‘Todo se vale’: cómo el 11-S condujo a medidas drásticas de seguridad en el mundo

El momento en que la vida de Wahid Sheikh cambió para siempre se transmitió por televisión a una audiencia mundial de millones de personas, incluido él. En ese momento, pareció que le ocurría completamente a otras personas, muy lejos de su casa en Mumbai. “Observé cómo colapsaban los edificios, lenta y gradualmente, con la tristeza de ver cómo moría la gente común“, recuerda.

Vukosava Crnjanski, un activista serbio que viaja a Dinamarca, recuerda la multitud amontonada alrededor de los quioscos de periódicos leyendo historias impresas apresuradamente en hojas A4. “La gente tenía una mirada muy intensa y trataba de explicarme qué pasaba en un ataque contra Estados Unidos“, cuenta.

Ahmed Alaa, en Riad, era un niño y no recuerda en absoluto ese día.

Aunque separados por la distancia y las diferentes circunstancias, con el tiempo cada uno de ellos se encontraría entre las personas que experimentaron las repercusiones de los ataques de Al Qaeda contra las Torres del World Trade Center y otros blancos el 11 de septiembre de 2001

Desde Irlanda del Norte hasta Tel Aviv, los gobiernos ya habían actuado contra el terrorismo concediendo más poderes a la policía y limitando los derechos civiles. Pero en 2001, podría decirse que Estados Unidos estaba en la cúspide de su influencia internacional. El atentado en Nueva York, quizá la ciudad más conocida del mundo, se transmitió a los hogares de todos los países. La reacción también fue globalizada.

El organismo de control de los derechos humanos de la ONU describió lo que ocurrió posteriormente como una “pandemia de seguridad“. Más de 140 países aprobaron leyes antiterroristas en los meses y años posteriores al derribo de los rascacielos de Nueva York. Las minorías musulmanas de todo el mundo sintieron repentinamente la mirada de los servicios de seguridad. En algunos países, fueron los opositores políticos, los ecologistas o los defensores de la lucha contra la corrupción los que se encontraron con la etiqueta de terroristas.

“Muchas de estas tendencias son anteriores al 11 de septiembre de 2001”, comenta Letta Tayler, directora asociada de Human Rights Watch, quien dirige la investigación del grupo sobre la guerra contra el terrorismo. “Pero hemos observado un gran aumento de la represión en nombre de la lucha contra el terrorismo. Muchas de estas tendencias se justifican como medidas de emergencia inmediatas; dos décadas después, se convirtieron en la nueva normalidad“.

En la tarde de los atentados se establecieron los cimientos de una nueva era. En su discurso a un país traumatizado desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, estrenó una doctrina que acabaría llevando su nombre. Se notificó a los países que debían perseguir activamente a los terroristas en su entorno. “No haremos ninguna distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los amparan“, señaló Bush.

A finales de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunió solo durante unos minutos, aprobó la primera de las que serían varias resoluciones de gran alcance, y vinculantes, en las que se ordenaba a Estados miembros que hicieran todo lo posible para impedir el terrorismo o su financiación. Pronto se utilizaron las sanciones como amenaza para los países que no las cumplieran.

“Quizás fue la mayor toma de poder en la historia del Consejo de Seguridad… y todavía no se ha revertido”, señala el profesor Martin Scheinin, nombrado en 2005 primer relator especial de la ONU para la protección de los derechos en la lucha antiterrorista.

A principios de 2002 resultó evidente lo que se permitía en la persecución del terrorismo, cuando se inauguró la Bahía de Guantánamo como instalación para que Estados Unidos detuviera a los acusados de terrorismo sin ser juzgados, nutrida por un sistema de desapariciones forzadas (rebautizado como “rendición extraordinaria”) y tortura (“interrogatorio mejorado”) que involucró hasta 54 países de todo el mundo.

Los arquitectos de este nuevo mundo no definieron algo fundamental. ¿Exactamente quién era un terrorista?
‘Lo que están diciendo es que todo se vale’

La policía llegó por Sheikh el 27 de septiembre de 2001. El mismo día en que India prohibió un grupo de estudiantes musulmanes que, según las autoridades, tenía vínculos con extremistas, en el marco de una revisión legal que incluía la reactivación de los poderes antiterroristas que condujeron a abusos de los derechos humanos en las décadas de 1980 y 1990.

