La demanda por fraude civil de Nueva York podría hacer caer la Organización Trump
'Trump pensó que se podía salir con la suya en el arte del robo, pero hoy esa conducta se termina', dijo Letitia James. Foto: Michael M Santiago/Getty Images

Las sanciones que se solicitan en la demanda por fraude civil presentada por la fiscalía general del estado de Nueva York contra Donald Trump y tres de sus hijos adultos podrían provocar potencialmente el fin de la Organización Trump, su imperio inmobiliario, en su forma actual.

El expresidente estadounidense, así como Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump, fueron nombrados como acusados en una extensa demanda de 214 páginas presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por presuntamente haber inflado falsamente su patrimonio neto en miles de millones con el objetivo de enriquecerse y conseguir préstamos favorables.

“Durante demasiado tiempo, las personas poderosas y ricas de este país han actuado como si las reglas no fueran aplicables para ellos. Donald Trump destaca entre los ejemplos más atroces“, señaló James en un comunicado. “Trump pensó que se podía salir con la suya en el arte del robo, pero hoy esa conducta se termina”.

Las restricciones que solicita la fiscal general de Nueva York incluyen la prohibición permanente de que Trump y sus tres hijos sean ejecutivos de cualquier empresa radicada en Nueva York, una medida que arrebataría a la Organización Trump de su control personal.

Las otras sanciones que se solicitan impedirían que Trump intentara eludir dicha restricción principal a fin de establecer su empresa bajo una apariencia diferente: James también busca prohibir que Trump adquiera bienes raíces comerciales y que solicite préstamos en Nueva York durante un periodo de cinco años.

Trump también podría perder a dos ejecutivos leales citados en la demanda –el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y su interventor, Jeffrey McConney–, ya que James solicitó a la corte suprema del estado de Nueva York que les prohibiera desempeñar cargos de responsabilidad en cualquier empresa radicada en Nueva York.

Es posible que la fiscal general de Nueva York no logre todas las sanciones. Sin embargo, incluso algunas de las restricciones supondrían el fin de la empresa familiar de Trump –con sede en Nueva York y administrada junto con sus hijos–, mientras que cualquier cargo federal complicaría su restablecimiento en otro lugar.

En una conferencia de prensa ofrecida el miércoles, James confirmó que su oficina había realizado una remisión penal a los fiscales del Departamento de Justicia del distrito sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos Internos para que investigaran lo que ella creía que constituían violaciones de los estatutos federales.

“Creemos que la conducta alegada en esta demanda también viola la ley penal federal, incluida la presentación de declaraciones falsas a instituciones financieras y el fraude bancario”, señaló James, aunque no aclaró la naturaleza exacta del posible fraude bancario especificado en la remisión.

La remisión a los fiscales federales implicó que la fiscalía de Nueva York recopilara pruebas de dichos presuntos delitos específicos en un “paquete” que sería suficiente para iniciar de forma inmediata una investigación penal, según indicó una persona directamente familiarizada con el asunto.

La demanda representa la culminación de una investigación realizada durante varios años por James y, aunque no se trata de un proceso penal, la remisión al Departamento de Justicia supone un peligro legal adicional e inesperado para el expresidente y sus tres hijos adultos.

La demanda se suma a la larga lista de infortunios legales a los que se enfrenta Trump –desde la investigación del Departamento de Justicia sobre su retención no autorizada de documentos gubernamentales en su complejo de Mar-a-Lago hasta la investigación relativa al 6 de enero–, en un momento en el que ha sugerido repetidamente que intentará postularse nuevamente a la presidencia en 2024.

El expresidente y sus abogados han criticado severamente la investigación realizada por la fiscal general de Nueva York por considerarla una caza de brujas motivada políticamente, una frase que se ha convertido en su postura por defecto cada vez que se ve sometido al escrutinio, e insisten en que la Organización Trump no operó de forma ilegal.

“La presentación de hoy no se centra ni en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política de la fiscal general”, indicó la abogada de Trump, Alina Habba, en un comunicado. “Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad desenfrenado”.

En la demanda de 214 páginas, James describió un extenso historial de presuntas irregularidades, como inflar de forma fraudulenta el valor de 23 propiedades pertenecientes a Trump, incluyendo su complejo Mar-a-Lago ubicado en Florida, la Torre Trump en Nueva York y lo que antes era el Trump International Hotel en DC.

La extensa demanda, que tiene su origen en el testimonio de 2018 ante el Congreso del exabogado personal de Trump, Michael Cohen, alega décadas de prácticas engañosas que ascendieron a más de 200 ejemplos de valoraciones de activos falsas o engañosas que fueron utilizadas con conocimiento de causa en los estados financieros.

Entre la infinidad de ejemplos detallados en la demanda, el Estado alegó que el expresidente aumentó falsamente los metros cuadrados de su departamento tríplex en la Torre Trump de 10 mil 996 a poco menos de 30 mil, lo cual le permitió afirmar que tenía un valor de 327 millones de dólares.

Sin embargo, dijo James en el comunicado, “ese precio era absurdo tomando en cuenta que en ese momento, solo un departamento en la ciudad de Nueva York se había vendido por siquiera 100 millones de dólares… En la Trump Tower, de 30 años de antigüedad, la venta récord en ese momento era de apenas 16.5 millones de dólares”.

La demanda también alegó que el complejo Mar-a-Lago de Trump fue valorado en 739 millones de dólares bajo la falsa premisa de que era una propiedad libre de restricciones que podía ser desarrollada para uso residencial, a pesar de que el propio Trump firmó escrituras donando esos derechos, lo que significa que debería haber sido valorado en una cifra más cercana a los 75 millones de dólares.