¡Histórico! Cámara de Diputados aprueba en lo general y particular la reforma a la Ley de Amparo; ¿qué es y qué cambios incluyeron?

Tras una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados de México dio un paso decisivo al aprobar las reformas a la Ley de Amparo. Con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, los legisladores lograron avanzar en la minuta que busca transformar uno de los pilares del sistema de justicia mexicano.

La jornada estuvo marcada por casi 13 horas de debate y la presentación de más de 300 reservas. El resultado envía el paquete de modificaciones, que también tocan el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de vuelta al Senado de la República para su análisis final.

La reforma, impulsada por la mandataria, tiene como objetivo central agilizar los procesos y, según sus promotores, evitar que este recurso legal sea “utilizado por quienes quieren evitar la justicia”. La controversia, sin embargo, se centró en un aspecto técnico, pero fundamental: la retroactividad, un punto que generó intensas discusiones y obligó a la bancada oficialista a realizar una corrección de último minuto.

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¿Cómo se resolvió la polémica de la retroactividad de la Ley de Amparo?

La versión original de la minuta, tal como había salido del Senado, sugería que la reforma podría aplicarse a juicios de amparo que ya estaban en curso, lo que desató una ola de críticas por la posible violación al principio constitucional de irretroactividad.

La Cámara de Diputados, a través de la intervención de legisladores como Hugo Eric Flores, representante de Morena, se encargó de poner orden en este punto. El cambio clave detalla que, al tratarse de una ley procesal, las etapas ya concluidas y que hayan generado derechos adquiridos se regirán por las disposiciones que estaban vigentes al inicio del proceso. Solo las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de este nuevo Decreto estarán sujetas a las nuevas reglas.

Con esto, el legislador Flores garantizó que el nuevo marco legal: “no habrá aplicación retroactiva ni afectación a derechos ya adquiridos”. Este ajuste técnico responde a las preocupaciones iniciales y busca blindar la reforma de impugnaciones por inconstitucionalidad.

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¿Qué otros cambios se incluyeron para el futuro de la Ley de Amparo?

Además de la aclaración sobre la retroactividad, la votación en San Lázaro incluyó otras modificaciones de calado.

Por un lado, se retomó una propuesta inicial de Ricardo Mejía Berdeja (PT) y Ricardo Monreal (Morena) que busca beneficiar a personas que operan bajo permisos federales. La intención es clara: eliminar la consideración de permisos revocados que posteriormente hayan sido anulados.

Por otro lado, los diputados morenistas Julio César Moreno y Mariana Benítez presentaron una reserva al artículo 128. Este cambio tiene el propósito de prevenir daños irreparables que puedan surgir de actos jurisdiccionales que comprometan directamente “el interés social y el orden público”, un mecanismo que podría limitar la suspensión de ciertos actos de autoridad.

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¿Qué es el amparo y a quién beneficia esta reforma?

El amparo es, en esencia, el recurso legal por excelencia en México para proteger a las personas frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad que resulten en la violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, defensora de la iniciativa, ha sido enfática en señalar a quién va dirigida esta reforma y a quién busca limitar:

“Los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a los más pobres, a los más necesitados, menos a las mujeres indígenas. ¿Quiénes han abusado? Los que tienen más recursos económicos”.

La propuesta busca, en suma, que el amparo deje de ser, en palabras de la mandataria, una herramienta de dilación utilizada por “potentados” para retrasar el pago de impuestos o alargar indefinidamente procedimientos judiciales. El balón está ahora en la cancha del Senado, que tendrá la última palabra para convertir esta polémica reforma en ley.