El 02 de agosto de 2025 fue anunciada por parte de la presidenta Sheinbaum la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral (la Comisión), misma que se señaló tendría por objetivo “la elaboración de un diagnóstico del estado en que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y como segunda tarea el confeccionar una reforma legislativa que éste acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo”. Posteriormente, el 04 de agosto del mismo año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que estableció los detalles de dicha creación.
Entre otras cosas, en el decreto de creación de la Comisión se puede observar que este estaría integrado enteramente por personas servidoras públicas adscritas al Poder Ejecutivo Federal y que estaría vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 o cuando la persona titular de la Presidencia de la República determinara su disolución. Es decir, el ente encargado de diagnosticar lo relacionado con el sistema electoral y luego diseñar una propuesta de reforma seguramente muy profunda, sería uno en el que no se incluiría a la cantidad de voces que deberían participar en un debate que atañe a todas y a todos.
Por lo señalado en los medios esta misma semana y luego de poco más de 5 meses de trabajo, los resultados del diagnóstico mencionado y la propuesta de reforma están prácticamente listos, teniendo que algunos de los grandes temas que se buscará cambiar con la segunda (a decir de uno de los integrantes de la Comisión) estarán relacionados con la reducción del costo del sistema político – electoral (específicamente con el financiamiento de los partidos políticos y con el presupuesto para la realización de elecciones); con lo elevado o no que puede ser el número de integrantes de los órganos legislativo y con el sistema de representación proporcional y las circunscripciones plurinominales.
Los anteriores tres aspectos son de una relevancia indudable, pues en el caso del primero quizás puede haber una opinión mayor mayoritaria a favor de una reducción de los recursos que se destinan a la organización de las elecciones, sin embargo, ello no debería derivar en un debilitamiento de la autoridad electoral. Por lo que hace al segundo y tercer aspectos, se debe recordar que estos han sido vitales para el desarrollo democrático del país desde que se idearon a finales de los años setenta.
Si bien nuestro país se ha caracterizado por ser uno en donde las reglas de acceso al poder son frecuentemente modificadas (y no así las reglas para el ejercicio del poder), en esta ocasión y luego de haber sido testigos de recientes reformas que han reconfigurado la estructura gubernamental, podemos encontrarnos ante un cambio de tal magnitud que sumado a la poca deliberación que puede darse a lo largo de tan solo 5 meses, sería capaz de desembocar en un importante retroceso democrático.
Es por ello que todas y todos deberemos dar un seguimiento puntual del destino que se quiera dar a las normas, instituciones y procedimientos relacionadas con el acceso al poder.
La democracia es un tema de todas y de todos.