Sheikh, profesor escolar, tenía opiniones ortodoxas, pero no era extremista y nunca estuvo vinculado a la violencia, ni al grupo prohibido de estudiantes musulmanes, comenta. A los policías que lo sometieron a repetidos interrogatorios durante los años siguientes, y, según él, a graves torturas, pareció que su negación no les importó.
“Cada vez que explotaba una bomba en cualquier lugar de la India, o cualquier amenaza terrorista, la policía me acosaba“, recuerda.

Los musulmanes representaban menos del 1% de la policía del estado de Maharashtra cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, de acuerdo con Josy Joseph, un periodista de investigación que elaboró el perfil de Sheikh para un nuevo libro sobre el mundo de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de India. Con la orden de combatir el terrorismo islamista, las fuerzas policiales indias, anteriormente implicadas en torturas y ejecuciones extrajudiciales, se enfocaron en comunidades en las que tenían pocos informantes y poca confianza.

Cuando una serie de atentados con bombas en los trenes de Mumbai causó la muerte de 209 personas, la policía volvió a buscar a Sheikh, y esta vez lo encarceló a él y a una docena de hombres más por el complot.

Durante los dos años en que se aplicó la ley antiterrorista india posterior al 11 de septiembre de 2001, un comité parlamentario de revisión descubrió que al menos 11 mil personas fueron acusadas incorrectamente en virtud de dicha ley. Otra ley de seguridad nacional, conocida por sus siglas UAPA, se amplió en 2004 para incluir el terrorismo. Los datos del gobierno publicados este año mostraron que el índice de condenas en virtud de esta ley, que permitió mantener a miles de personas en prisión durante años a la espera de juicio, fue de poco más del 2%.
El abuso de poder de los gobiernos no comenzó en septiembre de 2001, pero la guerra contra el terrorismo proporcionó a los Estados represivos una nueva forma de calificarlo, señala Nate Schenkkan, director de la organización de derechos civiles sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos, Freedom House. “Les dio un vocabulario”, afirma.

Luchar contra los “terroristas” se convirtió en una justificación mundialmente reconocida para desviarse de las normas legales, con frecuencia de forma brutal. “Es una forma de decir que esta persona se encuentra fuera de la ley”, señala Schenkkan. “Cuando llamas a alguien terrorista, lo que estás diciendo es que todo se vale. Puedo desaparecerlos, puedo matarlos, puedo detenerlos sin juicio durante años”.

Los ataques de Al Qaeda no condujeron a una sola guerra contra el terrorismo, comenta, sino a docenas de ellas, emprendidas por países individuales contra su propia población. “Existen guerras globales contra el terrorismo, y cada uno puede definir a sus propios terroristas“.

‘Sabía que le hacían esto a todos los activistas’

Esta ausencia de una definición común de terrorismo fue calificada como el “agujero negro” en el núcleo del sistema mundial de la lucha antiterrorista creada después del 11 de septiembre. Los Estados se apresuraron a aprovechar la oportunidad que se les presentó.

Una semana después de los atentados de Al Qaeda, los voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China comenzaron a mencionar el movimiento separatista de la minoría uigur del país, que anteriormente se consideró un asunto interno de bajo perfil, como parte de la lucha global contra el yihadismo.

En Chile, los miembros de la tribu indígena mapuche, que durante décadas se resistieron, en ocasiones de forma violenta, a las incursiones de las empresas de explotación forestal y otras en las tierras que consideran suyas, solían ser acusados de delitos penales ordinarios en la década de 1990. Después del 11 de septiembre, los gobiernos chilenos comenzaron a utilizar las leyes antiterroristas en su lugar.

El acto terrorista de Alaa fue ondear una bandera arcoíris durante una representación en 2017 en El Cairo de la banda libanesa Mashrou’ Leila, cuyo cantante principal es abiertamente gay. Las fuerzas de seguridad egipcias lo detuvieron unos días después.

“No dejaron de preguntarme sobre toda mi vida, nada que ver con el concierto”, recuerda Alaa. “Me preguntaron sobre mi vida, mi infancia, mi activismo, mis creencias religiosas, y después les pregunté: ¿me mandarán al médico para comprobar si soy gay?“.

“El investigador me respondió: ‘Ese no es tu cargo‘”.

En su lugar, se le acusó de delitos previstos en el amplio código antiterrorista egipcio, entre ellos pertenecer a grupos prohibidos, recibir dinero de organizaciones extranjeras y tratar de cambiar la Constitución.

Que lo etiquetaran como terrorista no lo sorprendió. El gobierno militar de Abdel Fatah al-Sisi tiene uno de los peores historiales de abuso de las leyes de seguridad nacional contra periodistas, activistas, abogados y críticos. “Yo era un activista, y sabía que esto les pasa a todos los activistas“, dice Alaa.

