Los ciudadanos de México quedan atrapados en el fuego cruzado mientras los cárteles lanzan ataques en todo el país

Para Carlos Holguín se suponía que solo sería un día más de trabajo duro.

Tras salir de la fábrica en la que trabaja en el turno matutino en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez, este joven de 24 años comenzó su rutina nocturna el pasado jueves como repartidor de una aplicación de comida.

Holguín estaba recogiendo una pizza cuando algo caliente le atravesó el pie izquierdo. Segundos después vio a las personas corriendo por sus vidas. Sin saber aún qué estaba ocurriendo, el repartidor –que tiene una discapacidad auditiva– se tiró al suelo cuando dos balas más impactaron en sus piernas.

“Cuando mi madre llegó a la pizzería, estaba tendido… gimiendo, cubierto de sangre, y le habían disparado tres veces”, explicó su hermano, César Holguín, de 27 años.

“Desgraciadamente, vivimos en una ciudad y en un país que están bajo el ataque del crimen organizado”, comentó Holguín, mientras México asimilaba la última explosión de derramamiento de sangre en su traumática historia moderna.

El tiroteo en Ciudad Juárez ocurrió durante una semana de violencia que acaparó los titulares y que paralizó algunas de las ciudades más importantes de México, dejó más de una docena de víctimas mortales y planteó nuevos cuestionamientos sobre las políticas de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caos comenzó el 9 de agosto, cuando, según se informa, las fuerzas de seguridad intentaron detener a un alto líder del grupo de delincuencia organizada más infame del país, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La respuesta de los “sicarios” de Jalisco fue rápida y furiosa: en una serie de descarados ataques incendiaron autobuses, autos y docenas de tiendas de conveniencia mientras arrasaban con ciudades centrales como Guadalajara, Guanajuato y León.

Cuarenta y ocho horas después, la violencia se extendió hacia el norte a medida que los gánsteres rivales se enfrentaban en una prisión de Ciudad Juárez, justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.

La violencia, aparentemente inconexa con el caos causado en Jalisco y Guanajuato, pronto se extendió más allá de los muros de la prisión cuando los pistoleros del cártel atacaron a una serie de objetivos civiles, incluida la pizzería Little Caesar’s, donde Holguín estaba recogiendo un pedido.

“Terror”, publicó un periodista mexicano en Twitter junto con imágenes de seguridad del momento en que la policía entró al restaurante acribillado para encontrar el piso manchado de sangre.

Al día siguiente, Tijuana, situada a unos 32 kilómetros de la frontera con San Diego, se encontró en el ojo del huracán, y sus calles, habitualmente bulliciosas, quedaron vacías mientras los bandidos levantaban barricadas y quemaban decenas de vehículos.

“Literalmente están incendiando nuestro país”, tuiteó el director de un periódico, Adrián López, quien comentó que el ataque directo contra civiles no tenía precedentes.

López Obrador, quien fue elegido en 2018 con la promesa de “pacificar” su convulsionada nación con una polémica política de “abrazos, no balazos”, aseguró que los ataques sugerían que esos esfuerzos estaban dando resultado. Calificó la violencia como “propaganda” desesperada de los cárteles, diseñada para proyectar una falsa sensación de poder.

“Quiero decirle al pueblo de México que mantenga la calma”, dijo el presidente, acusando a sus rivales políticos conservadores de “magnificar” los disturbios.

No obstante, la magnitud de la violencia no necesitaba ser amplificada y ofrecía un aterrador recordatorio del poder de los grupos ricos y fuertemente armados, como el cártel de Jalisco, así como de la incapacidad del gobierno para responder, incluso en las ciudades más importantes.

Mientras Holguín era trasladado al hospital en Ciudad Juárez, otro civil, Jovanni Varo, de 22 años, fue abatido a tiros cuando salió de un banco con su novia.

