Combaten con suspensiones reforma judicial; no la frenarán, reconoce juez Combaten con suspensiones reforma judicial; no la frenarán, reconoce juez
Foto: Pixabay

Un juez concedió una suspensión provisional para que la reforma judicial no se publique en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo otro juez reconoció que esto no será acatado, pues estamos prácticamente en una “crisis constitucional“, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador podrá publicarla el 15 de septiembre como él mismo se lo propuso.

La suspensión fue anunciada en las redes del profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, Francisco Burgoa; en ella se detalla que es “fundado” el recurso de queja contra la reforma, aprobada el miércoles por el Senado y en los últimos días por la mayoría de los congresos de los estados, por lo que ya está lista para que se declare su validez y sea publicada por el Ejecutivo, con el fin de que comience a surtir efectos.

Previamente, con suspensiones judicial, se intentó frenar la discusión de la reforma judicial en el Congreso, sin éxito.

Miguel Luna, juez 1o de Distrito Auxiliar, en Saltillo, explicó a La-Lista que “tanto la Constitución como la ley de amparo establecen que estas suspensiones son obligatorias y se deben acatar. Sin embargo, estamos ya viviendo una auténtica crisis constitucional, donde las autoridades no están dando cumplimiento a la suspensión”.

Sobre las consecuencias de que no se acate, refirió que “la parte quejosa, la que promovió el amparo, tiene que promover un incidente de incumplimiento de la suspensión”.

“En ese incidente, se le pregunta a la autoridad: ¿oye, por qué no diste cumplimiento? Cuando la autoridad se justifica o lo intenta, el juez tiene que dictar una resolución donde determina si el incumplimiento tenía justificación o si fue arbitrario. Si fue arbitrario, vuelve a ordenar que se dé cumplimiento y puede terminar en una denuncia penal por el delito de desacato“, precisó el juez Luna.

“Lo puedo decir a título personal: no creo que la Fiscalía le haga caso a la denuncia, entonces aunque las consecuencias de la suspensión sí traen sanción penal, la verdad es que en plena crisis constitucional veo muy difícil primero que den cumplimiento, y también veo muy difícil que cuando los jueces denuncien penalmente, nos hagan caso. Por eso abogábamos tanto por una reforma integral”, agregó.

¿La Corte puede frenar la reforma judicial?

Al respecto, el pasado miércoles, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, señaló que revisarán las acciones porque aún existen mecanismos legales para frenarla.

“No puedo pronunciarme sobre ciertos temas, porque si yo me pronuncio estaría impedida para resolver esos temas. Más en esta situación, que es muy probable, como la mayoría saben, que pueda llegar a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia (a la Suprema Corte). Ha habido una discusión en cuanto al contenido sustancial de la norma constitucional, si puede ser objeto o no de estos mecanismos de control constitucional o únicamente los procesos legislativos, pero no me puedo pronunciar. Ese sería el esquema a través del cual”, refirió.

No obstante, dijo que la “esperanza muere al último, yo siempre he pensado el derecho no es de los abogados, el derecho debe impartirse en todas las carreras porque es el conocimiento de tus derechos como ciudadano”.

El jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó levantar el paro de labores por la reforma judicial y reanudará sus actividades el próximo 17 de septiembre.

En un comunicado, la Corte precisó que se levantará la suspensión de labores “a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial”, la cual se prevé que se publique el 15 de septiembre, por parte del presidente López Obrador.

La ministra Lenia Batres Guadarrama propuso al pleno de la SCJN que ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial se instale una mesa de transición.

Varios ministros han descartado que vayan a presentar su renuncia, como lo establece la reforma, con tal de recibir un haber de retiro.

“Se pretende que sigamos trabajando luego de presentar nuestras renuncias. Es un extraño deseo, oscuro, para las instituciones mexicanas. En lo personal prefiero renunciar a la pensión a la que tendría derecho antes que aceptar una situación que no deja espacio a la dignidad personal”, declaró la ministra Margarita Ríos Farjat, quien llegó a la Corte a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, autor de la reforma judicial.

En el mismo sentido, varios de los ministros que componen actualmente la Suprema Corte han descartado que vayan a participar en una elección por voto popular. Hasta ahora solo se han destapado, para continuar en el cargo, las ministras Lenia Batres, designada directamente por López Obrador, y Loretta Ortiz, quien llegó al máximo tribunal a propuesta del presidente.

Todo esto, mientras en las redes sociales ya comenzaron a destapar perfiles para la Corte, con claros vínculos partidistas, como el consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer. La nueva Suprema Corte quedará compuesta por 9 ministros, ya no por 11, que tendrán que ser votados en las urnas, tras ser propuestos y filtrados por los tres poderes.

Por otro lado, jueces como Miguel Luna han adelantado que renunciarán a su derecho a participar en la elección de jueces por voto popular.

“No pienso participar en la elección y voy a renunciar a que me incluyan en los listados. Sobre la liquidación, se propone que nos den tres meses de sueldo integrado, cuando concluyamos funciones, y 20 días de salario por cada año laborado, sin más especificaciones, más todas las prestaciones a que tengamos derecho. Está muy ambiguo. No sabemos realmente cómo va a integrarse esa liquidación en caso de que concluyamos labores porque renunciamos al derecho a salir en la votación o porque no fuimos electos y nos van a sustituir los nuevos”, abundó el juez Luna.

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