Sobre el no debate en Colombia y la democracia emocional
Medios Políticos

Es un periodista especializado en el análisis de medios y elecciones. Tiene posgrado en Derecho y TIC, obtuvo el premio alemán de periodismo Walter Reuter en 2007, fue conductor en IMER y durante 12 años asesor electoral en el IFE e INE, editor, articulista y comentarista invitado en diversos diarios, revistas y espacios informativos. Twitter: @lmcarriedo

Sobre el no debate en Colombia y la democracia emocional
Foto: Facebook / Rodolfo Hernández

En la víspera de la elección presidencial en Colombia, el candidato perdedor al que apoyó la derecha, Rodolfo Hernández, se negó a debatir con Gustavo Petro sin importar que el 14 de junio el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó celebrar un cara a cara de propuestas entre ambos que tenía que difundirse en televisión nacional.

Los comicios terminaron. Petro ganó y ese no debate perdió foco, pero dejó un precedente preocupante que afecta la deliberación informada y alienta a optar por campañas emocionales de TikTok o el duelo de noticias falsas en redes sociales, sin obligación a explicar o contrastar posturas frente a las audiencias que votan.

El desacato a la sentencia ha sido impune hasta ahora y afianza esa idea de que el derecho no es de la audiencia a informarse en cuando se trata de debates, sino de las y los candidatos a no informar, a nunca explicar nada en entornos que no estén controlados por un guion de publicistas, el cual suele ocultar deliberadamente los detalles relevantes de lo que está en juego.

Faltaban cinco días para que abrieran las urnas cuando la sentencia le dio 48 horas a los candidatos para debatir. El encuentro debía ser el 16 de junio en la televisión pública, de al menos 60 minutos, pero no ocurrió. Hernández primero guardó silencio, luego pidió una aclaración al Poder Judicial, luego puso condiciones absurdas y abusivas para acatar, como elegir él a moderadores o llevar a cabo el encuentro en Bucaramanga, donde fue alcalde.

Petro dijo que aceptaba esas condiciones e incluso afirmó que iría a Bucaramanga, pero Hernández de todas formas se enredó en pretextos, reprochó que la sentencia “imponía”,  culpó a Petro del desacato y después festejó que no se hiciera el debate porque “seguramente habría estado signado por una pugnacidad que afortunadamente no se dio”, dijo en una carta en sus redes sociales.

Es habitual que cuando las encuestas les dan buenos números a los candidatos, estos traten de cuidar su ventaja o buena racha y eviten exponerse a debates donde no hay solo lectura de guiones y es más difícil escapar de cuestionamientos, con público masivo atento.

En el caso de Hernández, no era el puntero en primera vuelta, pero su racha de crecimiento en las mediciones era muy alta al cierre y de un tercer lugar pronosticado se fue a segundo. No acudió entonces al debate final de esa primera vuelta el 23 de mayo y se concentró en sus redes sociales, viralizando humor o frases genéricas, eso le había dado buen resultado. No había sido exigible la obligatoriedad a debatir y esa inasistencia no pasó del clásico gesto de organizadores que dejan la silla vacía de quien no va. El tema cobró otra dimensión porque un tribunal ordenó concretar un debate en segunda vuelta y su sentencia fue ignorada.

Políticos como Hernández defienden el Estado de derecho en el dicho, pero desacatan en el hecho las sentencias con argucias y trampas verbales que apelan a la emoción para eludir las razones. Negarse a debatir los proyectos que disputan una elección es obstaculizar un voto informado y con ello gana terreno la democracia emocional de redes que “debaten” con noticias falsas y tienden a competir por tener el video con música más pegajosa en TikTok antes que preocuparse por explicar su proyecto de gobierno; es sobreproteger a candidatos para que puedan no informar y regatear el contraste de información clave para que las y los electores decidan.