¿Puedo ir a la cárcel por no pagar una deuda en México? Esto dice la ley

El terror a la cárcel por no poder pagar una tarjeta de crédito, un préstamo personal o la hipoteca es un fantasma que acecha a millones de mexicanos. Las deudas en el país son tristemente famosas por sus altos intereses, y las amenazas de algunas empresas prestamistas con “denunciar” o “encarcelar” al deudor han escalado la preocupación social. Sin embargo, la ley en México es clara al respecto.

La realidad es que, en la inmensa mayoría de los casos, la deuda no es un delito. Las alarmas que encienden los despachos de cobranza carecen de fundamento legal para llevar a una persona a prisión por un crédito impago.

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¿Qué dice la Constitución Mexicana sobre la prisión por deudas?

El marco legal en México ofrece una protección fundamental para el deudor en este contexto. La base de esta seguridad se encuentra en el Artículo 17 Constitucional, el cual establece de forma categórica que:

Esto significa que cualquier deuda que provenga de un contrato o acuerdo financiero no es motivo de cárcel. Dentro de esta categoría se incluyen las deudas más comunes que agobian a la población, tales como:

• Deudas de tarjetas de crédito.
• Préstamos personales o de nómina.
• Créditos hipotecarios.
• Financiamientos para la compra de automóviles.

El panorama de endeudamiento en el país muestra la importancia de esta garantía constitucional. La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI), en su último estudio, reveló que más del 36% de la población de 18 años o más tiene algún tipo de deuda, y de estos, un alarmante 17% las considera “excesivas o impagables”.

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¿Por qué insisten los despachos de cobranza con las amenazas de cárcel?

Las tácticas de intimidación forman parte del modus operandi de muchos despachos de cobranza. El objetivo es generar pánico en el deudor para forzar un pago inmediato, aunque sea parcial. Ángel González, director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, fue enfático al respecto para El Economista:

“A los cobradores les encanta amenazar a las personas diciéndoles que si no pagan los van a meter a la cárcel, la gente ya se imagina con su traje naranja porque no pagó la tarjeta de crédito, el préstamo, el coche o la hipoteca”.

El especialista subraya un principio fundamental en derecho: “Las deudas no son un delito, deber no es un delito”. Aunque se deban “millones de pesos”, el proceso legal se dirige a mecanismos de cobro civil (como embargos) y no a la privación de la libertad. El objetivo es que la persona pague lo antes posible, idealmente sin perjudicar su economía.

¿Existe alguna excepción donde el endeudamiento sí podría llevar a prisión?

Sí, la excepción existe, pero no por la simple falta de pago, sino por la comisión de un delito asociado a la deuda. La única vía por la cual una persona puede terminar en prisión en el contexto de un endeudamiento es al incurrir en el delito de Fraude. El Artículo 386 del Código Penal Federal define este delito y sus consecuencias:

“Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.

Ir a prisión solo ocurre cuando el deudor ha utilizado engaños o se ha aprovechado de un error (por ejemplo, en sus datos personales) para obtener la deuda con la intención de no pagarla, cometiendo así un fraude.

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¿Cuáles son las penas de prisión por el delito de fraude en México?

El delito de fraude está tipificado con penas que varían según la cantidad defraudada, que se mide en veces el salario mínimo vigente (o Unidad de Medida y Actualización, UMA, según la vigencia). Las penas contempladas por el Artículo 386 son:

• Prisión de 3 días a 6 meses y multa de 30 a 180 días multa, cuando lo defraudado no exceda de diez veces el salario.
• Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario, cuando lo defraudado exceda de 10, pero no de 500 veces el salario.
• Prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

Es crucial diferenciar: no pagar una deuda civil es una falta al contrato; cometer fraude para obtenerla o evitar pagarla es un delito penal. Mientras que el 48% de los mexicanos percibe sus deudas como moderadas, la tranquilidad de saber que la Constitución los protege de la cárcel es un dato vital para la salud financiera.