Personaje del mes: el Poder Judicial y sus choques con el Ejecutivo

Los choques entre el Ejecutivo y el Poder Judicial iniciaron en 2018, continuaron en 2022 y se recrudecieron a partir de enero de 2023, con la llegada de la ministra Norma Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con la extinción de 13 fideicomisos.

En 2018, más de 2 mil empleados de la Judicatura, entre ellos 600 magistrados, promovieron juicios de amparo en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que proponía que ninguna persona dentro de la administración pública ganara más que el jefe del Ejecutivo.

Posteriormente, tras promoverse una acción de inconstitucionalidad por parte de senadores de oposición, la Suprema Corte suspendió la aplicación de la Ley.

A ello, el presidente reaccionó aseverando que con “sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales, (los ministros) están dando un mal ejemplo, quienes deberían impartir justicia”.

También llegó a comentar que son “el último eslabón donde predomina la corrupción que impide la transformación del país hacia la erradicación de la impunidad”.

Norma Piña, a la Presidencia de la Corte

Los desencuentros entre ambos Poderes de la Unión se recrudecieron a partir de la elección de la ministra Norma Piña en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en enero de 2023.

Su llegada al cargo fue considerada por diversos grupos como una derrota para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su antecesor, Arturo Zaldívar, se mostró durante su mandato como un aliado del primer mandatario. La ministra Piña incluso antes había votado en contra de iniciativas benéficas para el Ejecutivo.

En 2021, Norma Piña rechazó la llamada “Ley Zaldívar”, que buscaba ampliar por dos años más el periodo de Arturo Zaldívar como presidente del máximo tribunal.

En abril de 2022 promovió la acción de inconstitucionalidad para invalidar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que permitía recabar información sensible de usuarios de telefonía e internet móviles con el fin de combatir delitos. El recurso fue aprobado.

También votó en contra de validar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (ILE), y que otorgó el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ese mismo mes, el pleno invalidó la prohibición para que ex servidores públicos de alto nivel trabajen para la iniciativa privada hasta 10 años después del término de su encargo.

Asimismo declaró inconstitucional que el titular del Poder Ejecutivo pueda decretar el destino de los ahorros que eventualmente pudieran derivarse de la Ley de Austeridad Republicana.

En febrero pasado, durante la conmemoración del 106 aniversario de la Promulgación de la Constitución, Norma Piña no se levantó de su asiento ni aplaudió durante la llegada del presidente López Obrador, un acto que, si bien no está estipulado en normatividad alguna, le generó críticas. 

Días después, el presidente López Obrador respondió al hecho diciendo que Piña ocupaba ese cargo en la Corte gracias a él. “La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo en su conferencia de prensa.

El 18 de abril, el pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al argumentar que es un ente civil y que su adscripción corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con ocho votos a favor y tres en contra, de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, también invalidó la facultad del titular de la Sedena de proponer al titular de ese cuerpo.

El Plan B electoral, la gota que derramó el vaso

Los desencuentros se incrementaron tras la invalidez, en mayo y junio, del llamado Plan B electoral impulsado por el Gobierno Federal, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió durante su aprobación en graves violaciones al proceso legislativo establecido.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los ministros al señalar que el Poder Judicial “no tiene remedio, está podrido y actúa de manera facciosa para componerle la plana” al Legislativo. 

Ello, dijo, hace necesario que se elija en votación abierta a los integrantes de la Corte y reiteró que presentará una iniciativa de reforma constitucional en ese sentido.

“Es importantísimo que se elijan a los integrantes del Poder Judicial como se elige al presidente, a los diputados, que sea el pueblo el que los elija, que no representen a una élite, y eso se puede”, advirtió.

Ante ello, en el periodo ordinario que inició en septiembre en el Congreso de la Unión, Morena presentó una iniciativa para desaparecer 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, que suman más de 15 mil millones de pesos, mismos que se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por sus trabajadores.

La extinción de los 13 fideicomisos fue avalada por la mayoría de Morena y sus aliados en las dos cámaras.

Los trabajadores del Poder Judicial ya comenzaron a promover amparos en contra de su desaparición, al argumentar que es una venganza contra ese poder por las determinaciones de la Corte en los últimos meses. 

Incluso, realizaron una serie de protestas por más de una semana contra la extinción de fideicomisos, al grito de “Yo sí trabajo, no hago mañaneras”.  

El asunto llegaría a manos de la Corte pues los partidos de oposición adelantaron que interpondrán acciones de inconstitucionalidad.

El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo marcó octubre y por ello es el personaje del mes en La-Lista.