Un informe de la ONU de 2019 argumenta que el abuso en los cargos por terrorismo desde 2001 es tan endémico en todas las regiones del mundo que no puede considerarse como una excepción, unas pocas manzanas podridas aquí y allá, sino como “la conexión de un mal uso” en los sistemas antiterroristas.

“Lo que observamos aquí es que un país tras otro establece un sistema de derechos de dos niveles, uno para los presuntos sospechosos de terrorismo, y las personas que el gobierno desea etiquetar convenientemente como terroristas, y otro para el resto“, explica Tayler.

Solo en el último año, la activista saudí por los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul fue condenada a cinco años de cárcel por un tribunal antiterrorista (quedó en libertad condicional en febrero, pero sigue sometida a restricciones), mientras que Bielorrusia obligó el aterrizaje de un vuelo comercial en Minsk y detuvo al periodista Raman Pratasevich, que se encontraba en una lista de vigilancia por terrorismo desde noviembre. En Tanzania, el principal líder de la oposición, Freeman Mbowe, actualmente está en prisión a la espera de ser juzgado por cargos de terrorismo.

“Cuando el gobierno egipcio dice que estamos luchando contra el terrorismo, significa una luz verde para sus crímenes”, comenta Alaa, que recibió ayuda de una organización canadiense sin fines de lucro para huir y pedir asilo en ese país. “Dicen: si estoy luchando contra el terrorismo, no me pregunten por los derechos humanos“.

Países como Estados Unidos y Reino Unido en ocasiones expresan críticas cuidadosas sobre los abusos de Egipto, pero continúan proporcionando al país ayuda militar y vendiéndole armas. El presidente francés, Emmanuel Macron, le concedió el año pasado a Sisi el mayor honor civil de su país. Su justificación resultó familiar: un boicot sobre la venta de armas solo “reduciría la eficacia de uno de nuestros socios en la lucha contra el terrorismo”.

‘Para los Bin Laden del mundo’

Los arrestos sin juicio, las torturas, las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos justificados por las guerras contra el terrorismo solo son la punta del iceberg, señala Scheinin. Debajo de la superficie se encuentran los regímenes de vigilancia electrónica que se han multiplicado en muchos países en las últimas dos décadas y que son de mayor alcance y no se ven.

Los atentados en Estados Unidos ocurrieron justo cuando el internet aceleró su avance en las vidas de miles de millones de personas. El terrorismo ha acechado los debates sobre cómo, y hasta qué punto, se debería gobernar este nuevo espacio digital.

En contadas ocasiones, como en el intento del FBI de obligar a Apple a desbloquear el iPhone de uno de los tiradores de San Bernardino, los gobiernos han citado públicamente la amenaza terrorista para justificar la violación de la privacidad. Con mayor frecuencia, como en la recopilación masiva de metadatos realizada por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, y revelada por Edward Snowden en 2013, se ha mantenido a la población en la oscuridad.

Es probable que los Estados hubieran intentado controlar el internet incluso sin la guerra contra el terrorismo, pero armados con su justificación, “las cosas malas llegaron antes y más rápido”, comenta Scheinin.

Las herramientas que se desarrollaron en un principio para luchar contra las guerras contra el terrorismo ya se encuentran en el mercado privado, vendidas por compañías como el Grupo NSO de Israel a los gobiernos que no tienen la capacidad de producirlas ellos mismos. NSO justificó la venta de su potente e invasivo software de piratería telefónica Pegasus como una herramienta diseñada para su uso contra “los Bin Laden del mundo”. Una exdirectora reflexionó que había visitado el sitio conmemorativo del World Trade Center y deseó que el spyware hubiera estado disponible para evitar los ataques.

En la práctica, la evidencia ahora es abrumadora de que gobiernos como India, Hungría, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita utilizan sistemáticamente el programa Pegasus para espiar a abogados, periodistas y activistas. NSO informó que investiga cualquier acusación creíble de uso indebido, pero admite que no puede detectar abusos contra los derechos humanos a menos que los medios de comunicación o los denunciantes los expongan.

Resulta difícil retroceder en el mundo creado por la guerra contra el terrorismo. En 2016, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización con sede en París establecida por el grupo G7 para fortalecer las leyes de delitos financieros en todo el mundo, revirtió una advertencia de la época del 11 de septiembre del 2001 la cual emitió que los grupos sin fines de lucro eran “particularmente vulnerables” a la financiación del terrorismo.

