amenaza a la seguridad nacional son los temas que suscitó el acontecimiento en cuestión, pero no es algo nuevo. Matamoros es la cuna del CDG y desde esta ciudad se han tejido contubernios entre líderes del grupo y personajes políticos del estado, como lo documentó el politólogo Carlos Antonio Flores^[2].

No en balde, desde los años noventa la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) registró vínculos entre el CDG y los exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yárrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores; los dos primeros nativos de Matamoros, y los tres militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como también lo fue Egidio Torre Cantú, quien gobernó Tamaulipas de 2011 hasta 2016, en sustitución de su hermano Rodolfo, asesinado en 2010.

La transición de gobierno partidista en Tamaulipas, del PRI al PAN, también dejó entrever contubernios entre grupos criminales y grupos políticos: como señaló el periodista Juan Alberto Cedillo, durante la administración del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022), algunos de los jefes de grupo de la Policía Ministerial y mandos de la Procuraduría y de la Unidad General de Investigaciones, supuestamente vinculados con el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, fueron mantenidos en sus puestos.

Cuatro años después, las disputas entre el estado y Matamoros salieron a relucir: en septiembre de 2020, el gobierno estatal asumió el mando operativo, administrativo y financiero de la Policía municipal “para restablecer el orden público y depurar la corporación”. En la ciudad se presentó el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), pero también bloqueos en algunas calles por parte de transportistas. 

Medio año después, en abril de 2021, los medios difundieron que el alcalde del municipio, Mario López Hernández, tenía en la nómina de seguridad pública a Evaristo Cruz, alias “El vaquero”, un exlíder del CDG. Y un mes después, en mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) hizo acusaciones, una solicitud de desafuero y orden de aprehensión en contra del gobernador García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

En el primer caso, el entonces Secretario del Ayuntamiento se deslindó de la acusación diciendo que la información había sido manipulada, pues “El vaquero” sí estaba en la nómina municipal, pero de la administración anterior. En el segundo, el mandatario recurrió a una serie de amparos que hasta la fecha lo mantienen en libertad.

En octubre de 2022, Tamaulipas nuevamente transitó de partido político en la gubernatura con la llegada del morenista Américo Villarreal Anaya. Sin embargo, días antes de tomar protesta como gobernador, se hicieron públicas fotografías donde aparecía en un restaurante de la Ciudad de México con el senador José Narro Céspedes, también morenista, y Gerardo Teodoro Vázquez, “El Gerry”, un presunto operador del Cártel del Noreste.

Mientras tanto en Matamoros, el gobierno de Mario López Hernández nuevamente fue noticia. En una nota del último de febrero del año en curso, el periodista Héctor De Mauleón afirmó, con base en señalamientos de las cámaras empresariales, que en esta ciudad fronteriza no sólo el CDG cobraba “impuestos” a todo negocio, sino también el ayuntamiento, desatando “una campaña de extorsión a empresas y negocios”.

Tres días después fue el secuestro de los ciudadanos estadounidenses en Matamoros y tres días más su hallazgo en una casa de seguridad en el ejido El Tecolote, carretera a playa Bagdad, casualmente muy cerca del ejido La Bartolina, donde en el verano del 2021 se encontraron cerca de 500 kg de restos humanos.

Paradójicamente, el mismo día que las autoridades mexicanas repatriaron a Latavia McGee y Erick James Williams, los dos ciudadanos estadounidenses encontrados con vida, también se hizo público que en un retén sobre la carretera Monterrey-Reynosa, la FGR confirmó el aseguramiento de dos personas que llevaban 2 millones de pesos en efectivo, cantidad que presuntamente sería entregada al tesorero del PAN en Tamaulipas, Raúl Pérez Luévano. Este último se deslindó y acusó al gobierno del estado de orquestar una “campaña negra” en su contra.

Ese mismo día fue que el diputado panista, Félix García Aguiar, cuestionó la política de seguridad pública del gobernador Américo Villarreal.

En este escenario fue que se dio el acontecimiento de violencia criminal. Aunque la hipótesis inicial de la fiscalía de Tamaulipas fue que el secuestro y asesinato de los estadounidenses fue por una “confusión” del crimen organizado en Matamoros, y las autoridades estadounidenses la secundaron argumentando que sus ciudadanos fueron confundidos con migrantes haitianos que traficaban drogas, el hecho es que en los negocios y despliegues armados del CDG el margen de confusión, error o competencia es bajo o, al menos, nada tolerado.

Sin duda en Tamaulipas hay precedentes de migrantes que han sido reclutados por la fuerza para actividades ilegales^[3], incluso de incursiones de otros grupos criminales que han fracturado al propio CDG y generado violencia en Matamoros, pero la información ventilada por los medios acerca de los antecedentes criminales de los secuestrados en Estados Unidos y la “entrega” del CDG de cinco presuntos responsables del secuestro, quienes supuestamente actuaron por su cuenta, sin duda dan un nuevo giro a las investigaciones y a la especulación sobre contubernios locales y estatales.

Mientras tanto, las presiones de Estados Unidos sobre México continúan. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó de intentos intervencionistas y propagandistas por parte de legisladores republicanos de aquél país. En Matamoros, por otro lado, Arely Pablo Servando, una joven mexicana de 33 años de edad que murió al ser alcanzada por una bala cuando bajaba del transporte público y se daba el secuestro de los ciudadanos estadounidenses, fue sepultada y quedó en el olvido político y mediático, como el resto de ciudadanos mexicanos que son secuestrados, desaparecidos o asesinados en esta frontera o en otras ciudades y pueblos del país.

^[1] Payno, Manuel (2013). El puerto de Matamoros en 1844. Ciudad Victoria: Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, p. 24. 

^[2] Flores Pérez, Carlos Antonio (2013). Political Protection and the Origins of the Gulf Cartel. Crime, Law, and Social Change, No. 61, 517-539.

^[3] Izcara Palacios, Simón Pedro (2012). Violencia contra inmigrantes en Tamaulipas. European Review of Latin American and Caribbean Studies, No. 93, 3-24.