Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Un lugar llamado ‘La Chingada’
Abyectos como Eduardo Andrade Sánchez participarán de una elección a modo para ocupar en 2025 las plaza de ministros como Javier Laynez o Jorge Mario Pardo.
Abyectos como Eduardo Andrade Sánchez participarán de una elección a modo para ocupar en 2025 las plaza de ministros como Javier Laynez o Jorge Mario Pardo.
Al consumarse la destrucción del Poder Judicial independiente con efectos al 31 de agosto de 2025, hay reacciones internas que muestran diversos procesos para digerir la resignación. No faltan quienes con ese incongruente estilo que caracteriza a los oportunistas se acercan al grupo ejecutor y a sus operadores, para esos es válido intercambiar principios por cargos que les permitirán negociar con la penosa justicia que vendrá.
Quienes con dignidad han declinado a participar en el proceso de elección de juzgadores ya se encuentran instalados en la coyuntura para definir su futuro profesional en el extranjero, la academia o en el sector privado. Para otros el frenético ataque les orilló a una jubilación prematura que nadie podría reprochar.
El clima en la judicatura es incierto, desolador como ocurre entre las ponencias de los ministros de la Suprema Corte que renunciaron y se van el año próximo, obvio exceptuando a los equipos de las ministras 4T porque también en la oficina de Alberto Pérez Dayán hay un proceso de asimilación inconcluso sobre la actitud del juez que traicionó la esperanza de una anulación parcial de la reforma judicial.
Contando la de este jueves, sólo quedan 7 sesiones del pleno de ministros por lo que resta de 2024, un año negro para el Tribunal Constitucional que concluirá una etapa de 30 años que se extingue con la nueva era totalitaria del régimen sobre el Poder Judicial de la Federación.
Ahora se distinguen 2 corrientes, una que considera que participar en el proceso de elección de juzgadores federales sería incongruente porque validará un golpe inadmisible que destruye las carreras de cientos de personas entregadas con lealtad a la Judicatura. La otra considera con mayor audacia que es deseable que los cuadros formados dentro de la institución y juristas externos participen en el proceso que dejó la reforma para exhibir sus inconsistencias. Plantean una estrategia estilo caballo de Troya que pudiera cubrir con los perfiles mejor preparados las vacantes generadas por la destitución masiva de jueces y magistrados de carrera. Soy de los que piensan que participar otorga una aval al exterminio del Poder Judicial, a estas alturas ¿se podría conceder que los nuevos juzgadores, serán objetivos y libres en sus decisiones? Considero que la respuesta es no, sin tomar en cuenta el nivelito que tendrán.
Es destacable y por ello cito el ejercicio numérico publicado en días recientes por el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro para entender el tamaño de la sacudida:
“881 plazas que se concursan en 2025:
5 ministras y 4 ministros de la Corte, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del TEPJF, 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral, 446 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, 386 juezas y jueces de Distrito. De un total de 1700 plazas de juzgadores federales 850 van a la elección de 2025, declinan en total 820. Seiscientos trece declinan para 2025 y 207 para 2027, participarán en la elección 15 magistrados y 18 jueces de distrito. Elegir cada cargo costará aproximadamente 15 millones de pesos”.
El recuento hecho por Gómez Fierro que también renunció con la autoridad moral de una carrera intachable, deja clara la intención de fondo. Sólo los ingenuos podrían dar el beneficio de la duda a este procedimiento producto de una ocurrencia revanchista bien planificada.
Nada de esto dará como resultado un mejor sistema de impartición de justicia, el apellido “del pueblo” es una falacia que pretende darle apariencia de normalidad a una infamia que ha generado indignación en diversos foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Cubre Judicial Iberoamericana efectuada en Chile.
El régimen alista un abordaje judicial abyecto. ¿Ustedes creen que será una elección transparente? ¿Consideran que la popularidad alcanzada en campaña para juzgador será un mejor atributo que la preparación y conocimiento experto del derecho en una carrera altamente especializada? Para muestra un botón emblemático, ya se ha registrado como candidato el impresentable Eduardo Andrade Sánchez, defensor de Yamín Esquivel en el asunto del plagio, un incondicional cuatrotero que busca toga y que cubriría una de las vacantes que dejarán ministros como Javier Laynez, Jorge Mario Pardo Rebolledo o Juan Luis González Alcántara Carrancá. El chiste es tétrico por necesidad.
Cierro el artículo de esta semana con una de las decisiones más indignantes que se recuerden desde la Sala Superior del Tribunal Electoral dominada a placer por la triada dirigida por Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes. ¿Puede un tribunal electoral ignorar resoluciones judiciales firmes bajo el absurdo pretexto de “proteger” un proceso electoral? Cerca de 500 suspensiones en materia de amparo fueron pisoteadas para continuar con el proceso de elección antes descrito, estas decisiones de jueces de distrito en todo el país advierten con poderoso sustento jurídico que el obradorato violó flagrantemente la autonomía judicial. Soto, De la Mata y Fuentes institucionalizaron con sus votos el desacato, es decir un delito federal. Un verdadero escándalo por el que será recordada esta Sala Superior dominada por los intereses personales y sus genuflexiones hacia el Ejecutivo.
La crudeza de los hechos descritos despedaza el discurso populista que engaña sin variaciones de fondo desde Palacio Nacional, con una presidenta sujeta a una larga correa que se jala desde Palenque, en aquel lugar llamado “la chingada”.
EDICTOS
La primera sesión jurisdiccional de la Suprema Corte en 2025 será el lunes 6 de enero. En junio vendrá una elección imposible de transparentar en su complicada logística que definirá el rostro de una impartición de justicia federal vapuleada por la venganza y la traición de personajes que merecen ser mencionados para no olvidar su falta de escrúpulos en las tareas de aniquilación de la división de poderes en México. La memoria colectiva no dejará impunes a: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres, Alberto Pérez Dayán, Felipe de la Mata, Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera, Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Molina Martínez.
Hay muchos otros nombres de menor notoriedad que son igualmente responsables de la devastación al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal. Operadores que desde las sombras ejecutaron estrategias para el golpe final y que envalentonados ambicionan apropiarse de los restos de lo que fue la impartición de justicia más luminosa de la época moderna entre 1994 y 2024.
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