“Fueron a sacar un poco de dinero para la semana y estaban saliendo cuando Jovanni le gritó: ‘¡Corre!'”, explicó la madre de la víctima, Candelaria Varo. “Cuando ella se dio la vuelta vio que él estaba herido y a los pocos segundos murió”, añadió.

El especialista en seguridad Óscar Balderas señaló que, lejos de ser un hecho aislado, la ola de violencia fue el resultado de una estrategia de seguridad mal diseñada, que aún se basa en atrapar a los altos mandos de los cárteles sin apuntar contra las finanzas o los activos de sus grupos.

“Los cárteles del narcotráfico son cada vez menos cárteles del narco y cada vez más empresas criminales”, indicó Balderas. “En lugar de limitarse a detener a los operadores criminales, estos operativos (policiales) tienen que cerrar las cuentas bancarias, incautar propiedades, confiscar edificios y armas, sobre todo las de alto calibre, que solo el ejército tiene permitido utilizar”.

El secretario de Defensa de México, Luis Cresencio Sandoval, ha defendido la táctica de su gobierno, calificando los ataques como una contraofensiva contra la creciente presión gubernamental, incluyendo el despliegue de cientos de miembros de la guardia nacional y una serie de importantes operativos y detenciones. El jefe de Defensa afirmó que los grupos del crimen organizado, cada vez más frágiles, deseaban mostrar su fuerza, “cuando en realidad estas estructuras del bajo mundo se están erosionando gradualmente”.

Sin embargo, los expertos no se muestran convencidos de tales afirmaciones, y Balderas es uno de los muchos expertos que cuestionan la estrategia del gobierno. “Se está midiendo el éxito de una operación en función del número de detenidos, cuando en realidad ese es un indicador muy pobre”, indicó.

El gobierno de López Obrador ha efectuado algunas detenciones significativas en su cruzada contra los cárteles, no obstante, tales operativos no siempre han salido conforme a lo planeado.

En octubre de 2019, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenido brevemente en Culiacán, pero posteriormente fue liberado por orden del presidente después de que los sicarios del cártel paralizaran la ciudad con una serie de ataques.

Los atentados del 9 de agosto, que desencadenaron la reciente semana de violencia en México, ocurrieron cuando las autoridades intentaron capturar a Ricardo Ruíz Velasco, un fundador del cártel de Jalisco apodado “Doble R” y allegado al líder del grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Balderas comentó que estos resultados evidencian la falta de inteligencia operativa y de voluntad política cuando se trata de luchar contra el crimen organizado. Entre los ejemplos de éxito se encuentran la detención en julio del legendario capo del narcotráficpo Rafael Caro Quintero y la captura en 2020 del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, El Marro.

“Pero más allá de eso los operativos han sido descuidados, poco convincentes y basados en una escasa inteligencia criminal… simplemente respondiendo a las ocasiones en que (los criminales) son sorprendidos con las manos en la masa”, agregó Balderas.

“Esto imposibilita los operativos basados en inteligencia y conduce a los nefastos resultados que hemos visto en las calles (recientemente)”.

La oposición política de México calificó los ataques de agosto como actos de terrorismo y alegó que el gobierno de AMLO está perdiendo el control del país.

No obstante, Balderas cuestionó esa definición: “Los grupos terroristas buscan destruir al Estado con el fin de instaurar su propio régimen, mientras que los grupos criminales de México –empresas criminales como el cártel del Noreste, el cártel de Jalisco o la Familia Michoacana– no buscan gobernar, sino… aprovecharse y aliarse con el Estado”.

Independientemente de cómo se defina la violencia, las consecuencias humanas han resultado devastadoras.

“Nosotros no pedimos esta situación, no es justo”, dijo César Holguín, quien señaló que el alcance a largo plazo de las lesiones de su hermano aún no era claro.

“Mi hermano es una persona decente que mantiene a su familia y a sus dos hijas”, dijo. “No se merecía esto”.