La guerra contra las drogas prolongó la guerra civil de Colombia que duró varias décadas, indica un informe histórico

La guerra punitiva y de carácter prohibitivo contra las drogas contribuyó a prolongar la desastrosa guerra civil de Colombia, reveló la Comisión de la Verdad del país, en un informe histórico publicado el martes como parte de un esfuerzo por sanar las heridas abiertas que dejó el conflicto.

El informe, titulado “Hay futuro si hay verdad”, fue la primera entrega de un estudio elaborado por la comisión creada como parte del histórico acuerdo de paz de 2016 alcanzado con los rebeldes izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Dicho acuerdo puso fin formalmente a cinco décadas de guerra civil que causó la muerte de más de 260 mil personas y obligó a 7 millones a abandonar sus hogares. Otros grupos rebeldes de izquierda, paramilitares afines al Estado y las fuerzas de seguridad colombianas contribuyeron al derramamiento de sangre, con atrocidades cometidas por todas las partes.

La violencia afectó todos los sectores de la sociedad colombiana –desde las élites políticas y empresariales hasta los campesinos pobres de las zonas rurales– dado que el dinero del narcotráfico financió a los insurgentes, los paramilitares y los políticos corruptos. Con frecuencia, los campesinos más pobres se han visto obligados –ya fuera por motivos económicos o a punta de pistola– a cultivar coca, el ingrediente básico utilizado para fabricar cocaína.

No obstante, el informe concluyó que “la unión de los intereses de Estados Unidos y Colombia condujo a la elaboración del Plan Colombia”, un inmenso programa multimillonario de ayuda militar que comenzó en el año 2000, “que fusionó los programas de lucha contra la insurgencia, antiterrorista y antidrogas con la guerra contra el narcoterrorismo”.

El informe determinó que se debería implementar un “cambio sustancial en la política antidrogas” y que se debería proseguir con una transición “hacia la regulación de los mercados de drogas”, al mismo tiempo que atribuyó parte de la culpa a Estados Unidos, país que financió a las fuerzas armadas colombianas durante la guerra.

“No podemos posponer, como lo hicimos después de millones de víctimas, el día en que ‘la paz sea un deber y un derecho obligatorio’, tal como lo expresa nuestra Constitución”, señaló Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en una ceremonia llevada a cabo en Bogotá.

El informe pedía la introducción de cambios importantes en las fuerzas militares y policiales de Colombia, las cuales han recibido más de 8 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos en las últimas dos décadas.

El informe indicó que se debían reevaluar los objetivos del ejército y que todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad debían ser juzgadas por tribunales civiles en lugar de estar sometidas al sistema de justicia militar.

Al igual que muchas víctimas del conflicto, Ángela María Escobar celebró la presentación del informe como una oportunidad para que Colombia sane tras décadas de una amarga guerra. Escobar sobrevivió a la violencia sexual perpetrada por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (o AUC), una organización paramilitar de derecha ya desaparecida.

“Es fundamental que todos los colombianos, y todo el mundo, comprendan realmente lo que ocurrió durante el conflicto, que afectó a muchas familias y a gran parte de la sociedad”, comentó Escobar, quien actualmente dirige una organización para mujeres que fueron víctimas del conflicto.

El informe también formuló recomendaciones políticas que podrían ser retomadas por el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro, entre ellas la reforma de las fuerzas armadas, la creación de un ministerio de reconciliación y las medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos de la violencia política.

Petro –el primer jefe de Estado de izquierda electo en Colombia– tomará posesión de su cargo el 7 de agosto. En su juventud fue guerrillero de la milicia M-19 y es un firme partidario del proceso de paz con las FARC.

El incendiario izquierdista asistió a la ceremonia de presentación en Bogotá en la mañana del martes, junto con su vicepresidenta electa, Francia Márquez, quien se vio obligada a huir de su hogar durante el conflicto. Márquez será la primera mujer afroamericana que ocupará el cargo.

El presidente saliente, Iván Duque, un escéptico del acuerdo que fue acusado de retrasar su aplicación para socavarlo, se encontraba en Portugal con motivo de la Conferencia sobre los Océanos de las Naciones Unidas.