El gobernador de Arizona construye un muro fronterizo con contenedores en sus últimos días de mandato
Los contenedores forman el muro fronterizo en la frontera con México en el condado de Cochise, Arizona. Foto: Reuters

El gobernador republicano de Arizona está levantando ilegalmente una nueva barrera improvisada con contenedores a lo largo de parte de la frontera entre Estados Unidos y México, antes de que tenga que entregar las llaves de su cargo a su sucesor demócrata en enero.

Doug Ducey está dirigiendo un proyecto que consiste en colocar viejos contenedores apilados en pares a lo largo de varios kilómetros de bosque nacional, en un intento de rellenar los espacios vacíos en la intermitente cerca fronteriza de Donald Trump.

Los contenedores oxidados, coronados con alambre de púas y trozos de metal incrustados en los huecos, se extienden más de 4.8 kilómetros por el territorio del bosque nacional de Coronado, en el sur de Tucson, y el gobernador anunció planes para extenderlos hasta 16 kilómetros, con un coste de 95 millones de dólares.

La zona, con cordilleras que se elevan abruptamente desde el desierto y un entorno diverso de plantas y animales, es terreno federal mantenido por el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Ducey experimentó primero con unos cuantos contenedores en agosto en Yuma, en el extremo suroeste del estado, limítrofe con California y México, con el objetivo de detener a migrantes y solicitantes de asilo.

Desde que Donald Trump implementó la normativa del Título 42 en 2020 cuando era presidente, la cual cerró los puertos de entrada a la mayoría de los solicitantes de asilo en Estados Unidos, las personas han buscado brechas en las barreras en otros lugares para solicitar asilo a los agentes fronterizos. Al parecer, la normativa seguirá vigente hasta finales de este mes, aunque se está librando una larga batalla legal.

En agosto, Ducey emitió una orden ejecutiva para levantar viejos contenedores cerca de Yuma, y 11 días después los trabajadores habían instalado 130 de los que describió como “contenedores de 2×12 metros, de 6.7 metros de altura, apilados en pares, propiedad del Estado, con un peso de 8 mil 800 libras, unidos entre sí y soldados”.

En octubre, Ducey interpuso una demanda en la que alegó que el terreno federal situado a lo largo de la frontera, conocido como la Reserva Roosevelt, pertenece en realidad al estado, no al gobierno estadounidense, y que Arizona tiene el derecho constitucional a protegerse contra lo que calificó como una invasión, citando a “innumerables migrantes” que provocan “una mezcla de drogas, delincuencia y problemas humanitarios”.

Los abogados estadounidenses emitieron una respuesta fulminante, refutando las afirmaciones. La Oficina de Reclamaciones de los Estados Unidos y la nación tribal Cocopah señalaron que Ducey estaba violando la ley federal al colocar los contenedores en terrenos federales y tribales en ese lugar. En una carta, la oficina exigió al Estado que retirara los contenedores. Sin embargo, el Estado no lo ha hecho y desde entonces se animó a embarcarse en el proyecto más amplio que ahora avanza a buen ritmo a más de 482 km al este.

El alguacil del condado de Cochise, Mark Dannels, apoya la nueva serie de contenedores que se están colocando en su condado, pues tiene la esperanza de que “disuadirá la delincuencia y detendrá el comportamiento delictivo”.

No obstante, a medida que la hilera de cajas metálicas serpentea hacia el oeste, en dirección al condado adyacente de Santa Cruz, el sheriff de esa zona, David Hathaway, comentó al periódico Nogales International que si alguien intenta colocar los contenedores en su jurisdicción será detenido por vertidos ilegales.

Dinah Bear, abogada y exconsejera general para el Consejo de Calidad Medioambiental de la Oficina Ejecutiva de la Casa Blanca, señaló que la demanda de Ducey era “escandalosamente mala” y “frívola”.

“No hay duda de que se trata de propiedad federal”, añadió, además de ser suelo público, lo que significa que “no hay diferencia legal entre el terreno en el que están colocando los contenedores y el parque nacional del Gran Cañón”.
Para bloquear el proyecto, explicó que los agentes del Servicio Forestal de Estados Unidos “necesitarían sin duda una orden judicial de un juez… No van a ir a la frontera y tener una balacera con la policía estatal o detener al gobernador en el capitolio (estatal)”.

El juez federal David Campbell, con sede en Phoenix, preside el caso, aunque todavía no se ha convocado ninguna audiencia.
“El reloj sigue corriendo”, dijo Bear, con los tribunales atascados y las vacaciones a la vuelta de la esquina.

La gobernadora entrante de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, que asumirá el cargo el 2 de enero después de haber vencido a la candidata republicana Kari Lake en las elecciones intermedias, ha expresado que retirará los contenedores.
Bear predice que Campbell ordenará la desinstalación de los contenedores.

Sin embargo, antes de que eso ocurra, los está colocando un contratista denominado AshBritt, una empresa de reparación de catástrofes con sede en Florida. Una investigación de los medios de comunicación locales descubrió que el coste de 6 millones de dólares anunciado por Ducey para el levantamiento de las barreras en Yuma en realidad había costado 13 millones de dólares.

Las protestas diarias de los lugareños alarmados por el proyecto han retrasado lo que era una instalación a una velocidad vertiginosa, pero no han logrado detenerla.

Por su parte, Mark Ruggiero, exguardabosques del distrito de Sierra Vista del Servicio Forestal de Estados Unidos en el condado de Cochise, señaló que los contenedores son un peligro que pone en riesgo el acuerdo binacional de lucha contra incendios con México. “Me sorprendió ver que estaban poniendo esta barrera”, dijo. “Es una acción ilegal en terrenos públicos”.

Como barrera para los humanos, las cajas apiladas no suponen un gran obstáculo, pero son una amenaza existencial para las especies migratorias en peligro de extinción, especialmente los jaguares y los ocelotes, además de ser una monstruosidad.

Emily Burns, directora de programas de Sky Island Alliance, una organización binacional sin fines de lucro dedicada a la conservación que realiza un seguimiento de la vida silvestre en el bosque nacional de Coronado, comentó: “No se llevó a cabo ninguna revisión, planificación o mitigación medioambiental”.

Se autorizó que el Centro para la Diversidad Biológica se uniera al gobierno federal como demandado en la demanda de Ducey y ha criticado la barrera como perjudicial y un truco político.

Entre tanto, Burns señaló que su organización cuenta con 70 cámaras de vigilancia de la fauna salvaje en este tramo de la frontera y que rara vez ven a migrantes cruzar por ahí.

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