La dignidad del derecho frente al tirano

Para ser cuidadoso del lenguaje y del significado de las palabras cito la definición de tirano del diccionario de la Real Academia Española (RAE). “Dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, y también simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario”.

Todo poder es efímero, el que es de naturaleza política viene acompañado generalmente de un plazo fatal. La primera intención del tirano es prolongar lo más posible el poder que detenta, hay muchos casos que ejemplifican que entre más grotesca es la obsesión por preservarlo, más dramática se vuelve la caída.

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En contraste los demócratas son capaces de entender que el poder concluye con el cargo para el que fueron electos y permiten que mediante un proceso limpio se origine la posibilidad de la alternancia. Un buen gobernante confía en sus resultados y propicia la competencia para someterse a la decisión mayoritaria.

El derecho es una creación del hombre y su civilización, ese conjunto de reglas que nos hemos dado para vivir en armonía y sancionar ejemplarmente a quienes las infringen en un marco de referencia coronado por la Constitución. Hacer buenas leyes no sólo implica conocimientos especializados, sino principios para lograr que las aspiraciones de superación colectiva trasciendan a las buenas intenciones.

Quienes son capaces de impulsar normas para limitar su propio poder son considerados demócratas, los que por el contrario hacen leyes para darse más poder aplastando a los demás, son por definición tiranos que muestran un comportamiento patológico con delirio de grandeza, mitomanía y a medida que se radicalizan evaden la realidad.

No pretendo adentrarme en el campo de la ciencia política, sólo dar un marco de referencia para narrar episodios que serán consignados en la relatoría de una etapa de retrocesos y degradación para nuestra democracia.

La semana pasada tuve la oportunidad de asistir al congreso nacional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados durante 3 días en Querétaro, ahí se reunieron algunos de los juristas más reconocidos. Ministros, académicos, investigadores, litigantes, funcionarios y legisladores se pronunciaron sobre el derecho en el México que viene, un momento por demás crítico que definirá el destino de instituciones tan esenciales como la Suprema Corte de Justicia.

Fue la oportunidad de escuchar reflexiones que delinearon la fotografía de un país que padece un presidencialismo autoritario que repudia la fuerza del derecho como limitante de su ejercicio.

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En la búsqueda de puntos de contraste para valorar lo que aún tenemos, me parecieron particularmente oportunos los comentarios del ministro Javier Laynez Potisek que recordó la oscuridad de una época no muy lejana. Antes de la creación del histórico Instituto Federal Electoral que presidió José Woldenberg, la Secretaría de Gobernación organizaba, revisaba y controlaba los resultados que favorecían siempre a un sólo partido. No fue gracia divina la que nos permitió establecer condiciones distintas y mejores.

El ministro lo expresó así, “el Ejecutivo ya no iba a ser el Ejecutivo omnipresente y omnipotente, sino un auténtico sistema de equilibrio de poderes y a eso obedecieron todas estas reformas que transformaron desde 1994 en adelante al Poder Judicial, es decir, tuvo una explicación histórica esta transformación, esta necesidad de autonomía”.

Laynez se refirió a la creación de un Tribunal Constitucional al que se le dieron atribuciones para resolver controversias entre poderes y anular leyes contrarias a la Carta Magna. Condiciones de una democracia constitucional en la que se logró avanzar a un sistema de verdaderos contrapesos para que ministros expertos en derecho, ajenos al control presidencial acotarán los excesos propios de una dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa.

“Para mí es muy importante no olvidar que pasó en nuestro país porque no es que sólo estemos repitiendo la importancia de la autonomía y de la independencia del Poder Judicial, sino que ya vivimos lo que es tener un Poder Judicial que no es autónomo, con un Congreso sometido y creo que no queremos repetir esa parte de la historia que nos costó 70 años en abandonar”, enfatizó Laynez.

De ahí venimos y fue en aquel hipertenso 1994 que se impulsó una reforma que acotó la hegemonía absoluta del Ejecutivo, un logro inobjetable que se debe atribuir a Ernesto Zedillo, muy a pesar de su propio partido, que reprochó una postura republicana que en aquel momento se calificó de traición. México había dado un paso hacia adelante en su vida institucional, producto de muchas batallas libradas desde 1968 para restringir el margen de operación de un presidencialismo que no admitía disensos e imponía siempre su soberana voluntad.

Ese México sin Estado de derecho constitucional y democrático lo tenemos a la vuelta de la esquina en 2024 con una elección que definirá si damos vuelta en “u” o defendemos con responsabilidad logros que nos permiten gozar todavía de un sistema de equilibrios amenazado por el tirano.

El principal colegio de abogados se mostró como la conciencia jurídica más lúcida de nuestro país, para ubicarse sin titubear del lado correcto de la historia. Ahí la presidenta de la Corte fue clara respecto a la confesión de Andrés Manuel de López Obrador sobre las nocivas intervenciones en el periodo de su antecesor. Para Arturo Zaldívar devaluado a porrista de la ignominia, se ajustó a la medida el saco de “mandadero” bordado por Luis María Aguilar, en la inauguración de ese mismo congreso. La ministra Norma Piña se refirió también al contexto, “no debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre poderes del Estado con la subordinación del Poder Judicial Federal”.

Termino con dos citas, de esas que tanto gustan al megalómano de Macuspana que anda diciendo que “su autoridad moral” está por encima de la ley. Una es del gran poeta Ovidio, “las leyes están para que el poderoso no pueda todo” y otra que pertenece al estadista británico William Pitt, “donde la ley acaba, comienza la tiranía”.         

EDICTOS

Defender la autonomía judicial no es un cheque en blanco, ni argumento válido para dejar de señalar a los malos impartidores de justicia, porque los hay. Un clamor sustentado en cientos de denuncias actuales sobre las corruptelas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que encabeza Rafael Guerra Álvarez nos permite hablar de una red de complicidades y manoseos políticos donde se negocian resoluciones con tabuladores a disposición del mejor postor.  Como ya lo había denunciado en esta columna desde el 15 de marzo de 2023, un personaje clave en la trama y dentro de la oficina de Guerra, es Karen, su poderosa secretaria particular conducto de confianza para dar línea a una red de jueces y magistrados incondicionales, como Marcial Enrique Terrón Pineda. Este infame juez 18 de lo civil en la capital que sostiene un presunto contubernio con el jurídico de Pemex que ha generado escandalosas decisiones rebotadas en la propia conferencia mañanera por desfalcos que llevaron al baile al Banco del Bienestar. Este es sólo un botón de muestra en la maraña de tropelías que ahora pudieran envolver otro caso muy visible que tiene que ver con la libertad de expresión.

Es también en este Tribunal Superior de la CDMX que Carlos Loret de Mola libra una batalla con Pío López Obrador, al que vimos en video (y no lo negó ante la juez) recibir a escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel. El hermano de AMLO demandó a Loret por semejante balconeada que exhibió el modus operandi de un régimen que se financia del cash para “apoyar al movimiento”. Vaya caso que tiene la jueza (interina en el cargo) Beatriz Elizabeth Silva Mata. ¿Estará consciente del mensaje que mandará con su resolución? ¿La doblarán los emisarios de Guerra que operan la mafia de complicidades en ese Tribunal Superior? ¿Será capaz de darle un justificado revés al envalentonado Pío para hacer prevalecer la libertad de un periodista crítico? ¿Por qué la indignación de López Obrador sobre los juzgadores no toca ni con el pétalo de una rosa a la justicia local en la capital que gobierna su partido?

Dato morboso, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, está casado con Eva Verónica de Gyves Zárate, Consejera de la Judicatura Federal con camiseta 4T.