La principal fiscal anticorrupción de Guatemala es encarcelada, mientras la élite se crece

Una fiscal anticorrupción guatemalteca fue recluida durante seis meses en condiciones que “rayan en la tortura”, en momentos en que la élite gobernante del país aplica una estrategia para purgar el sistema judicial y frustrar las investigaciones de corrupción que se llevan a cabo contra sus aliados.

Virginia Laparra, de 42 años, fiscal superior anticorrupción, fue acusada de abuso de autoridad en una aparente represalia por denunciar su sospecha de que un juez filtró detalles sensibles de un caso de corrupción sellado a un colega en 2017.

El juez Lesther Castellanos fue sancionado por un tribunal disciplinario, pero este después presentó una denuncia penal conjunta con la Fundación contra el Terrorismo (FCT), un grupo de extrema derecha que niega el genocidio y que tiene un largo historial de presentación de cargos falsos contra fiscales y jueces considerados adversarios.

El caso presentado contra Virginia Laparra no avanzó en ningún sentido hasta que fue detenida en febrero. Un tribunal ordenó la prisión preventiva, y Laparra fue enviada desde su casa situada en la ciudad de Quetzaltenango a una prisión de alta seguridad en Ciudad de Guatemala –a 321 kilómetros lejos de sus hijos– donde los comandantes militares y los expresidentes son encarcelados por crímenes de guerra y corrupción.

Durante los primeros cinco meses de su detención, permaneció confinada en una pequeña celda sin ventanas durante 23 horas al día, condiciones que, según indicaron los psiquiatras al tribunal, rayan en la tortura y le han causado a Laparra daños psicológicos.

El tribunal ha rechazado reiteradamente las solicitudes de que Laparra sea puesta en libertad en régimen de arresto domiciliario, a pesar de estar acusada de un delito menor. En su lugar, hace poco el juez transfirió a Laparra a la prisión de Matamoros, otra instalación infame en la que están recluidos narcotraficantes y líderes de pandillas, alegando que Laparra estaba intentando “obstruir la justicia” al hablar con los medios de comunicación.

Los observadores de los derechos humanos señalan que el caso de Laparra es el más atroz de una serie de casos penales dirigidos contra las personas implicadas en la investigación sobre la corrupción en las altas esferas de Guatemala.

La persecución ha estado supervisada por la fiscal general, María Consuelo Porras, a la que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, incluyó en la lista negra del país a principios de este año por haber “obstruido y socavado en repetidas ocasiones las investigaciones contra la corrupción con el fin de proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”.

Al menos dos docenas de jueces y fiscales anticorrupción perseguidos por Porras se encuentran en el exilio, después de haber huido de Guatemala para escapar de los cargos pendientes o de las órdenes de arresto, entre ellos su predecesora como fiscal general, Thelma Aldana.

Otros, como Virginia Laparra, ahora se enfrentan al encarcelamiento en el marco de una estrategia que busca desacreditar las investigaciones vinculadas a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión pionera de la ONU que fue destituida en septiembre de 2019.

“Esta es una disputa política, no jurídica. Es evidente que el caso de Virginia es un acto de venganza política contra la CICIG… (para dar) ejemplo de lo que le puede ocurrir a quienes investigan a los poderosos”, señaló Claudia González, miembro del equipo de defensa de Laparra.

Laparra, la exfiscal número 2 de una unidad de lucha contra la corrupción conocida como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es la única de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se encuentra en prisión preventiva. Los manifestantes que exigen su liberación han acusado al tribunal de discriminación misógina.

“Estar en la cárcel es una tortura para cualquier persona”, comentó Virginia Laparra en una comparecencia ante el tribunal el pasado viernes.

No obstante, todavía no se ha fijado una fecha para el juicio, y los tres jueces han recusado el caso. Laparra permanecerá en la cárcel al menos hasta que se nombren sustitutos.

