‘Váyanse a casa’: los isleños hondureños luchan contra los criptocolonialistas

Frente a la casa de Wilford Webster en la cima de la colina, las olas rompen sobre las aguas turquesas que rodean los arrecifes en el mar.

“Mira esto”, dijo, con sus brazos enmarcando el panorama. “¿Quién no querría esto?”

A la izquierda, se encuentra la comunidad de Crawfish Rock, unos pocos cientos de personas en su mayoría de ascendencia caribeña afroamericana de habla inglesa que viven en viviendas construidas con tablillas de madera en tierras ancestrales.

A la derecha, hay una caseta de seguridad provista de cámaras, una puerta y un guardia. Un poco más allá, un prototipo de residencia y la sede de una polémica ciudad emergente se sitúan en medio de un paisaje marcado por una excavadora y profundos agujeros excavados para levantar los cimientos de la siguiente fase de construcción.

Situada en una pendiente en la que la carretera divide tanto el campo como la comunidad, la casa de Webster en la isla de Roatán se encuentra en el centro de una batalla sobre los derechos de la tierra y la soberanía que ha movilizado a Honduras.

También es sintomático de un fenómeno más extenso en toda la región, donde los extranjeros –con frecuencia entusiastas de las criptomonedas, libertarios o ambos– han llegado en masa en los últimos años, apoyando proyectos polémicos –como la propuesta de la “Ciudad Bitcoin” en El Salvador– lo cual amenaza con desplazar a los residentes locales y provoca comparaciones con los colonialistas.

Webster tiene un mensaje para las personas que se mudaron al lado: “Váyanse a casa”.

Cuando el nuevo gobierno hondureño derogó a finales de abril un par de leyes que permitieron la creación de zonas semiautónomas denominadas ZEDE, transmitió un mensaje similar. Sin embargo, los inversionistas de la ZEDE de Roatán, conocida como Honduras Próspera, han objetado la medida.

“Al invertir en Honduras, Honduras Próspera, Inc. confió en las garantías específicas de estabilidad jurídica ofrecidas por Honduras de que los derechos y las autoridades contempladas en el marco jurídico de la ZEDE seguirían vigentes en lo que respecta a Próspera durante muchas décadas”, escribieron los inversionistas en un comunicado publicado el 4 de mayo, añadiendo que esperan que “Honduras respete sus compromisos en virtud de los acuerdos de estabilidad jurídica y los tratados internacionales”.

El resultado es un enfrentamiento en el que los inversionistas arriesgan millones, el gobierno podría correr el riesgo de enfrentarse a una costosa demanda y el destino de las comunidades afectadas cuelga de un hilo.

La polémica se remonta a aproximadamente una década, cuando el gobierno hondureño reformó su constitución y aprobó una ley que sentó las bases para la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La idea fue tomada de la propuesta del economista Paul Romer relativa a las ciudades chárter, que según la teoría del ganador del premio Nobel podría promover el desarrollo en áreas asoladas por el mal gobierno.

Romer propuso que una nación extranjera actuara como aval para el gobierno de las ciudades chárter. Pero la ley hondureña, en cambio, permitió que las corporaciones construyeran una ciudad privada.

El tema permaneció en segundo plano hasta 2020, cuando se difundió la noticia de que se había creado la primera ciudad chárter en Crawfish Rock, para sorpresa de los habitantes del pueblo. “Ni siquiera sabíamos qué era una ZEDE”, comentó Luisa Connor, presidenta de la asociación comunitaria local.

Los inversionistas aparecieron por primera vez en Crawfish Rock aproximadamente tres años antes como una fundación benéfica, inaugurando un centro comunitario y conversando sobre los planes para construir un centro turístico en las cercanías. Los residentes señalaron que no encontraron ningún motivo para sospechar.

“No es nada fuera de lo normal que la gente venga y comience a construir a nuestro alrededor o a iniciar proyectos”, explicó Connor.

Roatán, ubicada a aproximadamente 65 kilómetros al norte del territorio continental, es uno de los principales destinos turísticos del Caribe así como un paraíso para los expatriados, famoso por sus playas de arena blanca y sus actividades de buceo de categoría mundial. A lo largo de la playa, hay casas de vacaciones y complejos turísticos que son propiedad de extranjeros.

Los representantes de Próspera señalaron que en junio de 2019 le informaron a la comunidad sobre sus intenciones, citando un documento que fue firmado por un par de docenas de residentes y que contiene la palabra ZEDE, pero que no explica en qué consiste. “Nos engañaron en grande”, dijo Connor.

Para agravar aún más la situación, Próspera publicó en su página web los planos de tres fases de expansión que parecían incluir al centro de Crawfish Rock dentro de su jurisdicción, avivando los temores de que los inversionistas pudieran invocar una cláusula legal que permitiría la expropiación de las tierras en las que la comunidad ha vivido desde hace muchas generaciones. Los representantes de Próspera prometieron que no tomarían ese camino, no obstante, sus palabras no sirvieron de consuelo.

A medida que la polémica se extendía por todo el país, nació un movimiento que exigía la protección de los derechos territoriales y denunciaba las concesiones de territorio soberano a extranjeros y corporaciones.

La presidenta Xiomara Castro, quien fue elegida por una amplia mayoría en noviembre, situó el tema de las ZEDES en el centro de su campaña. Cuando Castro sancionó la derogación en abril, la calificó como el día más importante de su presidencia hasta la fecha.

Para los habitantes de Crawfish Rock, sin duda lo fue. “No existen palabras para describir cuán felices estábamos”, comentó Connor.

Sin embargo, el júbilo duró poco. Justo antes de la derogación, Próspera anunció una nueva ronda de inversiones que ascendía a 60 millones de dólares y la adopción de la criptomoneda bitcoin como moneda de curso legal. Durante las semanas y meses posteriores, la empresa ha seguido operando como si nada hubiera cambiado, continuando con sus proyectos de construcción y aferrándose a su plan de construir una especie de oasis libertario.

Los funcionarios del gobierno indicaron que cualquier ZEDE que esté trabajando actualmente tiene un año para adaptarse a otro tipo de marco legal. No obstante, los inversionistas citan una cláusula de vencimiento en la ley sobre las ZEDES que les otorga un plazo de al menos 10 años, así como otros acuerdos comerciales internacionales que, según indican, les conceden varias décadas más.

Los analistas jurídicos que consultó The Guardian sugirieron que, a fin de evitar una demanda, el gobierno podía llegar a un acuerdo con los inversionistas o impugnar si las ZEDES fueron creadas en estricta conformidad con la ley actualmente derogada.

“Creo rotundamente que la derogación es buena, pero no termina aquí”, expresó Gustavo Solórzano, asesor jurídico de COHEP, la cámara de comercio más grande del país. “Ahora el Estado tiene que revisar estas concesiones y lo más conveniente sería que verificara si se cumplieron todos los requisitos legales y de no ser así, proceder a cancelar las concesiones otorgadas”.

Mientras tanto, los residentes de Crawfish Rock siguen atentos. “Tenemos los ojos abiertos”, señaló Connor. “No confiamos en nadie”.