Rebelión en San Lázaro: 90 diputados se oponen a reforma al TEPJF

Un grupo de 90 diputadas y diputados, entre ellos 60 de Morena, se posicionaron en contra de reformar las atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que se trataría de “un retroceso” en materia de derechos político-electorales.

En entrevista con medios de comunicación, la legisladora de Morena y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Irma Juan Carlos, manifestó que con la reforma constitucional se le quitarían “los dientes al Tribunal para que, de alguna manera, pueda garantizar los derechos políticos electorales de los grupos minoritarios”.

“Nosotros nos mantenemos de que si no se elimina ese párrafo del (Artículo) 41 y 73 (de la Constitución), pues varios de los que estamos acá firmando, no estamos de acuerdo en caminar en los términos en que está el dictamen”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que el documento a discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales establece que es exclusividad de las cámaras del Congreso trabajar los asuntos que tienen que ver con “acciones afirmativas”, y con ello le ponen límites al TEPJF para que pueda determinar si hubo o no violaciones a los derechos políticos electorales de los grupos minoritarios y vulnerables.

Por su parte, la diputada de Morena, Salma Luevano Luna, señaló que los derechos político-electorales de la comunidad LGBTI+ “no son un capricho” y denunció que esta reforma al TEPJF pretende arrebatárselos.

“No vamos a permitir que lo poco, porque realmente es poco, que se nos ha dado se nos quite. Necesitamos y nos urge más espacio para las poblaciones, no son concesiones ni son caprichos, son derechos y los derechos político-electorales son también humanos y aquí estaremos”, apuntó.

“No vamos a permitir una reforma regresiva, esto es una lucha de décadas en la cual hemos dejado sangre, vida y no lo vamos a permitir”, sentenció la diputada de Morena.

La iniciativa de reforma, que actualmente se encuentra en una Comisión de la Cámara de Diputados a la espera de dictaminarse, busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, los que establecen cuáles son las facultades y atribuciones del TEPJF.

Con ella, se pretende eliminar jurisdicción a este órgano para que no pueda intervenir en la vida interna de los partidos políticos ni la forma en que estos eligen a su dirigencia.

“Las autoridades electorales competentes, al resolver los conflictos internos de los partidos políticos, entidades de interés público, deben respetar los principios de autodeterminación y autoorganización que rigen su vida interna, como garantía del derecho de sus militantes y afiliados a participar de manera libre en la toma de decisiones”, señala el dictamen.

Además, le impedirán al Tribunal Electoral emitir sentencias y acciones afirmativas para que los partidos políticos cumplan con la paridad de género en sus candidaturas a cargo de elección e inclusión de grupos minoritarios o vulnerables.

“Los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y autoorganización, tienen en todo momento el derecho a elegir sus dirigentes y a sus candidaturas conforme a los procedimientos señalados en sus documentos básicos, sin la intervención de ninguna autoridad electoral”, subraya el proyecto de dictamen.

Dicha facultad se la transferirán al Congreso, para que sea dicho poder el encargado de legislar y establecer medidas que garanticen estos derechos políticos-electorales establecidos en la Constitución.

Asimismo, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF no podrán hacer interpretaciones a las leyes electorales ni a la Constitución, por lo que deberán “apegarse a la literalidad de estas leyes”.

Otro de los puntos que busca esta reforma es eliminar lo inatacable de las sentencias del TEPJF y que este órgano solo resuelva controversias que se susciten por normas generales electorales.

Por ello, la reforma en materia de derechos y justicia político-electoral ha sido cuestionada por diferentes organizaciones civiles.