Esa advertencia le otorgó una licencia a muchos gobiernos de todo el mundo para declarar una “temporada abierta” sobre las organizaciones civiles, comentó un analista a Reuters, congelando sus cuentas y arrestando a sus miembros por cargos con frecuencia falsos de lavado de dinero o canalización de dinero a terroristas. Ha contribuido a sofocar los entornos para las sociedades civiles de todo el mundo, de las cuales solo el 4% se considera en la actualidad como “abierta”, de acuerdo con el grupo de vigilancia Civicus.

Sin embargo, algunos países siguen utilizándola de forma indebida. La organización sin fines de lucro serbia, CRTA, monitorea la democracia en los Balcanes, presentando, entre otras medidas, el primer “medidor de la verdad” político del país y sus primeras transcripciones parlamentarias publicadas.

El año pasado fue incluida en la lista junto con docenas de otras organizaciones consideradas como críticas hacia el presidente del país, Aleksandar Vučić, cuyos bancos pueden necesitar soltar información financiera confidencial en consonancia con lo que el gobierno afirma son sus nuevos estándares financieros globales, aprobados para cumplir con las regulaciones de FTFA.

Crnjanski teme que la información se filtre a los medios como parte de una campaña de desprestigio para enmarcar su trabajo en los medios de comunicación aliados del gobierno del país como elitista y antipatriótico. “Quieren retratarnos como personas que se están volviendo ricas, que conducen autos caros, que son agentes extranjeros ricos“, señala.

El gobierno serbio no ha cumplido con la orden, entre una protesta del GAFI y los observadores internacionales. Pero Crnjanski menciona que el daño ya está hecho: un sistema facultado para luchar contra el terrorismo que, dos décadas después, los gobiernos populistas de derecha utilizan de forma indebida para reprimir la oposición.
“Intentamos desarrollar la democracia, fortalecer las instituciones… Se trata de confiar en nuestro trabajo, y la gente ahora tiene miedo de acercarse a nosotros. Ayuda a (crear) esta enorme desconfianza en el trabajo de los periodistas de investigación, en la sociedad civil”.

Algunas de las leyes antiterroristas aprobadas desde 2001 podrían haber sido necesarias y eficaces. Pero no resulta claro precisamente qué leyes, tal vez incluso para los propios gobiernos.

El año pasado, un grupo de investigación con sede en Ginebra convocó a un grupo de expertos, incluidos legisladores, para evaluar la eficacia de una serie de medidas de lucha contra el terrorismo que se encuentran en los libros jurídicos de varios países. Incluyen la capacidad de cerrar mezquitas que se utilizan para difundir propaganda extremista, prohibiciones sobre la “glorificación” del terrorismo y poderes policiales para detener y registrar a los sospechosos de terrorismo.

“Se tenía la idea de que debía existir una gran cantidad de conocimiento aquí sobre lo que funciona y lo que no”, señala Michael Moncrieff, un miembro del equipo de investigación que convocó la reunión. Para su sorpresa, dice, pareció que la mayoría de los gobiernos no cuentan con una forma medible para evaluar si una política estaba funcionando y, por lo tanto, si las restricciones que esas políticas imponían a las libertades valían la pena.

“Las principales conclusiones fueron que hasta este momento, muy pocos gobiernos han intentado realmente monitorear la efectividad de muchas de sus políticas”, señala Moncrieff. “De alguna manera lo toman al pie de la letra, ya sea que estas políticas estén funcionando o no. Y se reflejan en menor medida los efectos secundarios que tienen en la sociedad civil y áreas similares”.

En 2015, Sheikh fue liberado de la cárcel en Mumbai después de nueve años. Un largo juicio por terrorismo lo declaró inocente, mientras que condenó a muerte a cinco de sus coacusados. Uno de ellos, Kamal Ahmed Ansari, fue condenado a pesar de que las pruebas electrónicas demostraron que se encontraba en Nepal el día que fue acusado de colocar bombas.

Sheikh creó un grupo llamado Innocence Network, con el objetivo de intentar liberar a aquellas personas con las que estuvo encarcelado y a aquellos encarcelados con cargos falsos de terrorismo. Para Ansari, es demasiado tarde. Quien ya había sido víctima de un evento que definió una era, en abril sucumbió a otro. Su familia se enteró a través de un grupo de WhatsApp que se había enfermado en su celda de la prisión y fue trasladado al hospital, donde murió 10 días después. La causa fue el Covid-19.

Información adicional de Milivoje Pantovic en Belgrado.