Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
La necesidad de reguladores independientes
Con independencia de lo acertadas o no que sean las razones que el gobierno ha esgrimido para buscar la eliminación de instituciones, es preciso destacar que debido a la profunda integración y apertura por las que se ha caracterizado la economía mexicana, cualquier cambio relacionado con instituciones públicas debió analizarse desde diversas ópticas.
Con independencia de lo acertadas o no que sean las razones que el gobierno ha esgrimido para buscar la eliminación de instituciones, es preciso destacar que debido a la profunda integración y apertura por las que se ha caracterizado la economía mexicana, cualquier cambio relacionado con instituciones públicas debió analizarse desde diversas ópticas.
Con el reciente y acelerado ritmo de las reformas impulsadas por la administración federal actual, las dudas que surgen respecto de su eventual aplicación y los efectos positivos y negativos que ésta podría traer, crecen al ritmo que lo hacen las imprecisiones que se van encontrando a dichas propuestas y la manera en que sus impulsores intentan subsanarlas.
Indubitablemente, algunas de las propuestas más polémicas tienen que ver con la eliminación de algunos organismos autónomos, particularmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Y es que especialmente estas dos instituciones tienen una incidencia clara en la garantía de dos derechos humanos importantes para las personas y para la economía misma: los derechos a la libre competencia y a la libre concurrencia.
En un mundo en el que los procesos de integración económica entre los distintos países y las regiones a las que pertenecen exigen contar con instituciones y procedimientos producto del consenso de los primeros, los cambios de rumbo unilaterales y a la mitad del camino pueden generar una desaceleración en dichos procesos o, incluso, retrocesos que pongan en riesgo la economía de dichos países.
Con independencia de lo acertadas o no que sean las razones que el gobierno ha esgrimido para buscar la eliminación de instituciones que responden a la lógica de la descentralización del poder, es preciso destacar que debido a la profunda integración y apertura por las que se ha caracterizado la economía mexicana cualquier cambio relacionado con instituciones públicas como el IFT y la COFECE debió analizarse desde diversas ópticas, entre las que se encuentran los tratados comerciales suscritos por nuestro país.
Son instrumentos como el “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá” (T-MEC) y el “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” (TIPAT) aquellos que al parecer no fueron revisados de manera correcta pues, por ejemplo, ambos establecen textualmente que quienes forman parte de los mismos deben contar con un organismo regulador de las telecomunicaciones independiente, esto en los artículos 18.6 y 18.17 en el caso del T-MEC y en el numeral 13.16 en el caso del TIPAT.
Lo anterior ha generado que la propuesta original que transferiría las atribuciones ejercidas por el IFT y la COFECE a dependencias del Poder Ejecutivo (suprimiendo la independencia señalada por el T-MEC y el TIPAT) se haya modificado y ahora se proponga que algunas de ellas sean ejercidas por un nuevo ente que tendría naturaleza jurídica distinta a la de una dependencia del Poder Ejecutivo pero no lo suficientemente independiente para lograr sostener que se está cumpliendo con lo señalado con los tratados anteriormente señalados.
Y es que sostener que un organismo público descentralizado es una institución independiente del Poder Ejecutivo es imposible ya que, si bien no existe la misma relación de subordinación que tienen, por ejemplo, las secretarías de despacho, efectivamente el diseño de su estructura de gobierno conlleva un grado de dependencia indeseable de acuerdo con los estándares que se persiguen en este tipo de tratados. Cabe recordar que a mediados del año 2020 hubo un primer intento de fusionar y concentrar estas y otras instituciones reguladoras en una que se denominaría Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB), propuesta que tuvo una vida muy corta en razón de la profunda complejidad que implicaba llevarla a la realidad (https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/inmecob-iniciativa-que-pone-en-riesgo-la-regulacion-en-mexico/).
En los días actuales en que factores como las perspectivas señaladas por las calificadoras de riesgo van a la baja para nuestro país o la llegada al poder de Donald Trump en el país que es nuestro principal socio comercial aumentan la incertidumbre y la volatilidad, acciones innecesarias como son los cambios propuestos por el gobierno podrían abonar a que la situación económica del país empeore y a que todas las personas que lo habitamos nos encontremos expuestas a riesgos que, de manera definitiva, podrían mitigarse desde nuestro gobierno.
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