Entretanto, Castellanos –el juez al que Virginia Laparra denunció– fue elegido relator contra la tortura un mes después de la detención de la jueza. Negó cualquier tipo de enemistad personal e indicó que las 23 horas de reclusión respetaban “los estándares internacionales”.

“Fue detenida bajo condiciones normales”, comentó a The Guardian. “El proceso se ha desarrollado con la mayor fluidez posible. Yo no he retrasado el caso”.

El co-demandante de Castellanos, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra la Tortura –que también está incluido en la lista negra del gobierno de Estados Unidos por corrupción– comentó en Twitter: “Nos motiva la justicia, para que nunca jamás vuelva a ser manipulada por delincuentes disfrazados de jueces, fiscales o periodistas”.

Entre los buscados se encuentra Juan Francisco Sandoval, exdirector de la FECI que trabajó estrechamente con Laparra y la CICIG. Huyó de Guatemala en julio del año pasado para evitar ser detenido después de haber sido despedido por su supuesta subordinación a Porras, y actualmente se encuentra exiliado en Washington.

Sandoval señaló que los funcionarios encargados de la aplicación de la ley acusados eran víctimas de una “persecución política por parte de un régimen autoritario”.

“Es un mensaje claro de las personas política y económicamente influyentes de que jamás se deben investigar de nuevo los casos de corrupción, o las consecuencias serán la cárcel o el exilio”, explicó a The Guardian.

El actual patrón de persecución guarda similitudes con la situación posterior a los 36 años de guerra civil en Guatemala, que causó la muerte de 200 mil civiles, en su mayoría indígenas, entre 1960 y 1996, y que dejó las instituciones económicas, políticas y militares del país bajo el control de redes criminales y estructuras de seguridad paralelas.

La ONU creó la CICIG en 2017 con el objetivo de ayudar a desmantelar estas estructuras y fortalecer las instituciones públicas, como la policía, la fiscalía y los tribunales.

No obstante, tras una década de avances, las poderosas élites de Guatemala emprendieron un contraataque a principios de 2017, poco después de que se hiciera pública una investigación por corrupción contra el entonces presidente Jimmy Morales y su familia.

Documentos filtrados y publicados por medios locales detallaron una serie de reuniones entre Morales y sus aliados, en las que se diseñó un plan para retomar el control del sistema judicial. El plan consistía en expulsar al embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y al director de la CICIG Iván Velásquez, e instalar a figuras más dóciles en el Ministerio Público –el equivalente al Departamento de Justicia del país– y en el Ministerio del Interior, encargado de controlar a la policía.

Morales, un excomediante que se pintaba la cara de negro y que fue elegido después de su campaña con el slogan “ni corrupto ni ladrón”, designó a Consuelo Porras como fiscal general en 2018 y posteriormente rescindió el mandato de la CICIG. El año pasado, la extrema derecha tomó el control del tribunal constitucional.

Mientras tanto, decenas de activistas, defensores de las tierras indígenas y periodistas también se enfrentan a falsos cargos penales.
El mes pasado, Rubén Zamora, periodista galardonado y presidente de uno de los periódicos más antiguos del país, El Periódico, fue detenido bajo la sospecha de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.

“A pesar de lo que piensan los políticos guatemaltecos, el hecho de informar sobre la corrupción no es un delito”, señaló Natalie Southwick, del Comité para la Protección de los Periodistas, después de que Zamora quedara en prisión preventiva.

El objetivo final, según explica Alejandro Barillas, abogado penalista del grupo internacional que vela por la rendición de cuentas, Impunity Watch, consiste en liberar a los líderes militares y políticos corruptos, como el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, retratándolos como las verdaderas víctimas.

Barillas señaló: “Las acusaciones presentadas contra los fiscales, los exinvestigadores de la CICIG y los jueces son absurdas, arbitrarias e ilegales, y forman parte de una estrategia que pretende desacreditar y penalizar a quienes investigan la corrupción con el objetivo de purificar a los corruptos”.