Asesinan a Félix Vásquez, un defensor ambiental indígena en Honduras

Una vez más asesinaron a un indígena ambientalista en Honduras, lo que solidifica el estatus del país como el lugar más inseguro en el mundo para defenderse de la explotación a la tierra y los recursos naturales.

Félix Vásquez, de 60 años, el veterano líder de la población indígena Lenca, fue asesinado en su casa en Santiago de Puringla, una comunidad rural en el departamento de la La Paz, al oeste de Honduras, el 26 de diciembre por la noche, semanas después de haber reportado tres amenazas de muerte vinculadas con su trabajo. Cuatro agresores con armas y capuchas golpearon y amenazaron a sus hijos adultos, pero ellos sobrevivieron el ataque.

Vásquez estaba involucrado en la defensa de tierras indígenas desde los 80s y era reconocido a nivel nacional por organizar la oposición a megaproyectos destructivos del medio ambiente como minas, presas hidroeléctricas, granjas de viento y la tala de árboles, así como por ayudar a las comunidades despojadas a recuperar sus propiedades ancestrales.

En semanas recientes, creció la campaña de intimidación contra los líderes lenca como Vásquez, debido a una tensa disputa territorial entre una pequeña comunidad indígena y un agricultor local presuntamente vinculado con el Partido Nacional, que actualmente ocupa el poder.

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Vásquez reportó que lo seguían y monitoreaban en casa, mientras que otros dos líderes Lenca fueron encarcelados por acusaciones falsas de disputas territoriales. Vásquez expresó recientemente su intención de ser candidato del progresista Partido Libre en las elecciones primarias de marzo de 2021.

Su muerte llegó casi cinco años después del asesinato de la celebrada líder lenca y ganadora del Premio Goldman Berta Cáceres, a quien le dispararon dentro de su casa en marzo de 2016 tras años de amenazas y acosos vinculados con su oposición a una presa financiada internacionalmente. Siete hombres fueron encontrados culpables por su papel en la planeación y ejecución del asesinato, pero ninguna de las personas que encargaron y pagaron por el asesinato y se beneficiaron de él se ha enfrentado a los juzgados.

Grupos de derechos, políticos y diplomáticos de Europa y Estados Unidos condenaron el asesinato de Vásquez. “La justicia, el estado de derecho y la lucha contra la impunidad son más necesarios que nunca”, tuiteó Alice Shackelford, representante en la ONU.

Pero las esperanzas de justicia son mínimas. “Félix era muy inteligente y un gran estratega que se opuso al extractivismo durante más de 35 años, por eso lo mataron”, dijo Roger Medina, su amigo y el abogado que representa a las comunidades lencas. “Vivimos en una dictadura, entonces no cabe duda que este será otro crimen contra otro ambientalista indígena que quedará impune“.

El martes, los medios locales reportaron el asesinato de otro defensor, Adán Mejía del pueblo indígena Tolupán, a quien supuestamente atacaron cuando volvía de cuidar sus cultivos de maíz en Candelaria, una comunidad rural en el departamento de Yoro, al norte del país.

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Honduras se convirtió en uno de los países más peligrosos para defender los recursos naturales y los derechos territoriales después de que el golpe de estado de 2009 impuso un gobierno autocrático que permanece en el poder aún después de múltiples acusaciones de corrupción, fraude electoral y vínculos con el tráfico de drogas internacional.

Cientos de defensores han sido asesinados o están desaparecidos, mientras que muchos otros han sido silenciados como resultado de cargos criminales falsos.

Este año ha sido particularmente oscuro. En julio, atacantes armados con uniformes de policías desaparecieron forzosamente a un grupo de indígenas afrodescendientes defensores del territorio Garífuna. Ocho defensores del agua de la comunidad Guapinol están detenidos desde el inicio de la pandemia a pesar del rechazo internacional de las acusaciones relacionadas con sus protestas pacíficas en contra de las minas de óxido de hierro que contaminan sus recursos.

De acuerdo con un reportaje sobre comercio y derechos humanos de un grupo de trabajo de la ONU, la “raíz de muchos conflictos sociales (en Honduras) es la falta sistemática de transparencia y participación significativa” de las comunidades afectadas por la explotación de los recursos naturales.

No obstante, el vínculo entre las élites políticas y económicas significa que los crímenes contra los activistas ambientales rara vez son castigados. Las investigaciones sobre la presunta corrupción de las autoridades que autorizan proyectos a gran escala sin requerir consultas ni evaluaciones del impacto ambiental también son inusuales.

Tan sólo en La Paz, al menos 40 megaproyectos han sido autorizados dentro de territorios indígenas sin consultar a las comunidades locales.

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Marlen Correa, de 32 años y vicepresidenta de un colectivo de grupos ambientalistas de indígenas y campesinos en La Paz que colaboraban con Vásquez, dijo: “Absolutamente todos los líderes comunitarios reciben amenazas, sin excepción, como parte de la campaña de intimidación para silenciarnos y detener nuestra resistencia a proyectos que explotan los recursos naturales impuestos en nuestros territorios sin consultarnos. Por eso mataron a Félix, pero nuestra lucha es justa”.